El juez de El Hierro autoriza la expulsión de 85 senegaleses, entre ellos una adolescente nacida en España en 2009
El magistrado Antonio Mazuecos, titular del Tribunal de Instancia de Valverde, ha autorizado el internamiento en un CIE por hasta 60 días para tramitar la devolución de 85 personas de origen senegalés. El caso ha cobrado relevancia porque entre los afectados figura una menor nacida en España en 2009, lo que abre un conflicto legal inmediato sobre su nacionalidad y los límites de la expulsión.
El meollo legal de la menor nacida en España
La Ley de Extranjería establece que los nacidos en territorio español de padres extranjeros adquieren la nacionalidad solo si residen legalmente o si, tras cumplir la mayoría de edad, la solicitan. En este caso, la adolescente habría llegado con sus padres en situación irregular, por lo que no tiene derecho automático a la nacionalidad. Sin embargo, su condición de menor y su arraigo en España podrían bloquear la expulsión. El juez Mazuecos ha incluido a la menor en el auto de internamiento, pero su situación deberá ser revisada por la Fiscalía de Menores.
La brecha entre órdenes de expulsión y repatriaciones reales
Los datos oficiales recogidos del debate muestran una ejecución mínima de las expulsiones. En 2024 se dictaron 51.025 órdenes de salida o expulsión, pero solo se ejecutaron 3.031, una tasa del 6%. En 2025, hasta octubre, 41.315 órdenes y 3.398 expulsiones, apenas un 8%. La diferencia es abismal: más del 90% de las órdenes quedan en papel mojado. La autorización judicial no garantiza nada si Senegal no expide los salvoconductos necesarios para el vuelo de retorno.
El contexto político y la nueva ley europea
El debate se enmarca en la reciente aprobación en el Parlamento Europeo de una ley que facilita la creación de centros de expulsión en terceros países, a cambio de compensaciones económicas. La norma aún no ha entrado en vigor, pero ha avivado las expectativas de endurecimiento. Mientras, las llegadas por vía marítima siguen: solo en los últimos días, diversas fuentes citan la entrada de cientos de personas, lo que relativiza el impacto de la expulsión de 85. Como señala un análisis, "salir 85, entrar 5.000" no cambia el saldo migratorio.
La paradoja está servida: una resolución judicial firme que tropieza con la realidad burocrática, una menor en tierra de nadie legal y un sistema de expulsiones que ejecuta solo 1 de cada 12 órdenes. Hasta que la nueva ley europea no se aplique, el laberinto sigue abierto.