Interponen una querella criminal contra antonio maestre por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y engaña procesa

Debate por la denuncia de Ayala contra Maestre​

En un foro se debate la denuncia de Alberto Ayala contra Antonio Maestre por calumnias e injurias después de que este le acusara en prime time, desde un canal de televisión, de haber estado en prisión por apuñalar a personas y quemar un bar cerca del estadio Santiago Bernabéu. Según el relato que circula entre los participantes, Ayala descubrió que su lista de antecedentes penales —vacía hasta entonces— aparecía de la noche a la mañana con delitos que nunca cometió.

Ayala denunció por calumnias e injurias. Y ahí arranca lo que algunos participantes califican como un salto de escala: de la mentira mediática al presunto uso de la estructura administrativa para sostenerla.

Qué se atribuye a los funcionarios implicados​

Hay quien apunta a funcionarios públicos que habrían introducido antecedentes falsos en el registro de un ciudadano que había confirmado en numerosas ocasiones que su historial estaba limpio. El relato que circula sostiene que los delitos atribuidos —quema de un bar y apuñalamiento— constaban como sobreseídos, es decir, que la causa nunca llegó a juicio. La falsificación, de confirmarse, sería de las fáciles de demostrar: basta con verificar que no existió ningún procedimiento.

Hay quien ve aquí un delito de prevaricación que solo alcanzaría a los funcionarios, no al periodista, porque Maestre no tiene esa condición. La distinción jurídica importa poco en el ambiente: lo que se discute es si alguien sin cargo público puede activar una maquinaria administrativa para castigar a un particular que le denunció.

El precedente que se cita: condenas de hasta cinco años​

En el terreno de las comparaciones, se recuerda que casos similares en el ámbito sanitario han terminado con condenas de hasta cinco años de prisión. La pregunta que sobrevuela es si el mismo rasero se aplicará aquí o si el asunto se resolverá con una suspensión de empleo y sueldo que no llega a mes.

La defensa de los funcionarios, si llega, tendrá un problema: los antecedentes cancelados requieren plazo adicional al cumplimiento de la pena y solicitud expresa del interesado. No se reactivan de oficio. Alguien tuvo que hacerlo a mano.

La reacción del entorno y el ruido de fondo​

El caso ha reabierto la discusión sobre la independencia judicial en España. Se apunta que los jueces de primera instancia pueden ser independientes, pero que conforme se sube por la vía de recursos se llega al Tribunal Constitucional, y ahí la confianza se rompe. Es una desconfianza estructural, no un cabreo puntual.

También hay quien relativiza: si Ayala tuviera antecedentes caducados por prescripción, la cosa cambia. La noticia, se dice, está redactada con el culo. Pero incluso en ese escenario, reactivar un expediente para filtrarlo a un medio no es periodismo: es otra cosa.

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Lo que queda claro es que la denuncia no va contra una opinión. Va contra presuntos delitos cometidos desde dentro. Y eso, en un país donde la confianza en las instituciones ya está bajo mínimos, es el dato que descoloca.