Hasta las narices de que todas las cadenas fuerzan a no usar efectivo

El efectivo resiste mientras las cadenas lo sabotean​

Ir a vender una consola a una tienda Game y que te ofrezcan la misma cantidad en crédito o en dinero. Elegir dinero. Y que te respondan que no tienen cambio suficiente y que solo hacen transferencia bancaria. Eso es lo que describe el caso que abre este asunto: la misma escena, en dos tiendas Game distintas, con dos dependientes distintos, el mismo día siguiente. En Leroy Merlin, la cosa se afina más: diez cajeros automáticos operativos para pagar solo con tarjeta frente a dos cajeras humanas, con el resto de cajas manuales cerradas. No es una anécdota aislada. Es un patrón que se repite y que tiene una consecuencia medible: cada vez es más incómodo pagar con billetes y monedas, y esa incomodidad empuja a la gente hacia el pago electrónico, que deja rastro.

Qué dice la ley sobre rechazar efectivo​

La norma es clara. La Ley 7/2012, de 29 de octubre, establece en su artículo 7 que no se puede rechazar el pago en efectivo por parte de consumidores o usuarios. Quien lo haga se expone a multas, a la apertura de un expediente y a compensaciones elevadas para quien lo denuncie. Eso no significa que todos los comercios lo cumplan ni que todos los clientes lo denuncien. En la práctica, la estrategia dominante no es prohibir el efectivo, sino hacerlo tan incómodo que el cliente acabe sacando la tarjeta por agotamiento.

Hay quien sostiene que la obligación legal convierte cualquier negativa en un abuso denunciable. En contra pesa el argumento de que la ley tiene excepciones y que la mayoría de los clientes no va a llamar a la policía por un ticket. El resultado es un equilibrio inestable: el derecho existe, pero ejercerlo cuesta más que ceder.

El rastro de datos que deja cada compra​

El argumento que recorre todo el asunto no es solo la comodidad. Es el control. Un banco que envía a un cliente, sin que este lo haya pedido, un informe mensual detallando cuánto ha gastado en gasolina, restaurantes, supermercados y hoteles está construyendo un perfil de consumo con el que después puede denegar un crédito o aplicar peores condiciones. Eso ocurrió, según el relato que abre la discusión, y fue el detonante para que esa persona abandonara la tarjeta y volviera al efectivo.

La preocupación de fondo es otra: si todo el dinero está en una cuenta bancaria o en una aplicación, en un escenario de corralito o de bloqueo de cuentas el acceso al propio patrimonio depende de un tercero. No es una hipótesis descabellada. Es la lógica de un sistema donde el dinero deja de ser un objeto que se tiene y pasa a ser un registro que se autoriza.

La digitalización forzosa del ocio y los videojuegos​

Hay un terreno donde el efectivo ya es directamente imposible: el entretenimiento digital. Las suscripciones a plataformas de vídeo, música o software no admiten billetes. No hay ventanilla donde pagar en metálico. La única vía son tarjetas de prepago compradas en establecimientos físicos, un rodeo que funciona para algunas plataformas pero no para todas.

El caso de los videojuegos es el más ilustrativo. Un mismo título puede costar ochenta euros en formato digital, sin posibilidad de reventa, mientras que en físico de segunda mano se encuentra por la mitad y luego se puede revender. La industria empuja hacia el formato digital no por eficiencia, sino porque elimina el mercado de segunda mano y garantiza ingresos por cada copia. La consola de nueva generación que llega sin lector físico es la puntilla: sin disco, no hay préstamo, no hay reventa, no hay mercado paralelo.

Wallapop, DAC7 y el impuesto a la economía circular​

El otro frente es la segunda mano. La normativa DAC7, en vigor desde febrero de 2023, obliga a las plataformas a informar a Hacienda sobre las ventas de sus usuarios. El problema no es solo la fiscalización: es que se pretende tributar por una ganancia patrimonial que no existe. Si alguien vende un artículo por el mismo precio al que lo compró, o por menos, su patrimonio no aumenta. Tiene dinero, pero ya no tiene el objeto. El patrimonio neto es idéntico. Cobrar un impuesto sobre eso es, como mínimo, discutible.

A eso se suma la opacidad de las plataformas. Hay cuentas bloqueadas sin aviso previo y sin explicación, según los casos que se mencionan. La economía circular se celebra cuando beneficia a las grandes empresas, pero se persigue cuando el dinero circula entre particulares sin pasar por el filtro fiscal.

La banca que cierra cajas y el comercio que cierra cajas​

El patrón se repite en el otro extremo. Ir a una oficina bancaria en horario laboral y encontrar una sola caja operativa, a la directora saliendo a por el café y a un comercial jugando al buscaminas. Tres clientes bastan para generar veinte minutos de espera. La banca española ha convertido la atención presencial en un mal negocio y la ha ido desmantelando sin que nadie lo haya votado.

En el comercio ocurre lo mismo con otro envoltorio. Los supermercados instalan cajas de autopago y reducen el personal. Los cajeros automáticos de pago sustituyen a las cajeras. La eficiencia es el argumento, pero el efecto es siempre el mismo: menos personas atendiendo, más máquinas registrando, más datos acumulados.

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La paradoja es que el efectivo sigue siendo el único medio de pago que no requiere electricidad, no depende de una red y no deja rastro digital. Y sin embargo, cada vez hay más sitios donde usarlo resulta incómodo, lento o directamente imposible. La ley dice que no pueden rechazarlo. La práctica dice otra cosa. ¿Cuánto tiempo tardará la práctica en convertirse en ley?