Jajaja jajaja sale a la luz un fragmento de la entrevista de TVE a Maricarmen y le preguntan a quien culpa de su situación "a Pedro Sánchez"

Una entrevista, una respuesta: la culpa acaba en Sánchez​

La mujer del vídeo que circula, entrevistada por TVE, llevaba —según los relatos que acompañan al caso— siete décadas pagando una renta muy por debajo del precio de mercado, protegida por la normativa de renta antigua que se remonta a 1964. Cuando llegó la pregunta de rigor —a quién responsabiliza de su situación— la respuesta dio la vuelta a media España: a Pedro Sánchez. El fragmento de esa entrevista, que el hilo asocia al desahucio de una mujer a la que se identifica como Maricarmen —con la advertencia de que no sería la misma persona que otra afectada llamada Paquita—, ha reabierto el pulso sobre quién decide de verdad la política de vivienda en España.

Hay un detalle que el titular de la escena esconde y que explica la mitad del asunto. La señora no perdió su casa, según esta lectura, por una subida de alquiler al uso, sino por el final de un régimen de renta antigua que, sostiene un mensaje del hilo, un Gobierno socialista enterró en 1994 y que había nacido, décadas antes, bajo la dictadura. Entre esos dos hitos legales vive toda la contradicción del caso.

De la ley de 1964 a la de 1994: qué protegía ese alquiler​

Según estos relatos, la mujer del vídeo vivía en un piso con una renta muy por debajo del precio de mercado, blindada por la normativa de arrendamientos de renta antigua que se remonta a 1964 y que sobrevivió tres décadas a la democracia. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada bajo un Ejecutivo socialista, puso fecha de caducidad a esos contratos y abrió la puerta a su actualización. El desahucio llega, por tanto, al final de un proceso que llevaba treinta años en marcha, no por un decreto de esta legislatura.

Ahí empieza la trampa del relato exprés. Quien quiere ver una mano política reciente buscará un culpable de 2024; quien mira el calendario legal encuentra dos normas, una franquista y otra socialista, y un contrato que se fue quedando fuera de mercado mientras el país cambiaba alrededor. La paradoja es difícil de digerir en ambos extremos.

Quién decide sobre vivienda: el Estado no puede obligar​

El Ministerio de Vivienda no puede tocar la política de alquileres de una comunidad autónoma. Urbanismo y vivienda están transferidos, y el departamento que creó en su día el Gobierno de Zapatero fue descrito en el hilo como una estructura más propagandística que ejecutiva, sin capacidad real de intervenir en el mercado. La Ley de Arrendamientos Urbanos es otra cosa —estatal—, pero el suelo y la promoción no están en su mano.

Hay quien sostiene que bastaría con una norma de rango superior para doblegar a las autonomías. En contra pesa un argumento jurídico básico: una ley orgánica tiene exactamente el mismo rango que una ley ordinaria, sea estatal o autonómica, y su carácter orgánico depende de las materias reservadas, no de una jerarquía inexistente. Si la competencia está cedida, el Estado no puede regularla por decreto.

El artículo 155 y el Senado: la vía que el Gobierno no tiene​

Se ha llegado a invocar el artículo 155 para forzar a las comunidades díscolas. El mecanismo existe, pero exige mayoría absoluta del Senado, y en la Cámara Alta el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Dicho de otro modo: la herramienta que algunos imaginan como arma del Ejecutivo está, en la práctica, en manos de la oposición. Y aplicarla para legislación ordinaria saltaría varios raíles constitucionales.

El resultado es un Gobierno con competencias limitadas, una oposición con capacidad de bloqueo y unas autonomías que legislan lo que quieren. Culpar a Madrid de todo lo que pasa en Madrid es fácil; encontrar al responsable institucional de cada eslabón, bastante menos.

Expropiar, prohibir comprar: el mensaje que avivó el fuego​

En paralelo al caso, mensajes atribuidos a Irene Montero sostenían la intención de expropiar y prohibir la compra con fines especulativos, y difundieron una frase: «si quieren ganar dinero que vendan relojes, no casas». El mensaje funcionó como gasolina: unos lo leyeron como la única respuesta seria a un mercado desbocado; otros, como una amenaza a la propiedad con encaje legal dudoso.

El precio y el color del Gobierno, una pregunta sin respuesta​

Se lanzó al aire una pregunta incómoda para todos: ¿es más cara la vivienda en Castilla y León, gobernada por el PP, que en el País Vasco o Cataluña? En el hilo quedó sin contestar.

La escena queda así: una mujer mayor, una cámara, un nombre propio y un país entero discutiendo de leyes que se aprobaron en 1964, en 1994 y en un Senado que no depende de ella. Si ninguna administración tiene la llave completa del problema, ¿a quién se culpa cuando alguien pierde su casa?