CRÍMENES DE GUERRA. Uranianos disparan en las piernas a prisioneros rusos.

Ucrania abre una investigación por el vídeo de prisioneros tiroteados​

El vídeo documenta un crimen de guerra y en Kyiv lo saben. El Gobierno de Ucrania ha anunciado que investiga las imágenes en las que militares ucranianos interrogan a prisioneros rusos y les disparan en las piernas, y asegura que se toma las acusaciones «muy en serio», según han recogido medios internacionales como The Guardian. Entre ese anuncio y una condena firme hay un trecho que, por ahora, nadie ha recorrido. La investigación es el hecho; lo demás, de momento, es promesa.

¿Qué se ve en la grabación de los prisioneros rusos?​

La secuencia empieza como un interrogatorio y acaba como un pelotón de castigo. Un operador de cámara retira la capucha a los cautivos uno a uno, pregunta de dónde son, indaga en la ubicación de una supuesta unidad de reconocimiento y, entre respuestas a medias y algún prisionero que pierde el conocimiento, la conversación se rompe. Uno de los hombres dice ser de nacionalidad azerbaiyana y justifica su presencia con un escueto «eran las órdenes». Otro sitúa a su unidad entrando en la zona el 6 de marzo con 50 personas.

Detrás se oyen voces que toman nombres completos, lugares de nacimiento y direcciones, y que se quejan de tener tantos prisioneros que no hay dónde meterlos. Hay gritos sobre Járkov y un soldado que se acerca, saluda y dispara a las piernas. Luego llegan dos detonaciones más. La cámara, lejos de apartarse, sigue grabando. Ese detalle —el del que filma y el que difunde— convierte el episodio en una prueba y no en un rumor.

La investigación anunciada por Kyiv​

El Ejecutivo ucraniano ha confirmado que estudia las imágenes y que las toma «muy en serio». Es la respuesta que cualquier Gobierno en guerra da cuando le ponen delante un vídeo incómodo: reconocer el caso, anunciar una pesquisa y no adelantar conclusiones. Lo que cambia el asunto no es el anuncio, sino si acaba en un proceso con nombres y apellidos.

Circulan por redes identificaciones de los presuntos autores a partir del rastreo de sus teléfonos móviles. Son datos sin verificación independiente, igual que el propio vídeo que los sustenta. En un conflicto donde cada bando publica su versión, la distancia entre una pista y una condena se mide en meses, a veces en nada.

La excusa que siempre aparece: «ellos bombardearon primero»​

Ninguna guerra se libra sin su coro de justificaciones. Una parte del análisis sostiene que los prisioneros del vídeo participaron en la destrucción de Járkov y que, por tanto, se llevaron «su merecido». El razonamiento confunde dos cosas: la responsabilidad individual, que debe probarse, con la pertenencia a un ejército, que no prueba nada por sí sola.

Frente a esa corriente, otra defiende que un crimen de guerra no admite excepciones de bando. «Cuando un soldado se rinde ante sus semejantes, lo mínimo que espera es un trato castrense», resume uno de los planteamientos. La Convención de Ginebra no distingue entre invasores y defensores a la hora de proteger al cautivo. Ese es, precisamente, el punto que aquí se pone a prueba.

El doble rasero que se reprochan mutuamente​

El episodio no se discute aislado, sino dentro de una competición de atrocidades donde cada bando ordena el horror según la nacionalidad del autor. Unos recuerdan el teatro y el hospital de Mariúpol; otros responden con la campaña de la OTAN sobre Yugoslavia, que se prolongó durante 78 días, dejó al menos 1.200 muertos y arrojó 9.160 toneladas de bombas, varias decenas de ellas con uranio empobrecido.

Al otro lado del cuadro hay denuncias simétricas: prisioneros rusos obligados a vitorear al país captor y a cantar himnos, según relatos que circulan con la misma falta de verificación. La asimetría de fuentes —un vídeo con imágenes frente a una descripción sin ellas— es otro de los problemas de estas competiciones.

Lo que está en juego: la Convención de Ginebra​

Disparar a un prisionero desarmado, sea para obtener información o por castigo, es una violación flagrante del derecho de la guerra. La norma es antigua y sencilla: al cautivo se le protege, no se le castiga. El vídeo, además, compromete al bando que lo graba y lo difunde, porque convierte un exceso en propaganda y desgasta el relato del ejército disciplinado.

Aquí nadie ha sido condenado todavía. La fiscalía ucraniana dice investigar; los responsables no están identificados de forma oficial. La única certeza es que el vídeo existe, se distribuye y retrata una escena que ninguna regla del combate permite.

Todo apunta a que la investigación acabará en un expediente y, con suerte, ese expediente en una condena. Con suerte. Porque mientras el frente siga moviéndose, los vídeos circularán más rápido que los tribunales, y el próximo caso volverá a plantear la misma pregunta incómoda: quién responde cuando el crimen lo comete el que dice defenderte.