IMAGEN INSAID La profesora veterana que maltrataba a los niños de la guardería de los famosos de Pozuelo. Policía dice que las imágenes son muy duras

Seis niños maltratados en la guardería de Pozuelo de los futbolistas​

¿Cómo se maltrata a un niño de tres años durante semanas sin que salte ninguna alarma? Es la pregunta que sobrevuela el caso de la guardería Pecas, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). La investigación sostiene que al menos seis menores de hasta cuatro años habrían recibido cachetes, bofetadas, pisotones, insultos y encierros en cuartos oscuros por parte de dos educadoras, detenidas y acusadas de un delito contra la integridad moral por el trato degradante infligido. Una de ellas acumulaba más de quince años en el centro. La Policía califica el material grabado de «muy duro» y ha desaconsejado a los padres verlo. El asunto está en el Juzgado número 3 de Pozuelo.

Poca broma con el entorno: a esa guardería llevan a sus hijos futbolistas como Griezmann, Morata, Saúl y Mario Hermoso, además del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Ninguno de esos niños figura entre los afectados, según el relato publicado. El dato importa menos de lo que parece: el relato se sostiene sobre seis familias sin apellido público que se enteraron de lo ocurrido en una reunión en comisaría o, directamente, por la prensa.

La denuncia que llevaba semanas sobre la mesa​

Todo empieza con una trabajadora en prácticas. Esta empleada grabó vídeos de forma clandestina en los que se aprecian las presuntas humillaciones y, en alguno de ellos, agresiones a los menores, según fuentes policiales. Presentó denuncia hace semanas en la comisaría de la Policía Nacional de Pozuelo de Alarcón y entregó el material. Las detenciones de las dos educadoras se conocieron después, según la versión que circula sobre el caso.

Ese intervalo —denuncia presentada, detenciones que llegan más tarde— ha sido el punto más discutido en las conversaciones que han seguido al caso. Hay quien lo lee como una muestra de que los mecanismos reaccionan a golpe de foco mediático y no de indicio. Esa lectura no se sostiene con datos públicos. Lo que sí consta es que la investigación se inició a raíz de su denuncia, según el relato publicado.

Qué se ve en los vídeos y qué ha decidido el juez​

El relato policial describe castigos por orinarse, bofetadas, pisotones y encierros en un cuarto a oscuras. A uno de los pequeños se le habría colocado en el centro de un círculo mientras era humillado por la educadora. La violencia se habría cebado especialmente con dos niños: uno de tres años y otro todavía de menor edad.

El Juzgado número 3 de Pozuelo ha impuesto a una de las investigadas una orden de alejamiento de 500 metros respecto a los menores y la prohibición de participar en eventos deportivos, docentes y laborales en los que haya niños. A la otra mujer, que según la investigación hizo caso omiso de lo que ocurría, no se le ha impuesto ninguna medida. Ninguna de las cuestiones está cerrada: no consta resolución sobre el fondo del asunto.

Los padres fueron informados de los hechos en una reunión celebrada en la comisaría de Pozuelo. Algunos pidieron ver las grabaciones y los agentes les respondieron que las imágenes eran muy duras y contundentes, y que no era recomendable que las vieran. Con ese material sobre la mesa, varias familias decidieron no volver a llevar a sus hijos al centro.

El «historial impecable» frente a la cadena de responsabilidad​

La dirección del centro defiende 30 años de trayectoria «impecable», asegura que es la primera vez que ocurre algo así, ofrece colaboración con las autoridades y se ha personado en el caso como acusación particular. Es la posición de la empresa. La pregunta que no responde es quién supervisaba a dos empleadas, una de ellas veterana, durante las horas en que presuntamente se producían los episodios.

Ahí se abre la grieta. Una parte del análisis considera a la dirección máxima responsable: contratar no es un acto administrativo, es asumir la vigilancia de quien queda a solas con niños de tres años. Otra parte responde que personarse como acusación particular es exactamente lo que se pide a un centro cuando descubre un delito en su plantilla. Personarse y prevenir no son la misma cosa, y el centro tampoco ha explicado qué controles internos existían.

El debate sobre las cámaras y los ratios en las aulas​

Sin resolver el fondo, el caso ha reabierto discusiones más amplias. Se defienden cámaras las 24 horas con acceso para las familias; se recuerda que en otros países el visionado en guarderías es un servicio de pago. El relato de un usuario sobre una sola cuidadora para veinte niños de dos años que se muerden entre ellos apunta a otra variable menos vistosa: las ratios de personal por aula. El desglose completo de ese argumento, con casos concretos, da bastante más de sí de lo que parece.

Lo demás es terreno pantanoso. Una corriente sostiene que la escolarización temprana es un abandono encubierto y reclama que las madres permanezcan en casa durante los primeros años. Es una opinión, no un dato, y conviene tratarla como tal: en la misma conversación se cruzan casos de escolares de dos años que no se adaptan, recomendaciones de meterlos en el centro «para que les metan en cintura» y padres que buscan alternativa por su cuenta. Mientras se discute, unos han sacado a sus hijos del aula y otros se enteraron ayer por la prensa y se plantaron en la puerta a pedir explicaciones.

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Con 30 años de historial impecable, dos detenidas, una medida cautelar y cero explicaciones sobre qué pasó en las semanas en que el material ya obraba en manos de la Policía, el relato institucional pide calma a quien acaba de enterarse de que su hijo era uno de los seis. Suerte con eso.