La memez histórica era esto: el Gobierno abre la puerta a devolver 250 millones requisados al bando republicano

Cupones franquistas: 250 millones que siguen sin cobrarse​

¿Cuánto vale hoy un papel que el franquismo prometió canjear y nunca canjeó? El Gobierno ha abierto la puerta a reparar a los descendientes de quienes sufrieron la represión económica tras la Guerra Civil. La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, califica como víctimas a «las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento». Sobre esa base se ha creado una comisión para evaluar el alcance de los bienes expoliados y ya se tramitan unos 300 expedientes. La cantidad a desembolsar es una incógnita: los cálculos disponibles superan los 250 millones de euros.

El mecanismo original era sencillo y cruel. El bando sublevado requisó miles de millones de pesetas a los republicanos, Franco prometió devolverlos y el régimen acabó entregando a los propietarios unos cupones que sus descendientes aún conservan. Hasta ahora, papel mojado.

Qué son los cupones de la represión económica​

La figura jurídica es la de la reparación económica. El artículo 3 de la ley vigente reconoce como víctima a quien perdió bienes, sufrió multas o fue inhabilitado y extrañado por motivos políticos tras el conflicto. El Estado no habla de indemnizar el valor histórico de lo expropiado, sino de evaluar el alcance de lo requisado y abrir expedientes caso por caso.

Los números gruesos son los que se conocen: unos 300 expedientes en tramitación y una horquilla que arranca por encima de los 250 millones de euros, según los distintos estudios manejados. No hay partida presupuestaria específica confirmada ni cifra cerrada. La comisión sigue evaluando.

El valor real del dinero republicano: la objeción que nadie responde​

Aquí empieza el problema técnico. Una parte del análisis sostiene que el dinero emitido por la República perdió su respaldo cuando las reservas de oro salieron del país y que, por tanto, esos cupones no representaban valor alguno al terminar la guerra. La hiperinflación del periodo, argumentan, dejó aquellas pesetas casi sin poder de compra.

La objeción contraria es igual de incómoda: si el papel no valía nada, ¿por qué el régimen se molestó en emitir cupones reconociendo la deuda? La respuesta oficial de entonces fue la promesa de devolución. La respuesta real, el silencio durante ocho décadas. Cualquier valoración actual tendría que decidir a qué tipo de cambio se convierte un pagaré que nació devaluado y murió olvidado.

Quién cobra y quién fiscaliza los expedientes​

La duda administrativa es quién acredita qué. Hay quien advierte del riesgo de que se presenten documentos difícilmente verificables y de que el proceso acabe beneficiando a intermediarios en lugar de a herederos reales. La carga de la prueba recae sobre el solicitante, y ochenta años después los archivos familiares son lo que son.

El otro frente es la lista de posibles beneficiarios institucionales. En el debate se menciona que entre los reclamantes podrían figurar formaciones políticas y sindicatos que ya existían antes de la guerra, lo que reabre la pregunta de si esto es reparación o reparto. Sin datos públicos desglosados, la sospecha se queda en eso.

El oro, los ERE y la memoria selectiva​

La comparación más repetida es la de las reservas de oro del Banco de España enviadas a Moscú durante la contienda. Se plantea como compensación simétrica: si se devuelve lo requisado a un bando, que se reclame también lo que salió del país. La analogía tiene truco, porque aquellos envíos fueron una operación de Estado en guerra, no una incautación a particulares, pero funciona como termómetro político.

El otro espejo que se coloca encima de la mesa es el de los expedientes de regulación de empleo irregulares en Andalucía, con condenas firmes y dinero público aún por recuperar. La pregunta implícita es por qué se rescatan agravios de 1939 y no se cierran cuentas de hace una década.

Qué pasa ahora con los 300 expedientes​

La comisión sigue trabajando y los expedientes se tramitan sin calendario público de pagos. No hay presupuesto aprobado que cubra la operación y la cifra final depende de cuántas solicitudes se validen y con qué criterio de valoración. Es decir: la puerta está abierta, pero nadie ha dicho todavía cuánto cuesta cruzarla.

Ochenta años después, la administración se enfrenta a un problema que ella misma creó y heredó: decidir el precio de un papel que prometió pagar y nunca pagó. Si el cálculo sale barato, alguien preguntará por qué se tardó tanto. Si sale caro, alguien preguntará por qué se paga ahora.