Hilo de seguimiento de la guerra contra la agricultura

Bruselas recorta fertilizantes y el campo responde con tractores​

El primer ministro canadiense Justin Trudeau abrió la caja de los truenos: quiere recortar el uso de fertilizantes para combatir el cambio climático. La ocurrencia no es original. En Países Bajos lleva años aplicándose y en Bruselas tiene nombre y apellidos: la Estrategia «De la Granja a la Mesa». El resultado, por ahora, son tractores cortando carreteras en Francia y España, y un sector primario que ha dejado de creerse el relato verde. Detrás asoma una pregunta incómoda: si el fertilizante engorda la planta y la planta se come el CO2, ¿por qué se recorta justo lo que captura carbono?

Qué es la Estrategia De la Granja a la Mesa​

La Comisión Europea la presentó en mayo de 2020 como una de las patas del Pacto Verde. El objetivo declarado es hacer evolucionar el sistema alimentario de la UE hacia un modelo sostenible de aquí a 2050, sin renunciar a la seguridad alimentaria ni a la inocuidad. Sobre el papel suena razonable: alimentos suficientes, asequibles y nutritivos, menos pérdida y desperdicio, lucha contra el fraude en la cadena de suministro y mejor bienestar animal.

El problema está en los números. La estrategia fija reducir a la mitad el uso de plaguicidas y fertilizantes, y también la venta de antimicrobianos. El calendario concreto: un 50% menos de plaguicidas de aquí a 2030. Se añade el aumento de superficie dedicada a agricultura ecológica y la promoción de dietas «más sostenibles». Un cambio de modelo completo en menos de una década para un sector que produce lo que come el resto.

¿Por qué el recorte de fertilizantes genera rechazo en el campo?​

Aquí aparece el argumento que más se repite: si usas fertilizante, la planta vegeta más y absorbe mucho más CO2. Recortarlo sería, en esa lectura, un contrasentido medioambiental. La tesis tiene su lógica agronómica —más biomasa, más captura—, aunque el debate real es de dosis: el exceso de nitrógeno se filtra a las aguas y ahí está el motivo por el que Países Bajos lleva años en el punto de mira.

En contra pesa el otro lado del cálculo: contaminación por nitratos de acuíferos y pérdida de biodiversidad. La fricción no es si hay que ajustar, sino quién fija el porcentaje y a qué velocidad. Y la sensación extendida en el sector es que la cifra se decide en despachos, no en el campo.

Países Bajos, el laboratorio de la guerra contra el campo​

El caso neerlandés funciona como ensayo general. El gobierno exige una reducción de entre el 30% y el 50% de la cabaña ganadera por contaminación por nitrógeno. La respuesta política fue inmediata: el partido de los granjeros arrasó en las elecciones regionales, un terremoto electoral. Sobrevolando el asunto, la sospecha de que hay organismos internacionales empujando el diseño.

Hay quien sostiene que los agricultores neerlandeses llevaban años reduciendo emisiones de nitrógeno por su cuenta y que el tijeretazo va muy por delante de lo que exige cualquier dato. Lo llamativo es que la misma receta se replica en Canadá y en el sur de Europa con meses de diferencia.

El frente comercial: Marruecos y las alertas alimentarias​

A la presión regulatoria se suma la competencia exterior. Productos marroquíes entran en la UE mientras el campo local carga con requisitos más estrictos. En Francia saltó una alerta por Imidacloprid en pimiento procedente de Marruecos, un producto que algunas cadenas vetaban para la producción almeriense. Hubo además avisos por melones con residuos de pesticidas calificados de riesgo «potencialmente serio».

La paradoja es difícil de sostener: se suben los estándares al productor europeo y se abre la puerta a lo importado. El sector lo lee como una vía para hacer innecesario al agricultor local y, con el tiempo, dejar la tierra para quien la quiera comprar. Del acuerdo UE-Marruecos y su letra pequeña se ha escrito bastante poco.

De la granja al menú: los insectos entran en el menú europeo​

Mientras se recorta lo que produce el campo, la UE autoriza lo que se come. Bruselas recuerda que hay tres insectos autorizados como «novel food»: el grillo doméstico, el gusano de la harina amarillo y la langosta migratoria. La nota no tendría mayor relevancia si no coincidiera en el tiempo con el discurso de que la carne es insostenible.

El mensaje que cala es sencillo: te quitan la ganadería y te ponen un snack de grillo. Exagerado o no, ese relato funciona porque la secuencia se percibe como parte del mismo paquete.

Las protestas: de Francia a Granada​

Si algo ha cambiado es que el campo ha salido a la calle. Los agricultores franceses han llevado cientos de tractores a puntos simbólicos, incluida la zona de la casa del presidente Macron en Le Touquet, y en redes circula la afirmación, no verificada, de edificios institucionales en llamas. En España la protesta también se ha materializado: el 22 de marzo de 2024 los tractores llenaron las calles de Granada.

Hay quien sostiene que se trata de un sector subvencionado que se queja con las ayudas en la mano. La respuesta del campo es que las ayudas de la PAC llevan décadas mal repartidas y que el problema no es cobrarlas, sino que las reglas cambien cada temporada. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez.

Quién paga la factura y quién cobra por el relato​

Un dato que casi no aparece: la UE habría pagado 700.000 euros a organizaciones ecologistas para influir en las políticas agrícolas. Si es cierto, dinero público estaría financiando el relato que luego justifica las restricciones. El sector lo cuenta con retintín: unos cobran por asesorar y otros por producir.

A esto se añade el dinero filantrópico. Se apunta a que parte del capital que antes se destinaba a otros fines se redirige ahora al «ecologismo agrario», con inversión en las empresas que se beneficien del giro. El resumen más repetido: España se quedaría sin su último sector productivo después de haberse cargado la industria.

Y luego está el proyecto grande. La Ley de Restauración de la Naturaleza, ya aprobada en la Eurocámara, aparece en las quinielas como el siguiente cañonazo contra el sector primario. La advertencia que se repite, en boca de VOX, es que la norma acaba con todo rastro del sector primario.

Entre la estrategia europea, el modelo neerlandés y los acuerdos comerciales, el calendario aprieta: la mitad de los fertilizantes fuera antes de 2030. Lo curioso es que, mientras se cierra el grifo a la producción propia, las alertas por pesticidas en productos importados siguen llegando.