Corrupción: Hospitalizado por intento de suicidio el comisionado de la dana que "dimitió" por falsificar un titulo académico.

José María Ángel, hospitalizado tras intentar quitarse la vida​

José María Ángel Batalla, hasta la semana pasada comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la DANA, sigue ingresado en el Hospital de Llíria después de un intento de suicidio. Lo encontró un familiar inconsciente en su domicilio y una ambulancia del SAMU, movilizada desde el CICU, logró estabilizar sus constantes antes del traslado. El ingreso llega apenas unos días después de su dimisión fulgurante, tras la revelación de que su currículum incluía un título académico que no poseía. Sobre el método no ha trascendido detalle, y no hace falta.

La paradoja del caso es incómoda. Ángel no cayó por una adjudicación ni por una gestión cuestionada, sino por una fotocopia: la licenciatura y el diploma que figuraban en su expediente cuando era alcalde. Y días después, quien había inflado su vida profesional acabó en una habitación de hospital.

El currículum inflado: qué títulos se atribuía​

Según las informaciones difundidas, en su currículum de la etapa como alcalde figuraba como licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Biblioteconomía, titulaciones que no habría cursado. El asunto no se queda en un folio mal rellenado. El falso título pudo servir para acceder a puestos reservados a titulados, y ahí el caso deja de ser una anécdota para convertirse en un problema de validez administrativa.

Hay quien sostiene que todos los actos firmados en virtud de un cargo al que se accedió con documentación falsa pueden ser impugnados, con reclamaciones patrimoniales y de plazas incluidas. En contra pesa un matiz técnico: se apunta que la titulación no era requisito exigido para ese puesto concreto. Si eso se confirma, el daño no sería jurídico sino de confianza, que en política es el único activo que de verdad se gasta.

De dónde salió la denuncia y por qué estalló ahora​

El caso llegó por una denuncia anónima a la Oficina Anticorrupción de la Comunidad Valenciana, según el relato que se ha ido reconstruyendo. No sería la primera: se apunta a al menos dos intentos anteriores, en 2015 y 2020, que habrían quedado archivados mientras el PSOE controlaba la Diputación y el propio organismo anticorrupción. En aquel momento, una declaración interna habría certificado que el título constaba en el expediente y el asunto se cerró sin más. Dos altos cargos de personal que firmaron esas comprobaciones quedan también señalados.

El detonante público, sin embargo, llegó por otra vía: la cacería de currículums falsos que dos ministros socialistas abrieron a raíz de las titulaciones atribuidas a una concejala del PP. Lo que empezó como señalamiento contra un cargo popular acabó salpicando al propio partido del denunciante. Esa es, al menos, la secuencia que sostienen desde la oposición, y explica por qué el caso explotó con la velocidad con que lo hizo.

Dudas sobre el intento y el relato del acoso mediático​

Parte del análisis no tardó en cuestionar el episodio. Una corriente sostiene que el gesto buscaba desactivar la presión pública y frenar lo que quedaba por salir; otra, probablemente mayoritaria, responde que a quien se le descubre un delito no se le convierte en víctima por las consecuencias de que se sepa. Según se recoge en un tuit difundido en el hilo, la ministra Diana Morant llegó a pedir a los medios que reflexionaran sobre si habían empujado a un hombre al límite «por denunciar que había cometido un delito». La frase se convirtió, a su vez, en material incendiario.

La cronología tampoco ayudó al relato. A los pocos días, según señalaron varias publicaciones, el comisionado reapareció en un almuerzo con amigos, lo que alimentó las sospechas de que el intento había sido una puesta en escena. Ni la tesis del acoso mediático ni la de la simulación están respaldadas por pruebas: son dos relatos en disputa sobre un asunto que sigue abierto.

Qué dinero está en juego: pensión, sueldo y la investigación a su mujer​

El componente económico es el que más ha pesado. Entre el comisionado y su esposa —también investigada por si carece de la titulación que figura en su expediente— sumaban 175.000 euros anuales, según las informaciones difundidas. Ambos figuraban como auxiliares de administración. Con 68 años, Ángel puede jubilarse sin agotar carrera, y por eso varios análisis descartan que el móvil fuera el dinero inmediato.

El foco, de hecho, ya apunta a la jubilación: si los actos derivados de un cargo al que se accedió con un título falso pueden impugnarse, entra en el terreno de lo posible pedir que se ajuste la pensión al puesto que realmente le habría correspondido. El artículo 390 del Código Penal castiga la falsedad documental con penas de 3 a 6 años de prisión. Sumado a la vía administrativa, dibuja un horizonte judicial corto y contundente.

El alcance real: cuántos títulos inflados quedan sin revisar​

Lo que este episodio expone no es tanto un caso aislado como un sistema. Se argumenta que decenas de miles de empleados públicos podrían haber accedido a plazas o ascensos con titulaciones que no poseen, y que la mayoría nunca saldrá a la luz porque su relevancia pública es nula. La diferencia con Ángel no es la gravedad del fraude, es la visibilidad del personaje. El goteo empezó en un cargo del PP y se ha convertido en un barrido más amplio.

De fondo late una pregunta incómoda para la administración: cómo una fotocopia de los años ochenta pudo validarse sin verificación durante décadas. Los mecanismos heredados no siempre permitían comprobarlo, y el fraude creció aprovechando justo ese hueco.

La dimisión, el registro hospitalario y las investigaciones siguen su curso. La incógnita ya no es si el título era falso, sino cuántos más hay y quién decide dejar de mirar. ¿Cuánto de este caso es excepción y cuánto es la punta de algo tan extendido que ha dejado de parecer noticia?