Las pensiones actuales deben bajar a la mitad

Debate sobre el sistema de pensiones y el choque generacional​

El sistema de Seguridad Social español nació con la Ley 193/1963 sobre Bases de la Seguridad Social, desarrollada por el Decreto 907/1966. Aquel diseño no separaba la pensión de la sanidad ni de otras prestaciones: las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas financiaban todo el paquete. A cambio, el IRPF, el IVA y el resto de impuestos eran mucho más bajos. Ese es el punto de partida que se recuerda en el arranque de esta discusión, y sobre él se monta una tesis incómoda: el sistema de reparto actual extrae de las generaciones que vienen por detrás una cantidad que algunos cifran en más de 200.000 millones anuales.

La propuesta que da título al asunto es tan simple como brutal: las pensiones actuales deben bajar a la mitad. No es una ocurrencia aislada. Es la conclusión a la que llega una parte del análisis cuando se compara lo que se cotizó en pesetas con lo que se cobra en euros, y cuando se mira el calendario y se comprueba quién paga y quién cobra.

De qué se habla cuando se dice que las pensiones deben bajar a la mitad​

El núcleo del planteamiento es que el sistema de reparto, tal como está montado, no es un seguro individual sino una transferencia entre generaciones. Quien cotizó durante décadas con bases bajas recibe ahora una pensión que, en muchos casos, no guarda relación con lo aportado. Y quien cotiza hoy con bases más altas se enfrenta a una jubilación que, según los cálculos más pesimistas, será una fracción de la actual.

Hay quien sostiene que el problema no es el pensionista concreto, sino el diseño. Un sistema de capitalización puro, en el que cada uno recibe lo que aportó, subiría algunas pensiones y bajaría la gran mayoría. Ese es el argumento que se repite: no se trata de que los pensionistas deban recibir lo que aportaron, sino de que cada pensionista reciba lo que aportó él. La diferencia es sutil pero cambia todo el resultado.

La objeción inmediata es que el sistema no se diseñó para eso. Se diseñó para garantizar una vejez digna, y en esa lógica el importe de la pensión no debería depender de la base de cotización. Si el objetivo es que nadie acabe la vida sin lo mínimo, no tiene sentido que un jubilado de banca cobre más que un peón metalúrgico que pasó cuarenta años en la fábrica. Cuando ambos llegan al hospital público, nadie les pregunta cuánto cotizaron para decidir el material del implante de cadera.

El fondo de reserva, el rescate bancario y la versión que no cuadra​

Una de las derivadas más discutidas es el destino del fondo de reserva de las pensiones. La versión que se repite en una parte del análisis es que ese dinero se invirtió primero en bonos del tesoro y se fue gastando para pagar los déficits anuales del sistema hasta agotarse. La versión que se rebate es que el fondo menguó porque había que tirar de él para pagar las pensiones en un contexto de paro elevado.

El cruce de acusaciones sobre quién vació la hucha es un clásico. Se atribuye a un gobierno haber creado el fondo y a otro haberlo usado para lo que se había pensado, y se acusa a un tercero de haberlo gastado en rescates. La respuesta es que el rescate de los bancos públicos se hizo con fondos europeos, no con la hucha de las pensiones. Cada parte tiene su relato y ninguno cede.

Lo que sí aparece como consenso incómodo es que el sistema se sostiene, en las condiciones actuales, con emisión de deuda. Mientras el grifo del dinero barato siga abierto, el tinglado aguanta. Si se cierra, la conversación cambia en cuestión de horas.

Quién va a pagar la fiesta y quién va a cobrar la mitad​

El pronóstico más repetido es que la generación que hoy tiene entre treinta y cincuenta años va a comerse el ajuste. Si las pensiones actuales bajan a la mitad, las de dentro de una década bajarán a la cuarta parte y las de dentro de veinte, a un octavo. Y eso en el caso de los que hayan trabajado. Los que no, tendrán que seguir ejerciendo de camareros con ochenta años.

La respuesta a ese pronóstico es que el ajuste ya está en marcha por la vía silenciosa: más años de cotización, retraso de la edad de jubilación y el mecanismo de equidad intergeneracional. No hace falta un decreto que recorte el 50%: basta con dejar que el sistema se vaya desinflando solo.

La discusión sobre los mínimos también tiene su miga. Hay quien defiende que ninguna pensión debería superar los 2.000 euros actuales, mientras el sueldo mediano ronda los 1.600. Y hay quien recuerda que las pensiones no contributivas y las de viudedad se pagan sin cotización previa, lo que para unos es solidaridad y para otros es un agujero.

El problema no son solo las pensiones​

La conversación se extiende al conjunto del gasto público. Se apunta a la estructura del Estado, a los sueldos políticos, a la corrupción y a la falta de productividad. La idea que flota es que el dinero se tira a paladas y que las pensiones son solo la partida más visible.

También aparece la comparación con otros modelos. El sistema británico se cita como ejemplo de pensiones pequeñas, cotizaciones bajas y planes privados para quien quiera más. La pregunta que queda en el aire es si ese modelo es deseable o es simplemente el que ya estamos importando sin decirlo.

El cierre del asunto no llega. Unos sostienen que el sistema es una estafa piramidal que solo se sostiene con deuda. Otros, que el problema no son los pensionistas sino el diseño. Y una tercera parte, que la solución pasa por recortar todo lo que no sea contributivo antes de tocar las pensiones. Nadie tiene la última palabra, y el calendario corre.