La pinza europea contra los traslados de forasteros desmonta el plan de Sánchez para Ceuta (Luis Casal en Vozpópuli)

La Unión Europea ha puesto un freno al plan del Gobierno español para aliviar la presión en Ceuta mediante traslados a la Península. Bruselas considera que estas "movimientos secundarios" desestabilizan el espacio Schengen y exige a España que gestione la crisis dentro de la ciudad autónoma.

Ceuta, una sala de espera forzada

La estrategia del Gobierno español para gestionar la crisis migratoria en Ceuta, que pasaba por trasladar a parte de los inmigrantes a la Península para aliviar la presión sobre la ciudad autónoma, se ha topado con un muro. La Unión Europea, a través de su nuevo Pacto de Migración y Asilo, está poniendo trabas a lo que denomina "movimientos secundarios", es decir, el desplazamiento de solicitantes de asilo de un país a otro dentro del espacio Schengen una vez que ya han entrado. La razón es clara: Europa quiere contener la crisis en las fronteras exteriores y evitar que se disperse por el continente. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha garantizado a la Comisión Europea que España evitará estos traslados, un compromiso que pone a la ciudad autónoma en una situación de "sala de espera" forzada.

La particularidad de Ceuta dentro del espacio Schengen, que mantiene controles fronterizos propios, permitía hasta ahora gestionar los expedientes desde su propia frontera exterior. Sin embargo, una vez que los inmigrantes son trasladados a la Península, entran de facto en la zona de libre circulación europea, algo que Bruselas quiere prevenir a toda costa. El nuevo procedimiento fronterizo de la UE permite mantener a los solicitantes en la frontera hasta 12 semanas mientras se resuelve su situación. En caso de denegación, el procedimiento de retorno también prevé su permanencia en zonas fronterizas o cercanas, aunque se contempla la posibilidad de utilizar otros puntos del territorio nacional si no hay capacidad suficiente. Esto obliga a España a encontrar soluciones dentro de los escasos 19 kilómetros cuadrados de Ceuta para identificar, tramitar solicitudes y acelerar devoluciones.

La presión europea y la respuesta española

El Gobierno español se encuentra en una posición delicada. Por un lado, debe cumplir con las exigencias de la Unión Europea de contener la crisis en Ceuta y evitar su propagación. Por otro, debe buscar soluciones internas para alojar y tramitar la situación de miles de personas. El ministro Grande-Marlaska se reunió con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, para trasladar el compromiso español de no permitir "movimientos secundarios". La Comisión Europea ha aprobado una ayuda de emergencia de 114,7 millones de euros y Frontex y Europol colaboran sobre el terreno, pero la condición europea es firme: España debe resolver quién puede quedarse y quién debe regresar antes de considerar cualquier tipo de reparto territorial.

Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en ampliar las plazas disponibles en Ceuta. La Audiencia Nacional ha dado luz verde al funcionamiento de un campamento en el puerto con capacidad para unas 1.700 personas. Sin embargo, la cifra oficial de inmigrantes que aún permanecen en la ciudad y que quedan por alojar o identificar sigue siendo elevada. La posibilidad de repartir esta presión, como se ha hecho en crisis migratorias anteriores, se ve ahora mucho más limitada. Los menores, cuya situación jurídica es diferente, quedan fuera de este esquema y su atención, incluida una posible reubicación en la Península, recae en las administraciones competentes.

La ofensiva política del PP

A la presión institucional de la Comisión Europea se suma la ofensiva política del Partido Popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con el comisario Brunner en Bruselas y ha convertido la gestión de la crisis de Ceuta en un eje de su agenda europea. El Parlamento Europeo aprobó recientemente una resolución que reclama reforzar la frontera, acelerar los retornos y aumentar la presión sobre Marruecos. El texto recibió el apoyo de 339 votos frente a 225. Este escenario deja al Gobierno de Pedro Sánchez atrapado entre la necesidad de cumplir con las directrices europeas y la presión de la oposición, que exige soluciones contundentes para una crisis que comenzó con decenas de miles de entradas en apenas dos días.