El coste de las sanciones a Rusia reabre la grieta en España
Hay una pregunta que recorre los mentideros digitales desde que Bruselas empezó a apretar el acelerador de las sanciones contra Moscú: ¿a quién beneficia realmente el paquete de medidas que está dejando a la industria europea contra las cuerdas? La respuesta, según una parte cada vez más ruidosa del personal, es que a España no. Y de ahí al exabrupto hay un paso. El que va de la crítica económica al señalamiento del vecino.
El detonante de la última trifulca es un mensaje que pide
expulsar del país a los «traidores pro-OTAN» que apoyan unas sanciones que, sostiene, están arruinando la nación. La propuesta, formulada con la retórica incendiaria que caracteriza al personal cuando se calienta, ha servido para que salgan a la luz todas las costuras de un debate que va mucho más allá de Ucrania: la factura energética, la soberanía, el papel de España en el tablero euroasiático y, cómo no, el precio del gas.
¿Por qué se acusa a los partidarios de la OTAN de traicionar a España?
El argumento de fondo es sencillo: si las sanciones dañan más a quien las aplica que a quien las recibe, quien las defiende está trabajando contra los intereses de sus conciudadanos. Bajo esa lógica, el adjetivo «traidor» se aplica sin complejos a todo el que ose defender la línea oficial de Bruselas y Washington. La acusación no distingue entre cargos públicos, medios de comunicación o simples ciudadanos que aplauden las medidas.
En el extremo opuesto, la respuesta no se queda corta. Hay quien devuelve el calificativo con intereses:
traidores son los que miran por el bien de sus conciudadanos, ironizan, mientras otros directamente tildan de «bot» al que defiende la postura contraria. La discusión deriva, como suele, en un intercambio de carnets de patriota que no aporta ni un dato sobre el fondo.
El fondo, en realidad, es el de siempre:
¿qué se juega España en un conflicto que le pilla a 3.000 kilómetros de sus fronteras? La pregunta, formulada en voz alta, incomoda a ambos bandos.
El argumento del gas: Argelia, Ucrania y el coste de la neutralidad
Uno de los pasajes más repetidos del debate apela a la nostalgia de una gestión anterior. Se recuerda que un jefe de Estado de la etapa anterior resolvía el suministro de gas con una visita a Argelia, unas cenas y unos tragos, y que el asunto quedaba encarrilado. La comparación, inevitablemente, se lanza contra la gestión actual:
al régimen de ahora le pagamos las cenas, los chiringuitos y la fiesta, y el resultado es el que es.
La conclusión que extraen los críticos es que las sanciones van directamente contra los intereses españoles. Y ahí entra la pregunta incómoda: ¿qué se nos ha perdido en Ucrania que no se nos haya perdido en Yemen o Somalia? La respuesta oficial, si existe, no aparece por ningún lado del intercambio.
El corolario lógico, según esta corriente, es que
ser neutral y no acatar unas sanciones que perjudican a España no debería equivaler a ser pro-Putin. Quien sostiene lo contrario, zanjan, es un troll o un bot al servicio de intereses ajenos. La descalificación, una vez más, sustituye al argumento.
La grieta geopolítica: Biden, Trump y el eje euroasiático
Más allá del rifirrafe, hay un análisis que intenta elevar el tono. Se argumenta que el alineamiento incondicional con la administración estadounidense actual es un error de cálculo, porque
la popularidad de Biden cae en su propio país y su política exterior discrepa de la que aplicaría un eventual regreso de Trump. En ese escenario, España se quedaría con el sello de haber apostado por el caballo perdedor.
La tesis de fondo es que el mundo camina hacia un orden multipolar en el que Rusia es aliada de China, y que España, encajada en el eje euroatlántico, se está perdiendo la oportunidad de posicionarse en el nuevo tablero.
El espacio iberoamericano, sugieren, podría ser un ámbito natural de influencia si no se estuviera tan pendiente de las directrices de Washington.
Frente a esto, la defensa del statu quo apela a la estabilidad y a la seguridad que proporciona la OTAN. Pero los críticos responden con una retahíla de consecuencias a corto plazo: sanciones que se vuelven contra quien las aplica, deuda pública disparada, un estado de derecho que se percibe deteriorado y una ciudadanía que paga la fiesta. La estabilidad, ironizan, se parece bastante a la que vivimos durante la pandemia.
El precedente histórico: de los afrancesados a los otanianos
La comparación histórica que más se repite es la de los afrancesados. Los partidarios de la OTAN serían los herederos de aquellos que, en tiempos de Napoleón, se pusieron del lado del invasor convencidos de que era lo moderno, lo racional y lo inevitable.
España, recuerdan, fue el único país que plantó cara a Napoleón durante años, mientras Italia, Austria o Prusia caían en semanas.
La cita de Metternich —«si hubo jamás una guerra nacional, es la presente guerra española»— se recupera para subrayar que la resistencia numantina no es una anomalía, sino una tradición. Bajo esa luz, los actuales defensores de la sumisión a las directrices de Bruselas y Washington no serían más que una reedición de aquel error de cálculo.
La réplica a este tipo de comparaciones suele ser la misma:
el mundo de 1808 no tiene nada que ver con el de hoy. Pero el eco de la historia, en un país que lleva dos siglos discutiendo sobre lo mismo, es difícil de acallar.
El resultado: un país partido por una etiqueta
Al final, el intercambio se reduce a una guerra de etiquetas. Unos acusan a los otros de ser «pro-OTAN» y «sorosianos»; los otros devuelven el golpe con «pro-Putin» y «bot del Kremlin». En medio, una mayoría silenciosa que, según algunos cálculos que circulan,
rondaría el 90% de la población y que simplemente intenta llegar a fin de mes mientras los precios de la energía marcan máximos.
La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿es posible defender los intereses nacionales sin ser acusado de traición por uno u otro bando? La conversación, de momento, se ha atascado en el insulto. Y ahí, exactamente ahí, se queda.