Sector Público: La Seguridad Social no tiene ingresos para pagar tres meses de pensiones: faltan 50.000 millones

La Seguridad Social agota sus cotizaciones y ya depende de los impuestos​

¿De dónde sale el dinero para pagar las pensiones cuando las cotizaciones de quienes trabajan no llegan? La respuesta oficial es que se completa con transferencias del Estado. La respuesta incómoda es que ese mecanismo lleva años funcionando y que el agujero ya no se tapa con ajustes menores. El punto de partida del asunto es una cifra que circula en el debate: faltan 50.000 millones para cubrir tres meses de nóminas de pensiones, según el tuit que abre la discusión. A partir de ahí, el análisis se ramifica: quién rompió el sistema de autofinanciación, cuánto queda de la llamada hucha de las pensiones y qué margen real tiene el Estado para seguir tirando de impuestos sin desmantelar lo demás.

Qué es la hucha de las pensiones y por qué se vació​

El Fondo de Reserva se creó en una etapa de bonanza con la idea de ser un colchón para los años malos. La tesis que recorre el análisis es que ese colchón se usó para cuadrar cuentas corrientes en lugar de reservarse para el ciclo demográfico adverso. Cuando el fondo se agotó, la financiación pasó a depender de impuestos que no están afectados específicamente a las prestaciones. Ese es el nudo del problema: un sistema concebido como autosostenido e independiente de los Presupuestos Generales del Estado dejó de serlo hace años y nadie ha repuesto el mecanismo.

Hay quien sostiene que el fondo nunca fue suficiente para el volumen actual de pensionistas y quien responde que el error no fue su tamaño, sino haberlo gastado antes de tiempo. La discusión sobre las cifras exactas del fondo se pierde en el detalle, pero el resultado es el mismo: hoy no hay reserva que cubra un trimestre completo.

El déficit no se arregla solo con recortes​

La aritmética es tozuda. Aunque se eliminara todo el gasto considerado superfluo —subvenciones, ayudas, partidas de libre disposición—, el cálculo que circula en el análisis no cubriría ni la mitad del déficit de las pensiones. Eso desmonta el argumento de que basta con apretarse el cinturón en lo accesorio. Las pensiones ya se están comiendo otras partidas: sanidad, infraestructuras, transporte. El mantenimiento de carreteras, la limpieza de cauces y la prevención de incendios son los primeros en notar el desplazamiento del gasto.

La pregunta que se plantea entonces es si la sociedad aceptaría un recorte de pensiones sin recortes equivalentes en otras áreas. La respuesta no es obvia. Hay quien defiende congelar todas las pensiones y los sueldos públicos, eliminar el ingreso mínimo vital y reducir el peso del Estado. Otros consideran que esa vía es impracticable sin romper el contrato social que sostiene el sistema.

Quién paga la pensión de quién: el debate sobre las cotizaciones​

Un argumento recurrente en el análisis es el de la equidad contributiva. Se sostiene que quien cotiza toda su vida laboral por la base máxima acaba cobrando una pensión que guarda poca relación con lo aportado, mientras que quien cotiza por la base mínima recibe una prestación proporcionalmente muy superior. El cálculo que se maneja es que la parte empresarial de la cotización —alrededor de un 33%— no es un regalo de la empresa, sino que sale del valor del trabajo generado. Sumando la parte del trabajador y la del empresario, la carga sobre el salario bruto ronda el 40%.

De ahí surge la pregunta de si eso es una cotización o un impuesto. No es finalista, no se devuelve la parte de desempleo a quien nunca ha parado, y el rendimiento no se ajusta a lo aportado. La conclusión de esa corriente es que el sistema funciona como una transferencia intergeneracional con reglas que nadie ha consultado a los que están en la parrilla de salida.

El envejecimiento y la base demográfica​

El número de pensionistas crece y la base de cotizantes no lo hace al mismo ritmo. Ese desequilibrio es el motor del déficit. La discusión sobre cómo corregirlo incluye propuestas que van desde retrasar la edad de jubilación hasta reducir la cuantía de las pensiones más altas. Una idea que aparece con fuerza es que ninguna pensión debería superar el salario medio del país. Otra es que la actualización anual al IPC debería limitarse al mínimo vital, dejando el resto de la pensión sin revalorizar.

El problema de fondo es que el sistema se diseñó para una pirámide demográfica que ya no existe. Cualquier ajuste que se haga ahora será impopular, y cualquier ajuste que se retrase será más caro. La discusión no es si habrá que tocar las pensiones, sino cuándo y cómo.

Las salidas que se barajan​

Las opciones que aparecen en el análisis son limitadas. Subir impuestos al tabaco y al alcohol es una medida recurrente, pero su capacidad recaudatoria es marginal frente al agujero. Emitir deuda es otra vía, con el argumento de que el Banco Central Europeo acabará comprándola. Quienes defienden esa salida sostienen que el dinero es un número y que el respaldo último es la capacidad productiva del conjunto de la eurozona. Quienes la critican responden que eso es trasladar el coste a los que vengan después.

La tercera vía es el recorte. Congelar pensiones, reducir las más altas, eliminar prestaciones no contributivas. Ninguna de ellas es popular, y todas tienen defensores y detractores dentro del propio análisis. Lo que no aparece es una cuarta vía que resuelva el problema sin tocar ninguna de las tres.

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La conclusión provisional es que el sistema aguanta mientras alguien siga poniendo dinero. Cuando ese alguien deje de ponerlo, la discusión no será sobre pensiones, sino sobre qué se cae primero. Y para entonces, los que ahora debaten sobre la hucha estarán cobrando la suya.