Irene Montero: vamos a crear una farmacéutica pública y limitaremos los precios de los medicamentos

Montero propone una farmacéutica pública y limitar los precios​

Irene Montero ha propuesto crear una farmacéutica pública y limitar el precio de los medicamentos. El anuncio, difundido a través de redes sociales, ha caído como un jarro de agua fría entre quienes llevan años observando cómo se gestionan los servicios públicos en España. La propuesta llega en un contexto de campaña electoral europea, donde cada promesa vale su peso en votos, y ha desatado un aluvión de reacciones que van desde el escepticismo más ácido hasta el análisis económico más detallado.

Qué propone exactamente Irene Montero​

La exministra de Igualdad plantea dos medidas concretas: la creación de una empresa farmacéutica de titularidad pública y la imposición de un límite legal al precio de los medicamentos. El anuncio se produce después de años en los que el gasto farmacéutico ha sido objeto de debate recurrente, con subastas de medicamentos y compras centralizadas de genéricos ya en funcionamiento. La propuesta no detalla cifras de inversión, plazos ni cómo se articularía jurídicamente ese control de precios en el marco europeo.

Lo que sí ha quedado claro es que la idea no es nueva. Ya existe un sistema público de farmacia que subvenciona parte del coste de los medicamentos a través de la Seguridad Social. La novedad estaría en la producción directa, un salto cualitativo que muchos consideran inviable sin un tejido industrial farmacéutico propio.

El coste real de producir medicamentos en España​

La industria farmacéutica es uno de los sectores más intensivos en capital y conocimiento. Desarrollar un solo fármaco nuevo puede costar más de una década y miles de millones de euros. Los grandes laboratorios —Pfizer, Novartis, Merck, NovoNordisk— invierten sumas astronómicas en I+D y protegen sus patentes con celo. La pregunta que sobrevuela es quién asumiría ese riesgo si el Estado entra en el negocio.

Hay quien sostiene que una farmacéutica pública podría centrarse en genéricos y medicamentos huérfanos, donde los márgenes son menores y la inversión más contenida. Otros apuntan a experiencias históricas, como la de la Unión Soviética, que mantuvo un servicio público de desarrollo de fármacos durante décadas sin lograr sacar al mercado un solo principio activo propio. El argumento que se esgrime es el de los incentivos: si el investigador cobra lo mismo obtenga resultados o no, la motivación se diluye.

El precedente de las subastas y el gasto farmacéutico​

España ya aplica desde hace años un sistema de subastas de medicamentos que ha reducido el precio de muchos fármacos. Según varios análisis, los precios en España están entre los más bajos de Europa, tanto con receta como sin ella. Eso no significa que el sistema sea perfecto: existen tramos de copago que penalizan a rentas medias, y algunos medicamentos pueden resultar más caros o difíciles de obtener que en países vecinos.

La propuesta de limitar precios choca con una realidad: las farmacéuticas negocian precios distintos según la capacidad de pago de cada sistema sanitario. Un límite unilateral podría llevar a desabastecimiento, como ya ocurrió en otros sectores con precios intervenidos. El fantasma de la escasez —de medicamentos, de vivienda, de lo que sea— planea sobre cualquier medida que ignore la ley de la oferta y la demanda.

Reacciones: del escepticismo al cálculo económico​

La propuesta ha generado un coro de voces críticas. Algunos la ven como una promesa electoral más, destinada a captar votos entre los jubilados y los votantes de izquierda. Otros señalan que Montero ya no tiene poder para crear nada y que su escaño europeo es el verdadero objetivo. Hay quien recuerda que promesas similares —como las fábricas de chips o las eléctricas públicas— quedaron en nada.

El análisis más repetido es el de la falta de incentivos. Si el Estado produce medicamentos, ¿quién investigará nuevos tratamientos? ¿Se copiarán las patentes nada más salir? La comparación con el sistema soviético es recurrente: excelentes químicos, equipamiento adecuado, pero nulos resultados en innovación farmacéutica.

Qué pasaría con los precios y el acceso​

Limitar los precios de los medicamentos suena bien en teoría. En la práctica, implica negociar con una industria global que puede decidir no vender en un mercado poco rentable. Ya ha ocurrido con medicamentos huérfanos o con fármacos cuyo precio se considera insuficiente. El resultado sería un desabastecimiento selectivo que afectaría primero a los pacientes más vulnerables.

La otra cara es la del gasto público. Si el Estado produce, tendrá que invertir en plantas, personal y control de calidad. Los números que manejan algunos análisis internos —y que no se han hecho públicos— apuntan a que el ahorro sería marginal o inexistente. La pregunta que queda en el aire es si merece la pena intentarlo.

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La propuesta de Montero llega en un momento en que la sanidad pública ya muestra signos de agotamiento. Universalidad, subvenciones, copagos: el equilibrio es frágil. ¿Es una farmacéutica pública la solución o un nuevo problema?