Ir a una mesa electoral es una humillación

Mesa electoral: 70 euros por una jornada de hasta 16 horas​

Un domingo de calor dentro de un pabellón, una silla de tijera, una corriente de aire que nadie puede cerrar y una dieta de 70 euros por una jornada que se estira hasta las dieciséis horas. Ese es el retrato que se hace de la obligación de formar parte de una mesa electoral, regulada en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, cuyo artículo 143 castiga con prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses a quien no acuda, abandone o no excuse su ausencia sin causa justificada. La queja de fondo no es el dinero: es que no exista una vía real para negarse.

Cuánto se paga por estar en una mesa electoral​

La cifra que circula es de 70 euros para estas elecciones, frente a los 60 que se pagaban antes. El cálculo que se repite es demoledor: 70 euros entre 16 horas sale a 4,37 euros la hora, por debajo del salario mínimo que la propia Administración exige a cualquier empresa. Hay quien recuerda que la jornada puede alargarse más y que el pago llega en bruto, sin que la actividad se considere relación laboral.

Ese es el nudo jurídico del asunto. No es un contrato: es una prestación personal obligatoria. Al no ser trabajo, quedan fuera las garantías de prevención de riesgos, los límites de temperatura, los descansos y cualquier reclamación por las condiciones del local. Quien lo plantea así lo resume en una palabra: esclavitud. Y quien lo discute responde con otra: es lo que hay.

Los representantes de la Administración cobran más y trabajan menos​

La comparación que más incomoda es interna al propio sistema. Los representantes de la Administración que supervisan la jornada cobran, según los testimonios que se cruzan, entre 150 y 200 euros, y no tienen que permanecer todo el día en el colegio electoral. En Cataluña, una noticia de 2021 recogida en la conversación elevaba a 152 euros la paga para los agentes que cubrían el dispositivo electoral. La brecha entre el que aguanta la mesa y el que pasa a apuntar la constitución es, para muchos, la prueba de que el problema no es el presupuesto.

El reparto de tareas entre administraciones añade ruido. Hay quien describe órdenes contradictorias: los efectivos autonómicos recibieron instrucciones de ayudar a las mesas mientras los estatales solo debían tomar datos, con llegadas breves y coches mal aparcados. En unas elecciones generales, con un solo cuerpo desplegado, la carga recae entera sobre el mismo lado.

¿Por qué no se libran los funcionarios de las mesas electorales?​

Es una de las preguntas que más se repite: si son empleados del Estado, ¿por qué no cubren ellos las mesas? La respuesta que se da en la conversación es que los miembros de los partidos están blindados y no pueden ser elegidos, mientras el ciudadano corriente sí. La propuesta de listas de voluntarios, habitual en otros países, choca con el temor al fraude: si los componentes de la mesa se apuntan por afinidad, el recuento queda en manos interesadas.

De ahí surge la única salida que algunos consideran coherente: ligar el derecho de voto a la obligación de estar en la mesa. Solo podría ser designado quien estuviera previamente inscrito en el censo por voluntad propia; quien no se inscribiera, ni vota ni le toca. La lógica es impecable. Nadie la ha llevado al BOE.

La excusa, el certificado y el día que no se denuncia​

La vía práctica que se comparte es la del justificante médico: acudir días antes al centro de salud, obtener el parte y no aparecer. También se apunta que, de facto, las ausencias no se denuncian porque el presidente de la mesa tendría que personarse en el juicio y no suele hacerlo. El cálculo de probabilidades que se hace para confiar en que los dos suplentes fallen es de un 6,25% de que la jugada salga mal, suponiendo un 75% de cumplidores. Un porcentaje que invita a tentar la suerte.

Las consecuencias de no hacerlo se cuentan en primera persona: una jornada bajo una corriente gélida junto a una ventana que no se podía cerrar, tres miembros de mesa enfermos una semana después, fiebre, bajas laborales, un taxi pagado del bolsillo para entregar la documentación en el juzgado y una reprimenda del juez por quejarse de las condiciones. Las elecciones le salieron caras a quien las cubrió.

El perfil del designado y el relato del deber cívico​

Frente a la imagen del ciudadano ejemplar, la conversación dibuja otro perfil: jubilados que madrugan para votar los primeros, parados y perceptores de subsidios para quienes 70 euros son un apaño, y gente sin estudios altos que, por la razón estadística que sea, aparece más en las listas. La idea de que la mayoría se siente importante por un día se cruza con la de que la obligatoriedad es, en sí, la humillación.

El cierre lo da un dato incómodo: la jornada electoral es más larga que cualquier jornada laboral legal, el pago es inferior al salario mínimo y ningún partido ha movido un dedo por cambiarlo. Para subirse el sueldo, en cambio, la maquinaria legislativa va a velocidad de crucero.