La inmi gración no va a salvarnos economista predice el colapso de españa

La inmigración no tapa el agujero: 200.000 millones en pensiones​

Con el litro de diésel que un forero vaticina cerca de los dos euros, vuelve la pregunta que ningún Gobierno contesta en voz alta: ¿quién paga las pensiones dentro de veinte años? Un economista sostiene que la inmigración no va a salvarnos. La tesis no es nueva. Cada vez que aterriza un dato de gasto público, la pelea se reabre con más ruido.

Y no es una pelea menor. Ahí se mezclan pensiones, natalidad, subsidios, empleo público y una pregunta incómoda: cuánta población soporta de verdad este país.

Pensiones frente a educación: la foto del gasto público​

Un cálculo que circula en el foro sitúa en casi 200.000 millones de euros el gasto en pensiones, frente a 63.000 millones en educación. La proporción no necesita mucha interpretación: por cada euro destinado a formar a la siguiente generación, más de tres van a pagar a la anterior.

El dato funciona como muestra de un desequilibrio estructural. No se discute si los mayores merecen cobrar lo pactado; se discute que, con cada vez menos gente trabajando por cada jubilado, la cuenta se rompe sola. Y las pensiones no son un gasto discrecional: son una obligación que se come cualquier margen de maniobra antes de que empiece la negociación política.

¿La inmigración suma o resta en las cuentas públicas?​

Aquí el desacuerdo es total. Un estudio sobre Países Bajos concluye que la inmigración no occidental no genera beneficio neto a las economías europeas y cifra en 315.000 euros el impacto negativo atribuido a cada inmigrante africano.

Enfrente está la objeción de método: si el cálculo solo suma lo que se paga en prestaciones y resta lo que se ingresa por impuestos y cotizaciones —sin contar el consumo, el empleo que sostiene ese trabajador o el efecto sobre precios y servicios—, el resultado sale negativo casi por construcción. El desglose completo, partida a partida y con sus supuestos, da para discutir una tarde entera.

El subsidio que crece y el que aprieta los dientes​

Más de 2,5 millones de personas perciben algún subsidio en España, y el ingreso mínimo vital marcó récord por encima de los dos millones de beneficiarios en un solo mes. Es la cifra que hace saltar la liebre: cuántas de esas ayudas sostienen a alguien que trabaja y cuántas a alguien que no.

A eso se suma el sector público. Según un cálculo que circula, hay unos diez millones de pensionistas y cerca de cuatro millones de empleados públicos, buena parte de ellos sostenidos con cargo a los mismos presupuestos.

La natalidad no se arregla con cheques bebé​

Un argumento repetido en el hilo es que la natalidad nunca fue un problema económico. Un forero recuerda que los hogares con menos recursos son los que más hijos tienen y que en los años 80 —con los pisos tirados de precio— la fecundidad ya había caído por debajo del nivel de reemplazo. Un incentivo fiscal no revierte eso.

Otra línea, defendida por otro forero, apunta al propio sistema de pensiones. En el momento en que el Estado asume garantizar una vejez digna, tener hijos deja de ser una inversión para la vejez y se convierte en un coste puro. Se pasa de cuatro hijos a uno, o a ninguno, sin que nadie haya decidido nada conscientemente.

Y hay una tercera lectura, más cultural, que apunta a la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral. Este punto es el que más incomoda, y el que más rápido se despacha en las dos direcciones.

¿Para cuántos habitantes está diseñada España?​

Las estimaciones que manejan los foreros no cuadran entre sí. Una habla de capacidad productiva para 34 millones de personas. Otra deja el techo en 27 millones como máximo. Una tercera lo baja a 26 millones, recordando el censo de 1940 y una agricultura de subsistencia que ya no existe. Y una cuarta sostiene que la estructura económica aguanta 38 millones y que el resto sobra.

Doce millones de diferencia entre la estimación más alta y la más baja. Ninguna viene con un presupuesto detrás.

Dónde se atasca el análisis​

El problema no es que falten teorías. Es que ninguna se sostiene sin una decisión política que nadie quiere tomar: subir cotizaciones, bajar pensiones, importar trabajadores o aceptar menos población con menos servicios. Cada opción tiene coste electoral.

Mientras, el sistema se sostiene con el flujo del momento y sin colchón. Nadie ha puesto una cifra defendible de población sostenible delante de un presupuesto real. Ahí se para el análisis.