Imágenes que nos deja la regularización...

Regularización exprés: colas, antecedentes y 2,25 millones de nuevos españoles​

El Gobierno ha puesto en marcha un proceso de regularización de inmigrantes que, según el material que circula estos días, permitirá legalizar a cientos de miles de personas en un plazo récord. La imagen que deja el operativo —colas kilométricas en las oficinas de extranjería de toda España— se ha convertido en el símbolo de una política que sus críticos califican de «efecto llamada» y que sus defensores presentan como una simple adaptación administrativa a una realidad que ya existía. En el centro del debate, un dato que ha encendido todas las alarmas: tener antecedentes policiales no será causa de exclusión en el proceso, según la información difundida. La diferencia entre antecedentes policiales y penales —los primeros no requieren sentencia firme— ha sido el detonante de buena parte de las críticas.

Qué dice la letra pequeña de la regularización​

La clave jurídica que ha agitado el debate es la distinción entre antecedentes policiales y penales. Los primeros se generan por una detención o una investigación, sin que exista necesariamente condena. Los segundos exigen sentencia firme. Que los antecedentes policiales no excluyan a un solicitante significa, en la práctica, que personas que han sido detenidas pero no condenadas podrán regularizar su situación. Hay quien sostiene que esto es una puerta abierta a la impunidad; en contra pesa el argumento de que la presunción de inocencia es un principio constitucional y que excluir a alguien por una detención sin condena sería jurídicamente insostenible.

El proceso se ha diseñado para ejecutarse en un plazo muy corto, lo que ha colapsado las oficinas. Las colas se han repetido en ciudades de todo el país y han generado imágenes de caos administrativo que han alimentado el relato más crítico. Según los cálculos que manejan los opositores a la medida, 500.000 regularizaciones podrían convertirse en 1,5 o 2 millones de personas en pocos años por efecto de la reagrupación familiar, especialmente en países de origen donde los registros civiles son poco fiables.

El cálculo que nadie desmiente: de 500.000 a 2 millones​

La reagrupación familiar es el mecanismo que más inquieta a los críticos. Una vez que una persona obtiene la residencia legal, tiene derecho a solicitar la reunificación de cónyuges, hijos y ascendientes. Si los registros de los países de origen no permiten verificar con exactitud los vínculos familiares, el resultado puede ser una multiplicación difícil de controlar. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende.

A esto se suma otro frente: la nacionalidad por la llamada Ley de nietos. Según los datos que se han manejado, se han presentado 2,3 millones de solicitudes y ya se han concedido 517.000. Solo se han denegado 7.100, un 1,3% del total. Si se mantiene esa proporción, el resultado final sería de aproximadamente 2,25 millones de nuevos españoles. La comparación con el caso maltés —el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal el pasaporte dorado de Malta— ha sido utilizada por los críticos para sostener que la concesión masiva de nacionalidad sin vínculo real vulnera el Derecho europeo.

Guarderías, votos y el argumento del «pucherazo»​

Otro de los puntos que ha generado más rechazo es la prioridad en guarderías para los hijos de inmigrantes regularizados. La medida, según sus detractores, supone un agravio comparativo para las familias españolas que llevan años en lista de espera. Los defensores argumentan que se trata de garantizar la escolarización de menores en situación vulnerable, independientemente de su origen.

En el plano político, la acusación más repetida es que el Gobierno utiliza la regularización para captar votos y perpetuarse en el poder. Se cita una declaración de la secretaria de Migraciones, Pilar Cancela, en la que habría admitido ese uso electoral durante un viaje a Argentina. La oposición ha calificado el conjunto del proceso de «pucherazo en vivo y en directo» y ha anunciado que exigirá responsabilidades «en todos los órdenes» si obtiene mayoría suficiente.

El modelo andorrano y la pregunta de fondo​

En medio del ruido, ha surgido una comparación recurrente: el modelo de Andorra. Quienes lo defienden sostienen que allí la inmigración es la estrictamente necesaria, con contrato de trabajo, y que al terminar el contrato hay 15 días para salir del país, con redadas continuas. No hay, dicen, personas durmiendo en la calle ni mendigando. El contraargumento es que Andorra es un microestado de 80.000 habitantes y que extrapolar su política migratoria a España carece de sentido.

La discusión de fondo es otra: ¿puede un Gobierno cambiar la composición de su electorado para no perder elecciones? Quienes denuncian el proceso como un «suicidio como sociedad» creen que no. Quienes lo defienden alegan que regularizar a quien ya está aquí es una cuestión de humanidad y de eficiencia económica. El punto exacto donde el análisis se atasca es el mismo que al principio: nadie sabe cuántas personas entrarán finalmente en el proceso, ni cuántas traerán después.