La basu.ra humana mongodongo y vito quiles se van paro, ja ja ja

Credenciales de prensa bajo sanción: hasta cinco años de suspensión​

El Congreso ha dado el primer paso para reformar su propio reglamento con un código de conducta que puede costarle la credencial, y el puesto, a más de un acreditado. La toma en consideración de la proposición salió adelante con los votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria. En contra quedaron PP, Vox y UPN. El texto no menciona líneas editoriales ni ideologías: fija reglas de cortesía parlamentaria y un catálogo de sanciones para quien las incumpla dentro del recinto y en sus zonas de acceso. La tramitación acaba de empezar.

Qué sanciones prevé la reforma del reglamento del Congreso​

Dos escalones. Las infracciones graves se castigan con la suspensión de la credencial de diez días a tres meses. Las muy graves, con entre tres meses y cinco años o, directamente, con la revocación definitiva. Dos faltas graves seguidas se convierten en muy grave.

Entre las conductas tipificadas como muy graves están la falta de respeto y de cortesía frente a otras personas, la grabación con dispositivos ocultos en despachos y zonas reservadas a los grupos, interrumpir el orden de las sesiones o cualquier comportamiento que perjudique gravemente la actividad de la Cámara. Como graves figuran boicotear ruedas de prensa, publicar en medios y redes imágenes obtenidas contra la normativa o perjudicar el trabajo de otros acreditados.

Quién decide las sanciones y qué ocurre con el medio​

El último filtro es la Mesa del Congreso, no un juez. Ese es el punto que más incomoda a los grupos que votaron en contra. Y hay un segundo detalle con consecuencias económicas: el sancionado es el trabajador, no la cabecera, pero el medio no puede sustituirlo por otra persona mientras dure la suspensión. Si la infracción se publica sin que figure la autoría, la respuesta se extiende a toda la casa: caen todas las credenciales vinculadas a ese medio entre seis meses y tres años.

El argumento del PSOE: acosar a una diputada no es libertad de expresión​

El portavoz socialista, Patxi López, defendió la iniciativa como un dique contra «ciertas amenazas, acosos y actitudes de algunos pseudoperiodistas que están permanentemente perturbando y boicoteando con métodos antidemocráticos el buen funcionamiento de esta casa». Su razonamiento cabe en una frase: sin información veraz no hay democracia. En su intervención enumeró ejemplos de publicaciones —insultos de naturaleza sexual y descalificaciones dirigidas a periodistas y diputadas, según su relato— y recordó que las asociaciones profesionales llevan años denunciando el uso de fotografías de informadores para hostigarlos. «Boicotear las ruedas de prensa no es periodismo», remachó.

PP, Vox y UPN: control de la libertad de expresión​

Los tres grupos que votaron en contra sostienen que la norma entrega a un órgano político la potestad de decidir qué es periodismo y qué no. La objeción de fondo no es nueva: cada vez que una Cámara asume potestades disciplinarias sobre la prensa acreditada reaparece la duda sobre el encaje constitucional del régimen sancionador. Hay quien añade que el problema real —interrupciones y faltas de respeto en las comparecencias— se resolvería dando turno de palabra y réplica a quien hoy no lo tiene, en lugar de elevar el castigo.

El coste laboral de una credencial de prensa​

El asunto derivó rápido hacia el empleo de los acreditados. Buena parte del comentario posterior se centró en la continuidad de dos nombres habituales en los pasillos de la Cámara, Vito Quiles y Bertrand Ndongo, cuya situación profesional se daba por amortizada de antemano. El cálculo, en cualquier caso, no es tan simple: la acreditación exige una titulación y un medio que respalde, y ahí entra la oferta de universidades privadas abiertas en Madrid, señalada como vía rápida para conseguir el título. Mientras ese circuito funcione, la sanción será una rotación, no una extinción.

¿Y mientras tanto, qué?​

Nadie discute ya que el roce en los accesos al Congreso se ha convertido en un activo editorial: el encontronazo vende, y el vídeo del encontronazo, más. Con ese incentivo intacto, la previsión razonable es un pulso largo. La reforma seguirá su trámite, el régimen sancionador se aplicará con cuentagotas para evitar el choque frontal y, si cambia la mayoría, volverá a moverse. Por el camino, la conversación ha acabado donde suele acabar casi todo: en si conviene congelar los alquileres —hay quien sostiene que durante cuatro décadas del franquismo lo estuvieron— y en los papeles para recuperar una nacionalidad extranjera por si toca emigrar. Dos salidas de emergencia para el mismo atasco.