Un testigo de Anticorrupción sostiene que José Luis Rodríguez Zapatero recibió las joyas en 2019 y no en 2007, como él defiende para alegar prescripción. La documentación entregada acredita, según ese testimonio, que fueron una mordida por llevar el AVE a Arabia Saudí.
La fecha lo cambia todo. Un testigo de Anticorrupción sostiene que José Luis Rodríguez Zapatero recibió las joyas en 2019, no en 2007 como él afirma para alegar que el asunto ha prescrito. La documentación que esa persona ha entregado acredita, según su testimonio, que el regalo fue una mordida por llevar el AVE a Arabia Saudí.
Por qué la fecha decide el caso
La diferencia entre 2007 y 2019 no es un detalle menor. Si la entrega ocurrió en 2007, el tiempo transcurrido permite defender que cualquier responsabilidad derivada de esos hechos está prescrita. Si ocurrió en 2019, ese margen desaparece y el asunto entra de lleno en el terreno de la investigación penal. Todo el relato de defensa se apoya en esa fecha.
El testigo no solo corrige el año. Aporta documentación que, según su versión, acredita el vínculo entre las joyas y la operación del tren de alta velocidad a Arabia Saudí. Es decir, conecta el regalo con un contrato concreto y con un interés económico identificable.
El vínculo con el AVE a Arabia Saudí
La adjudicación del AVE entre Medina y La Meca fue uno de los contratos internacionales más relevantes de la etapa de Zapatero. El consorcio español se llevó el proyecto en 2011, y desde entonces el asunto ha estado rodeado de sospechas sobre las contrapartidas. La novedad aquí es que un testigo pone por escrito una conexión directa entre ese contrato y las joyas.
Conviene ser prudente: se trata de un testimonio y de documentación presentada ante Anticorrupción, no de una sentencia. La justicia no ha declarado probado ningún delito, y la defensa mantiene su versión sobre las fechas.
Qué implica para la investigación
Si la documentación se valida, el relato de la prescripción se cae. Eso reabre la puerta a diligencias que se daban por cerradas y obliga a revisar el papel de los intermediarios en la operación. El caso afecta a un expresidente del Gobierno y a un contrato de infraestructura de gran escala, así que el interés público no es menor.
Nada de esto está resuelto. Cualquier valoración sobre responsabilidades debe esperar a lo que determine la instrucción.
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