La democracia llega a La Hiruela

La Hiruela pierde el concejo abierto: 573.000€ para 88 vecinos​

La Hiruela, un municipio de 88 habitantes en la sierra de Madrid, ha dejado de ser el único de la región que se gobernaba por concejo abierto. Durante cuatro décadas, sus vecinos resolvían en asamblea lo mismo el reparto de pastos comunales que una licencia de obra. Ahora elegirán concejales y alcalde por el sistema de siempre, ese que convierte cada cuatro años una papeleta en un cheque en blanco. La decisión se presentó como una modernización. El dato que casi nadie menea es el otro: el presupuesto municipal asciende a 573.576 euros. Para 88 almas, casi 7.000 euros por cabeza.

Qué era el concejo abierto y por qué solo quedaba uno en Madrid​

No es una reliquia medieval al margen de la ley, aunque así se cuente en las crónicas de postal. La Constitución lo recoge en su artículo 140 y la Ley de Bases del Régimen Local lo desarrolla en el artículo 29. La ley electoral de 1978 lo aplicó a los municipios de menos de 25 residentes y a los que ya lo tenían por tradición. Después fue obligatorio por debajo de los 100 habitantes, hasta que la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local le quitó ese carácter.

Desde entonces, instaurarlo exige tres cosas a la vez: petición de la mayoría de los vecinos, acuerdo de dos tercios de los concejales y visto bueno de la comunidad autónoma. En España había más de mil municipios en este régimen. Tras la reforma electoral de 2011 quedaron unos 110, casi todos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón. La Hiruela no es una excepción caprichosa: es la cola de un proceso viejo y bastante silencioso.

Los 573.576 euros que nadie quiere soltar​

El presupuesto de La Hiruela ronda los 573.576 euros, de los que unos 350.000 llegan en transferencias del Estado y de la Comunidad de Madrid. Con 88 habitantes, eso son casi 7.000 euros por residente. La cifra descoloca el relato amable: no hablamos de un pueblo que se autogestiona con cuatro perras, sino de un chiringo de medio millón que depende casi por completo de dinero ajeno.

Ahí entra la objeción incómoda. Se argumenta que en un concejo abierto falta el contrapeso que sí existe en un ayuntamiento grande, donde el partido de la oposición fiscaliza cada contrato porque le va el sueldo en ello. En una asamblea vecinal, la minoría que pierde una votación por 45 a 43 no tiene financiación pública para organizar protestas ni exigir facturas. Quien gana, decide. Otros replican lo contrario: los perdedores siguen siendo vecinos con nombre, casa y cara, y se organizan sin necesidad de un partido a cargo del erario.

El caciquismo, ese fantasma que nunca se va​

El argumento oficial para el cambio fue el aumento de población, de 54 a 88 habitantes. El detalle es que 88 sigue por debajo de 100, y que tras la reforma de 2013 el umbral demográfico ya no decide nada: el régimen se conserva por tradición y voluntad. La petición de declarar La Hiruela patrimonio cultural inmaterial, registrada por Más Madrid en la Asamblea el 26 de julio, no salió adelante.

Sobre el caciquismo, las dos orillas desconfían. Unos sostienen que la partitocracia nunca lo resolvió y que basta con afiliarse al partido correcto para mangonear con un tercio de los votos en lugar de convencer a la mitad del pueblo. Otros apuntan que el cacique no nace del modelo, sino de la concentración de poder y de la privatización de lo comunal. Ahí, exactamente ahí, el análisis se atasca.