Israelíes justificando el castigo colectivo a los gazatíes, por decirlo suavemente

El castigo colectivo a Gaza divide el análisis: cifras y relato​

¿Es legítimo castigar a toda una población por los actos de su gobierno? La discusión sobre Gaza ha dejado de ser un intercambio de eslóganes para convertirse en un pulso sobre cifras, derecho internacional y responsabilidad colectiva. En el centro del cruce hay una cifra que se repite: más de 2/3 de los habitantes de Gaza serían partidarios de atacar a civiles israelíes, un dato que se atribuye a encuestas y que se usa para justificar la presión militar. Frente a él, la objeción es simple: Hamás no convoca elecciones desde 2006, mientras que los israelíes votan a sus gobiernos una y otra vez. La discusión no es académica: en ella se decide si el castigo colectivo es una herramienta de guerra o un crimen.

El argumento de la responsabilidad colectiva​

Una parte del análisis sostiene que Hamás es el gobierno de Gaza y que, por tanto, lo que hace Hamás lo hace Gaza. Bajo esa lógica, la población no sería un sujeto pasivo sino parte del entramado que sostiene la organización. Se argumenta que Hamás fue elegido democráticamente y que no ha convocado elecciones desde entonces, lo que convierte a los gazatíes en rehenes de su propio gobierno. La conclusión que se extrae es que la presión sobre la población es una forma de presión sobre la organización.

La contraobjeción llega con datos: los gazatíes no votan desde 2006, mientras que los israelíes han elegido repetidamente a gobiernos que han aplicado políticas de ocupación y expansión. Si la responsabilidad colectiva se aplica a unos, se pregunta, ¿por qué no a los otros? La discusión se enreda aquí en una cuestión de doble rasero.

El derecho internacional y la doctrina Hannibal​

El intercambio sube de tono cuando se menciona la doctrina Hannibal, el protocolo militar israelí que prioriza evitar capturas incluso a costa de bajas propias. Su mención en la discusión sirve para ilustrar hasta qué punto la vida de los civiles queda subordinada a objetivos militares. No es un detalle menor: la doctrina se invoca para señalar que el castigo colectivo no es un accidente, sino una lógica operativa.

En paralelo, se discute si el ejército israelí incurre en acción terrorista cuando aplica castigos indiscriminados. La definición de terrorismo se usa en ambos sentidos: para describir el ataque del 7 de octubre y para describir la respuesta militar. El resultado es un empate semántico que no resuelve nada, pero que muestra la incomodidad de aplicar la misma etiqueta a ambos bandos.

Las cifras que se usan para justificar la presión​

El argumento más repetido es demográfico: Gaza tenía 400.000 habitantes hace veinte años y ahora tiene 2 millones. La conclusión que se extrae es que no hay genocidio, sino crecimiento. La cifra se usa como refutación directa de la acusación de exterminio. El problema es que el crecimiento demográfico no mide por sí solo el impacto de una guerra: la destrucción de infraestructuras, el desplazamiento forzoso y la mortalidad evitable no aparecen en ese cálculo.

Otra cifra que circula es la de 10.000 muertos como umbral asumible dentro de una población de casi dos millones. La frialdad del cálculo es deliberada: se presenta como una cuestión de proporciones. Quienes lo defienden sostienen que la guerra es así y que la alternativa es la derrota. Quienes lo critican señalan que convertir la muerte en una fracción es exactamente lo que define el castigo colectivo.

El silencio sobre el 7 de octubre y la memoria selectiva​

Una de las acusaciones más repetidas es que el análisis crítico con Israel omite el ataque del 7 de octubre. Se sostiene que sin el 7 de octubre no estaríamos viendo la destrucción de Gaza en la escala actual. Es un argumento causal: el ataque desencadenó la respuesta y, por tanto, la responsabilidad primera es de quien atacó. La objeción es que el conflicto no empezó ese día y que Hamás no existía cuando comenzó la ocupación.

La discusión deriva entonces hacia la memoria histórica: se recuerda que Hamás no existía cuando empezó el conflicto, lo que sitúa el origen en décadas anteriores. La conclusión que se extrae es que reducir todo al 7 de octubre es una forma de borrar el contexto. La contrarespuesta es que el contexto no justifica un ataque contra civiles.

El uso del Holocausto y la comparación de genocidios​

En los márgenes de la discusión aparecen comparaciones históricas que buscan relativizar el Holocausto. Se afirma que el Holocausto no es sino otro genocidio más de la historia, pequeño en comparación con la invasión mongola de Persia. La afirmación es falsa y no está respaldada por ninguna fuente académica seria: el Holocausto fue un genocidio industrializado con características propias, y su magnitud no se mide solo por el número de víctimas. La comparación se usa aquí como provocación, no como análisis.

Otra línea de argumentación sostiene que el silencio sobre otras violaciones de derechos humanos —se menciona el Sáhara— revela un doble rasero. La respuesta es que señalar un doble rasero no exime de analizar cada caso por separado. La discusión se convierte así en un cruce de acusaciones sobre qué sufrimiento merece atención.

El cierre: la estadística como coartada​

Al final, la discusión deja una pregunta incómoda: ¿cuántos muertos hacen falta para que una operación deje de ser defensiva? La cifra de 10.000 se usa como umbral, pero nadie explica de dónde sale. La estadística se convierte en coartada: si el número es asumible, la operación es legítima. Si no lo es, es un crimen. El problema es que la legitimidad no se mide en cadáveres, aunque a veces lo parezca. Y mientras tanto, Gaza sigue contando.