JC Peinado y sus negocios hípicos: el juez que imputa mientras cría caballos
El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, vuelve a estar en el centro de la polémica. No por sus resoluciones, sino por sus actividades empresariales simultáneas: la cría y compraventa de caballos de competición. Un sector del análisis jurídico sostiene que esta doble condición —juez y empresario hípico— roza la incompatibilidad legal y ética. El debate, más allá de la trifulca política, tiene aristas técnicas: ¿puede un magistrado en activo dedicarse a negocios privados sin comprometer su imparcialidad?
La cuestión no es nueva. El artículo de El Periódico que ha reavivado el escándalo recuerda que Peinado figura como propietario de varios caballos de carreras, un sector donde las apuestas y las relaciones con personas eventualmente investigadas —incluyendo políticos y empresarios— son moneda corriente. El corazón del conflicto es el potencial acceso a información privilegiada o la apariencia de parcialidad. Mientras unos ven en esto una mancha en la toga, otros lo consideran una caza de brujas contra un juez que cumple con su deber.
Lo cierto es que la imputación de un exconsejero del PP de Esperanza Aguirre en el marco de la causa a Begoña Gómez (confirmada por La Vanguardia) añade leña al fuego. La defensa del juez, sin embargo, se apoya en la legalidad vigente: la carrera judicial permite actividades privadas siempre que no interfieran con la función y se declaren. Pero el código deontológico va más allá y exige evitar cualquier conflicto de intereses, real o aparente.
Con el Consejo General del Poder Judicial sin renovar y en funciones, la supervisión de estas situaciones brilla por su ausencia. La pregunta sobre si los caballos de Peinado son compatibles con la justicia sigue sin respuesta. Y mientras, el ruido político solo enturbia un debate que merece análisis sosegado: el de los límites entre la vida privada y la función pública de quienes juzgan.
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