La cesta de la compra sube un 24% como en cualquier régimen socio comunista.

La cesta de la compra sube un 24% y el debate se rompe​

La cesta de la compra se ha encarecido un 24% y el país lleva 856 días discutiendo por qué. El titular que abre este análisis no es una exageración: es la cifra que manejan quienes comparan precios de alimentos básicos y la que convive con otra realidad, la de un IPC oficial que, según los datos que se citan, sitúa el encarecimiento de los alimentos muy por debajo de lo que cada familia ve en el ticket. Entre ambas cifras se ha abierto una grieta que ya no es económica, sino casi teológica: ¿es la inflación un fenómeno monetario, un efecto de la guerra, o el resultado de una cadena de decisiones políticas que nadie quiere asumir?

El 24% que no cuadra con el IPC​

El primer dato que descoloca es la magnitud. Frente a un IPC de alimentos que se sitúa en el 5,6% y que se describe como «claramente ascendente», hay quien sostiene que el encarecimiento real de la cesta básica alcanza el 24%. No es una diferencia menor: es la distancia entre una estadística que dice que todo sube un poco y una experiencia cotidiana que dice que todo sube mucho. La discrepancia no se resuelve con un gráfico, porque cada gráfico cuenta una historia distinta según dónde se ponga el cero.

La guerra de Ucrania aparece como el gran divisor de aguas. Para unos, el 50% del encarecimiento de los alimentos se explica por el conflicto y por el corte de exportaciones que se produjo a partir de marzo de 2022. Para otros, la inflación ya venía de antes: el COVID, el parón económico global y las políticas de gasto público habían encendido la mecha mucho antes de que empezaran los bombardeos. La fecha exacta en que se disparó todo se ha convertido en un campo de batalla donde cada bando coloca su hito.

Milei, Argentina y el espejo incómodo​

El nombre que sobrevuela la discusión es el de Javier Milei. Su frase —«si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación»— se cita como argumento de autoridad por quienes defienden que el problema es de gasto público y emisión encubierta. El ejemplo argentino se usa como prueba: un país que reporta superávit fiscal en el primer trimestre de su mandato y que, según el relato que se comparte, estaría corrigiendo décadas de desastre económico.

La contraargumentación no tarda. Hay quien recuerda que la inflación argentina era alta antes de Milei y que el ajuste está provocando un empobrecimiento brutal. Una persona que se presenta como policía argentina de visita en España describe una realidad distinta: la gente vive endeudada porque todo está muy caro, y los recortes se justifican por la deuda heredada. El espejo funciona en las dos direcciones: para unos, Argentina demuestra que el ajuste funciona; para otros, demuestra que el ajuste empobrece.

La deuda pública como fraude contable​

Una de las tesis más repetidas es que la deuda pública no es deuda, sino una emisión de dinero encubierta. El argumento es simple: si el Estado no va a devolver el dinero, entonces no es un préstamo, es creación de moneda. Bajo esa lógica, el gasto público financiado con deuda equivale a inflación diferida. La cifra que se maneja para España es contundente: por cada 2,5 euros de deuda se genera 1 euro de PIB. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo puede sostenerse ese trile antes de que algo se rompa.

El cálculo tiene derivadas. Si el Estado gasta más de lo que recauda y financia la diferencia con emisión, el dinero pierde valor. El impuesto de los pobres, se dice, es la inflación: al rico le da igual que el pan suba un 20%, al pobre le obliga a elegir entre pescado y carne. Y la solución que se apunta —consumir menos— choca con la realidad de que los alimentos frescos son precisamente lo que más ha subido. La ropa, el calzado y los artículos de higiene también se encarecen, y sobre ese encarecimiento se aplica un 21% de IVA. El efecto compuesto es demoledor.

El mito de la tienda de barrio​

Una de las discusiones más reveladoras es la que enfrenta a quienes defienden que en el pequeño comercio y los mercadillos los precios son más bajos con quienes sostienen lo contrario. Los primeros hablan de tomates a 0,79 euros el kilo y de una estabilización de precios tras el pico de Ucrania. Los segundos responden con datos de la carnicería y la pescadería de barrio, que describen como «una puta locura», y aseguran que la compra en grandes superficies sale más barata incluso con el desplazamiento.

La conclusión que emerge es incómoda: la compra barata requiere tiempo, y el tiempo es precisamente lo que no sobra. Las generaciones que estiraban el dinero recorriendo varios comercios invertían horas en ello. Hoy, con dos sueldos y jornadas laborales que no dejan margen, la compra rápida y concentrada se impone. El ahorro se paga en esfuerzo, y ese esfuerzo ya no está disponible.

El aceite, los márgenes y la retención de stock​

El aceite de oliva se ha convertido en el símbolo de todo esto. La subida que se cita es del 300% en un año, un dato que se repite como prueba de que algo se ha roto en la cadena de formación de precios. La explicación que se comparte apunta a la retención de stock en bienes de primera necesidad: si los productores o distribuidores retienen producto para venderlo más caro después, la escasez se convierte en una profecía autocumplida. La propuesta que se lanza es prohibir esa práctica.

El problema es que la solución choca con la lógica del mercado. Si se prohíbe retener stock, ¿quién garantiza que el producto llegue a las estanterías? Si se libera, ¿quién evita que los precios se disparen aún más? La discusión no llega a ninguna parte porque cada bando parte de una premisa distinta sobre qué es legítimo y qué no. Y mientras tanto, el aceite sigue subiendo.

El empobrecimiento en tiempo real​

El diagnóstico que más se repite es que la sociedad española se empobrece en tiempo real. Los salarios están en niveles de 2003 o 2004, pero todo lo demás se ha multiplicado por seis o por siete. El alquiler se ha convertido en el principal mecanismo de expulsión: un ingeniero que empieza cobrando 1.800 euros netos en Madrid no puede permitirse vivir allí, porque el coste de la vivienda se come el salario. La consecuencia es que el talento joven no puede moverse a donde están los empleos mejor pagados.

La pregunta que queda sin respuesta es hasta cuándo puede sostenerse esta dinámica. Hay quien sostiene que el trile puede durar otra década y media si se modera el ritmo de endeudamiento. Hay quien cree que el sistema ya está en recesión real, por mucho que los datos macroeconómicos digan lo contrario. Y hay quien simplemente señala que el que no note cómo se empobrece es porque le cae el dinero fácil. El análisis se atasca exactamente ahí: en la imposibilidad de saber si esto es un bache o el nuevo suelo.