IDEA ESPECTACULAR de HOLANDA: SOLO si tienes INGRESOS BAJOS te dejaran comprar VIVIENDAS BARATAS y de esa manera acabar con los CASEROS PACO LANGOSTOS

Casas de hasta 355.000 euros: solo para rentas medias y bajas en Países Bajos​

Países Bajos tiene sobre la mesa un proyecto de ley que entregaría a los ayuntamientos la llave de quién puede comprar las viviendas más baratas de su municipio. El texto, elaborado por el ministro de Vivienda, el democristiano Hugo de Jonge, establece que las casas de hasta 355.000 euros solo podrían venderse a personas con ingresos medios o bajos. La norma aún no ha sido sometida a votación y, de momento, la mayoría parlamentaria que la respaldaba se ha descosido por el camino.

El problema que dice atacar es conocido en media Europa: precios que no dejan de subir, demanda que supera a la oferta y compradores dispuestos a pujar decenas de miles de euros por encima del precio de salida, aceptando cláusulas arriesgadas con tal de ser los elegidos. La conocida como nueva Ley de Vivienda quiere garantizar que ese grupo con menos recursos tenga alguna posibilidad de quedarse con una casa.

¿Qué cambiaría para quien compra una casa barata?​

Nada en el precio de venta. El propietario sigue fijando lo que pide. Lo que se recorta es el número de compradores posibles: si el municipio decide aplicar la norma, los compradores con ingresos altos quedan fuera del tramo barato. Hay quien sostiene que esa poda no altera la libre formación de precios cuando la demanda sigue siendo muy superior a la oferta, y que el efecto real se notará más en quién acaba dentro del piso que en cuánto cuesta.

En un mercado como el neerlandés, con precios que llevan años en niveles calificados de demenciales, los 355.000 euros del umbral no compran precisamente un palacio. La propia discusión señala que el listón se sitúa en la franja de lo barato, lo que da una idea de por dónde respira el mercado.

La coalición de gobierno se parte por la mitad​

El partido de extrema derecha (PVV) retiró su apoyo de forma repentina porque, en palabras de su diputado Alexander Kops, no quiere que los municipios determinen a quién puedes vender tu casa. Los liberales de derechas VVD y los liberales de izquierdas D66, dos de los cuatro socios de la coalición, son críticos con la medida porque consideran que infringe los derechos a la propiedad, y quieren que solo se aplique a las viviendas de nueva construcción. Su temor es que, si se extiende al parque existente, los propietarios se vean muy afectados.

El diputado Faissal Boulakjar lo resumió con un ejemplo doméstico: si quieres deshacerte de tu casa con urgencia por un divorcio, ¿qué pasa? La Unión Cristiana (CU), cuarto socio del gobierno, calificó esas objeciones de típico individualismo liberal y defendió que la norma pone la vivienda asequible al alcance del ciudadano medio y de los vecinos jóvenes que se ven desplazados de sus propias ciudades.

El diagnóstico del acaparamiento y sus números​

Al hilo de la norma aparece también un diagnóstico más general. Uno de los intervinientes cita a un economista según el cual el ahorro privado europeo está volcado en ladrillo en proporciones que no se ven en Estados Unidos, donde una parte mucho mayor de ese ahorro acaba en bolsa y en negocios productivos, lo que a su juicio ayuda a explicar salarios más altos. En esa misma línea sostiene que el dinero invertido en comprar un piso ya construido no añade valor añadido a la sociedad.

Quien defiende la medida habla de un mercado polarizado entre propietarios que compraron varias viviendas cuando valían dos millones de pesetas y jóvenes que hoy afrontan 250.000 euros en ciudades grandes o 150.000 en ciudades pequeñas sin apenas empleo. Se menciona el caso de promociones enteras en desarrollos periféricos donde, según ese mismo cálculo, el 80% de los compradores residiría dentro de la M-30 y compraría para alquilar; dato que quien lo sostiene no respalda con estadística oficial, conviene decirlo.

Las propuestas que suelen acompañar a la medida son tres: fiscalidad progresivamente más dura cuantas más viviendas poseas, un límite máximo de inmuebles por particular y dejar el gran alquiler en manos de empresas con edificios propios, al estilo alemán.

Guetos, clases medias y viviendas que no existen​

El primer reparo es constructivo. Si el promotor sabe que quien va a comprar compite solo por precio, tiene un incentivo claro para abaratar la construcción, y de ahí a la creación de guetos hay un paso. Varios análisis lo señalan sin rodeos.

El segundo es de oferta. En Ámsterdam apenas había vivienda decente para una familia por ese dinero hace ya una década; hoy, directamente, no la hay. De modo que la medida puede quedarse en agua de borrajas aplicada a cuatro promociones y poco más.

El tercero afecta a la clase media. La norma no limita el acceso por patrimonio sino por renta declarada, de forma que quien gana demasiado poco para el mercado libre y demasiado para el tramo protegido se queda en tierra de nadie. Una parte del análisis lo resume con crudeza: quedan viviendas para ricos y para pobres, y la clase media se convierte en el nuevo paria inmobiliario.

Y por debajo de todo, el suelo. Otra línea sitúa el coste principal de la vivienda en el suelo, que se libera con cuentagotas, y en los límites de altura, no en la codicia del comprador final.

El marco ideológico: de comunismo a solución insuficiente​

La etiqueta de comunismo aparece pronto en cualquier discusión sobre techos, vetos o reservas de vivienda, y este caso no es una excepción. La respuesta habitual desde el otro lado es que la medida no limita el precio de venta ni confisca nada, solo recorta la lista de posibles compradores, y que una economía como la neerlandesa, de tradición liberal, es difícilmente sospechosa de planificación central.

Otra línea, más escéptica, sostiene que el problema no es cuánto Estado hay sino quién lo controla, y recuerda que Países Bajos acumula ya un parque de alquiler social enorme: más del 30% de las viviendas, gestionado por las woning corporaties, entidades que alquilan y no venden. Añadir intervención sobre esa base, dicen, no arregla por sí solo el acceso a la vivienda.

También asoma, atribuida a una parte de los intervinientes y sin respaldo estadístico, la tesis de que la presión sobre la vivienda procede del aumento de población y de la ocupación. Es una opinión, no un dato.

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El proyecto sigue sin fecha de votación, con el ministro intentando reconstruir una mayoría que se le ha escapado por los flancos. Falta saber si la restricción se quedará en la obra nueva, como exigen los socios liberales, o si alcanzará también al parque ya construido. Y falta, sobre todo, la prueba que nadie ha puesto encima de la mesa: qué ocurre con los precios cuando se recorta el número de compradores sin tocar la oferta. Ahí se atasca el análisis.