Ione Belarra: "lo que hay que hacer es subir el SMI a 1.800€"

Belarra propone un SMI de 1.800€ y el debate se centra en su impacto​

La propuesta de Ione Belarra de elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.800 euros ha reabierto el debate sobre el coste real de la medida. No es una cifra cualquiera: supone un salto que, según los críticos, arrastraría al resto de la escala salarial y presionaría al alza los precios. La discusión, lejos de quedarse en el titular, ha derivado hacia el impacto sobre las pequeñas empresas, la inflación y la capacidad real de compra de quien cobra el mínimo.

El punto de partida es una cifra concreta: 1.800 euros. A partir de ahí, el análisis se bifurca. Unos sostienen que el salario mínimo actual ya es lo bastante alto como para distorsionar la estructura salarial; otros replican que el problema no es el SMI, sino unos precios que se comen cualquier subida. La pela es la pela, y con 1.800 euros, apuntan, no se llega a fin de mes en las grandes ciudades.

¿Qué supone subir el SMI a 1.800 euros?​

El argumento más repetido es el de la compresión salarial. Si el mínimo sube por decreto, el resto de la escala se ve arrastrada: quien cobraba 1.900 pasa a cobrar casi lo mismo que quien cobraba 1.800, y el incentivo para formarse o asumir responsabilidad se diluye. El resultado sería una nivelación a la baja de las expectativas, con el trabajador cualificado perdiendo poder relativo frente al menos cualificado.

Frente a esto, la réplica es que el SMI llevaba años tan bajo que era irrelevante, y que ahora, al ser más alto, empieza a notarse. El impacto negativo se concentra en pequeñas empresas y autónomos, mientras que las grandes compañías lo absorben sin problema e incluso lo usan para expulsar competencia. Es un argumento que aparece con fuerza: la subida no perjudica a todos por igual.

El efecto sobre precios y empleo​

La segunda línea de crítica es la inflación. Si suben los costes laborales, suben los precios, y el poder de compra se queda igual o peor. La historia económica del país invita al escepticismo, señalan algunos, que recuerdan que ya se ha visto este ciclo antes. La subida del SMI no sería un aumento real de la capacidad adquisitiva, sino un ajuste nominal que se diluye en la cesta de la compra.

Hay quien va más allá y sostiene que la medida, tal cual, es una forma de implantar un modelo económico donde el salario se fija por decreto y no por productividad. A cada cual según su necesidad, ironizan, resumiendo la propuesta como un ejercicio de ingeniería social más que de política económica.

¿Y si el problema no es el SMI sino los precios?​

Aquí aparece el contrapunto más interesante. Con 1.800 euros te sigues muriendo del asco, resume una de las intervenciones más repetidas. El problema no sería el salario mínimo, sino unos precios de vivienda, energía y alimentación que hacen que cualquier cifra parezca insuficiente. La propuesta de Belarra, en este marco, sería un parche que no ataca la raíz.

La comparación con otros países europeos también entra en juego. Los sueldos españoles son inferiores a los de la mayor parte de Europa, y eso es un problema estructural que no se resuelve subiendo el mínimo por decreto. La cuestión es si la vía es la negociación colectiva, la reducción de impuestos o una intervención directa del Estado.

El trasfondo político de la propuesta​

Más allá del cálculo económico, la propuesta se lee en clave política. La demagogia del obrerismo habría acabado por desgastar un discurso que, en su origen, tenía elementos rescatables. La subida del SMI a 1.800 euros se interpreta como una medida de escaparate, más orientada al rédito electoral que a la viabilidad económica.

El cierre del debate no llega. La propuesta queda sobre la mesa, sin que nadie haya demostrado todavía si el 1.800 es una cifra realista o un brindis al sol. Lo que sí parece claro es que el debate sobre el salario mínimo ya no se puede separar del debate sobre el coste de la vida. Y ahí, las cuentas no salen para nadie.