Jesús, guardia civil retirado adicto al «chemsens»: «Después de cinco días teniendo sesso compulsivo sales de ahí como un cadáver»

Guardia civil retirado por chemsex: «sales como un cadáver»​

Un guardia civil de 37 años, Jesús David Vázquez, ha pasado a retiro tras un tribunal médico y ha contado su caso públicamente. Lo hizo en abril de 2024, con una cuenta de TikTok que ya acumulaba más de 40.000 seguidores. Su relato no es el de un adicto anónimo: es el de un funcionario que llegó al Grupo de Reserva y Seguridad, participó en operativos con presidentes del Gobierno y lo dejó todo por el cuerpo. «Renuncié a una vida de privilegios», resume, porque su familia es de empresarios de Huelva y su padre tenía la fábrica de platos de tiro más grande de Europa.

El problema que le ha costado la carrera tiene nombre en el ambiente: los chill, fiestas privadas que arrancan cuando cierran los locales de ocio y se prolongan durante días. Allí probó por primera vez la mefedrona y el GHB, drogas que describe como inductoras de sexo compulsivo. «Estás en un salón con 20 o 30 personas interactuando sexualmente entre ellas sin preservativo, que luego se dispersan a otras casas, es una rueda que no para», explica. Su descripción del después es la que titula este artículo: «Sales como un cadáver a los cinco días, reventado por todos lados».

Qué son los chill y por qué se extienden en el ocio nocturno​

El fenómeno se organiza con lógica de negocio. Según su testimonio, son los propios vendedores de droga quienes alquilan las casas y, una vez cerradas las discotecas, montan las fiestas e invitan a sus clientes. «Negocio redondo», lo llama. En esos espacios, sostiene, los vendedores operan con normalidad e incluso cobran con datáfono. La mezcla de GHB y mefedrona anula la voluntad del consumidor, y de ahí salen los episodios más oscuros: Jesús relata que en una ocasión tomó más GHB del que debía, no recuerda lo ocurrido y aparecieron signos de haber mantenido relaciones sin su consentimiento. Estuvo tomando retrovirales casi un mes.

El impacto sanitario que describe es concreto: sífilis, gonorreas, hongos. Pone como ejemplo la unidad de infecciosos del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que a su juicio está repleta de casos de este tipo. La relación entre chemsex e infecciones de transmisión sexual no es una impresión suelta: el propio material enlaza con la evidencia de que estas prácticas disparan los contagios.

«El chemsex es un problema que tenemos el colectivo gay»​

Jesús no presenta su caso como una excepción individual, sino como un problema colectivo que, dice, se oculta por miedo al rechazo. Fue fundador de LGTBIPol, la asociación de policías y guardias civiles gais, y sostiene que no se puede esconder una realidad propia para no dar argumentos a los homófobos. Su exposición pública le ha valido reproches, algo a lo que dice estar acostumbrado.

El relato tiene una segunda capa, la de la identidad. Se dio cuenta de que era gay con 12 años en una familia conservadora de un pueblo de Huelva, y acabó en un internado de Málaga donde un profesor, según su versión, se aprovechó de su situación. Antes del chemsex ya había luchado contra el alcohol y la cocaína. La secuencia que él mismo traza es la de una huida encadenada: primero la bebida, después la cocaína, luego las fiestas. «Yo iba a consumir, a evadirme, a tapar mi soledad o lo que sea», admite, y aclara que nunca participó en el sexo en grupo.

El intento de suicidio y el regreso al trabajo​

El punto más grave llegó hace unas semanas, según su propio relato, cuando acudió a la puerta del Hospital de Lepe y se tomó un bote entero de GHB tras sentirse utilizado por un exnovio. «Caí medio muerto y me ingresaron en la UCI», cuenta. De ahí su decisión de exponerse para que al que venga detrás no le pase lo mismo. Su prioridad ahora, dice, es recuperarse para «volver a brillar», y no descarta regresar en el futuro a la profesión que define como el sueño de su vida.

La reacción: entre la crítica al gasto público y el reproche moral​

El caso ha abierto dos frentes de discusión. El primero es económico y administrativo: por qué un funcionario que pasa a retiro por una adicción mantiene una retribución pública. Hay quien sostiene que la situación debería resolverse con la expulsión y no con una paga, y quien recuerda que la Seguridad Social es durísima con las incapacidades de trabajadores con ictus, diálisis o cáncer, mientras en otros casos concede la absoluta sin que se sepa el motivo. La sospecha de trato corporativista entre funcionarios aparece en varios mensajes, sin prueba alguna.

El segundo frente es moral. Una parte de las respuestas descalifica al protagonista por su vida sexual y su consumo, y otra pone el foco en la responsabilidad personal frente a la enfermedad. La discusión sobre la paga y la discusión sobre la conducta se mezclan, y ahí el análisis se atasca: no hay datos públicos de bajas e incapacidades en la función pública que permitan comparar, así que todo queda en impresión.