Iceta declara en hacienda que tiene 27 inmuebles...

Iceta declara 27 inmuebles valorados en más de 10 millones de euros​

Un embajador no se hace rico con el sueldo. O eso se supone. Miquel Iceta, exministro y actual embajador de España ante la Unesco en París, declara un patrimonio inmobiliario de 27 inmuebles repartidos entre Barcelona, Gerona y Menorca, con un valor de mercado que, según las informaciones publicadas, supera los 10 millones de euros. El desglose no es un piso heredado más un par de trasteros: ocho viviendas, quince plazas de garaje, tres parcelas, dos locales y varios activos industriales. La cifra, sola, ya explica por qué el asunto ha incendiado el debate público.

La sociedad familiar: cuánto es realmente suyo​

El matiz que rompe el relato más simple es este: parte de ese patrimonio no está a nombre de Iceta, sino dentro de una sociedad que comparte con varios hermanos. El cálculo que corre por los mentideros rebaja el número: si son cinco socios, el embajador no tendría 10 millones, sino unos dos. Es la diferencia entre un gran tenedor y un heredero acomodado, y conviene no saltársela. Se ha difundido también que 25 de los 27 inmuebles los habría comprado él mismo y que la herencia paterna habría sido de apenas 10.000 euros. Si eso es cierto, la pregunta ya no es cuánto tiene, sino con qué dinero lo pagó.

El gran tenedor que legisló sobre el alquiler​

Hay una ironía que casi nadie se molesta en disimular. Iceta fue apartado del Gobierno tras aprobarse la Ley de Vivienda, y la explicación que circuló fue su condición de gran tenedor. El hombre que ayudó a diseñar las reglas del alquiler resulta que tenía la cartera llena de ladrillo. Mientras tanto, los precios de la vivienda siguen subiendo y el problema no se arregla. Se argumenta que no es casualidad: quien tiene pisos alquilados no tiene incentivo alguno en hundir su propio negocio con medidas que abaraten el alquiler. En el fondo es la única regla económica que nadie discute: los incentivos mandan.

Qué es legal y qué habría que probar​

Comprar inmuebles en España no es delito. Tenerlos en una sociedad tampoco, aunque sirva para pagar menos impuestos y declarar menos patrimonio en el Congreso. La diferencia entre eso y un problema real es una sola palabra: origen. Nadie ha demostrado un euro turbio. Y sin prueba, esto es una polémica fiscal y de imagen, no un caso judicial. Quien afirme lo contrario debería traer el papel, no el tuit.

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Queda el dato desnudo: un exministro con 27 inmuebles, una ley de vivienda que no frena los precios y una mayoría social que ve cómo el acceso a un piso se le escapa. Si el patrimonio de quienes legislan no levanta sospecha, ¿qué lo haría?