'La frígida', 'el carapolla' y el 'trol': El Supremo confirma la sanción a la jueza que ponía motes a sus funcionarios

Jueza insultante: multa de 2.000€ y ascenso a violencia de género​

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 2.000 euros a la magistrada María Vanesa Pérez Lleó por llamar 'la frígida', 'el carapolla' y 'el trol' a sus funcionarios, además de desear la condena a un detenido. Lo peculiar no es el mote –cualquier currito los usa–, sino que la jueza, lejos de ser apartada, ha sido destinada al Juzgado de lo Penal número 9 de Santa Cruz de Tenerife, con competencia exclusiva en violencia sobre la mujer. El sistema judicial demuestra una vez más que la endogamia y el corporativismo protegen a los suyos.

El coste del ridículo: 25.000€ para cobrar 2.000€​

La instrucción del caso ha requerido tres jueces, fiscales, testigos, secretarios, abogados y procuradores. El coste estimado supera los 25.000 euros, según cálculos del análisis. La multa final es de apenas 2.000 euros, una fracción del gasto público. Este despropósito recuerda al juicio de los trajes de Camps: 1,3 millones de euros para una condena por tres trajes de 5.000 euros. La Administración Pública despilfarra recursos en perseguir a sus propios miembros, mientras el contribuyente paga la fiesta.

Del juzgado de Nules a la cima de la corrección política​

La magistrada pasó por Vilanova i la Geltrú, Nules, Bilbao y ahora Tenerife. Su nuevo destino, con competencias en violencia de género, es irónico: la misma persona que llamaba 'carapolla' a sus subordinados y coaccionaba a un detenido, será quien juzgue casos de maltrato. Las feministas de postureo guardan silencio; la justicia de género es un cortijo donde se premia a los amigos del régimen. Un sector del análisis apunta a que los funcionarios del juzgado de Nules orquestaron un mobbing contra ella por querer cambiar las cosas. Pero la evidencia muestra una retahíla de insultos, amenazas y comportamientos impropios de un juez. La falta de empatía y la prepotencia son incompatibles con la toga.

¿Inhabilitación? No, gracias​

La sanción de 2.000 euros es un chiste. En cualquier empresa privada, un jefe que insulta y coacciona sería despedido. En la judicatura, el Consejo General del Poder Judicial protege a los suyos. Se habla de inhabilitación, pero el sistema prefiere mover piezas en el tablero: el partido de turno recoloca a los jueces díscolos en puestos de menor visibilidad o, como en este caso, en juzgados con competencias sensibles donde pueden seguir haciendo daño. La pregunta que nadie responde es: ¿cuántos casos similares quedan impunes bajo el manto del corporativismo?

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Lo que el dato no dice es si la jueza cambiará su actitud. Lo probable es que no. Y mientras, el ciudadano que acuda a ese juzgado de violencia sobre la mujer en Tenerife se encontrará con una magistrada que, según su expediente, considera normal llamar 'carapolla' a la gente. La justicia española, esa que presume de independiente, tiene un serio problema de selección de personal.

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