Las personas beneficiarias de la ley de nietos "Es distinguir entre ciudadanos de una categoría y otra” >:(

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La decisión del Tribunal Supremo de España de suspender el derecho a voto de los españoles que han obtenido la nacionalidad a través de la ley de nietos, que se la otorga a los descendientes de exiliados, ha causado extrañeza y rechazo entre los beneficiarios de la norma en diferentes países de América. El tribunal ha decidido aceptar, en parte, la petición formulada por la formación de extrema derecha Vox, para restringir este derecho fundamental al considerar que el actual gobierno socialista de España pretendía inflar el censo para beneficiarse de estos hipotéticos votos.

En los 16 años que Felipe Gómez lleva nacionalizado como español, nunca había ejercido su derecho al voto. Este profesor de políticas culturales es nieto de una exiliada republicana, Encarnación Ruiz, quien llegó a México en 1939. Él tramitó la ciudadanía en 2010, tres años después de la aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica, por una “cuestión identitaria y de memoria”. Ahora, tras las últimas noticias, lo ve distinto. “Creo que puede ser un mal cálculo de la derecha ultra, porque nos puede llevar a varios a asegurar, a luchar por nuestro derecho al voto. Y no votaríamos por la derecha que es precisamente quien quiere impedirlo”, explica por teléfono.

El Supremo ha paralizado, de forma cautelar, el voto de los beneficiados por la ley que no logren “acreditar” ser descendientes o nietos de exiliados, aunque no se ha explicado cómo se debe hacer esta acreditación. Felipe Gómez presentó en su momento un acta del ingreso de su abuela al Puerto de Veracruz. Ella llegó a bordo del barco Flandre tras la victoria franquista. Entró a México con sus 10 hermanos y su padre, Ramón Ruiz Rebollo, quien había sido fruta de la Segunda República en Cantabria. “No creo que yo vaya a tener problema”, considera Gómez. Este año él sí va a hacer el proceso para tratar de votar.

Más allá de su caso personal, este profesor mexicano, de 44 años, recalca que la del Supremo es todavía una resolución temporal. “Yo prevería que antes de las elecciones esto se haya resuelto conforme a la ley. Ningún estado democrático en el siglo XXI puede hacer una distinción entre tipos de connacionales, porque sería como distinguir entre ciudadanos de una categoría y de otra”, apunta. La decisión del Supremo limita exclusivamente al derecho al voto, sin afectar a las concesiones de nacionalidad. Ante eso, Gómez señala: “No tendría cabida que se reconozca la plena ciudadanía excepto el tan fundamental e importante derecho al voto”.

La comerciante y profesora de educación física Antonia Álvarez, una chilena de 43 años, dice sentirse española por todos los costados y está a un paso de obtener la nacionalidad por la ley de nietos, un trámite que inició a mediados de 2024 y del que asegura pretende tener una respuesta en unos meses debido a que están en resolución los expedientes ingresados hace dos años. De ahí que cuando supo la decisión del Supremo de paralizar el derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrático sintió incertidumbre: “Esto, claramente, afectará a muchas personas que debieran tener este derecho como ciudadanos, los que la obtuvieron y los que estamos en trámite. Esta decisión [del Supremo] nos hace sentir despreciados porque es una forma de decir: ‘Usted no tiene este derecho porque no nació acá’. En el momento en que ocurre esta exclusión uno comienza a pensar de qué más será excluido. Pareciera existir una discriminación ante la ley y los que tenemos más incertidumbre somos los que aún esperamos respuesta”, dijo.

Su preocupación es la misma que tienen otros cinco miembros de su familia, incluyendo a su padre y dos hermanas, que también esperan una respuesta del Consulado de España en Santiago de Chile: “No solo pienso en mí, sino en todas las personas que, al igual que yo, hicieron este trámite como una forma de reivindicar sus historias”.

Argentina es el país con mayor número de españoles residentes fuera de España. Entre los 543.971 contabilizados por el Gobierno hasta el 1 de enero todavía no estaba Maxiliano Calichio. Este argentino de 39 años cuenta que hace solo dos semanas que recibió el correo electrónico en el que se le anunciaba que había sido aprobada su solicitud de ciudadanía española. Él, su hermano Leandro y su padre se nacionalizaron este año gracias a la ley de nietos, a la que Calichio considera “un acto de justicia por todos los forasteros españoles que recibió Argentina”. En total fueron más de dos millones, entre ellos su bisabuela, que llegó de Galicia a principios del siglo XX.

A Calichio le alegró tanto el citado correo como ahora le sorprende el fallo del Tribunal Supremo. Le cuesta creer que pueda ser español pero que no tenga derecho a ejercer el voto cuando haya elecciones. “Si uno tiene la ciudadanía piensa que va a poder votar, ¿no? Es raro”, responde. Este administrativo admite que no fue uno de los motivos por los que solicitaron la ciudadanía, pero sí que contemplaba hacerlo cuando llegase el momento. “Sigo la política internacional e imaginaba que cuando se acerquen las elecciones me iba a informar más y elegir a un candidato”, dice.

El ingeniero Gonzalo García, de 60 años, era el único que no tenía la ciudadanía española en su familias hasta hace más de un año: su esposa y sus dos hijas ya estaban nacionalizadas. Él pudo obtenerla con la ley de nietos en 2025, de la que se benefició por el parentesco con sus abuelos paternos, nacidos en La Rioja y Bilbao. “No es algo bueno, porque uno espera participar de la actividad democrática que hay en el país donde te has nacionalizado”, señala.

Él decidió nacionalizarse porque, eventualmente, podrían establecerse en España. “Me costó mucho conseguir los papeles de uno de mis abuelos porque su literal de nacimiento fue registrada en un pueblo donde quedan 30 personas y lo pude hacer a través de una tía. Cuando me concedieron la ciudadanía estaba muy feliz, no me lo podía creer, porque siempre he querido vivir fuera de Chile y esta es una oportunidad”.

Fredy Jaldin Ronquillo (Camagüey, 33 años) lleva poco más de un año residiendo en Galicia, a donde llegó en 2025 tras nacionalizarse español por la Ley de Memoria Democrática. Como cientos de sus compatriotas en los últimos años, llegó buscando una vida mejor, prosperidad económica, pero también consciente de que quería sentirse uno más del país al que acababa de llegar y así ejercer todos sus derechos. Ahora se molesta con la idea de que su voto no cuente en unas elecciones en el país en el que vive. “Uno viene también con el deseo de poder ejercer democracia y hacerse escuchar por primera vez. Me impacta, sobre todo, viniendo de un país como Cuba, donde la voz individual no cuenta”, se lamenta.

Desde que se estableció en España, Fredy siente que su camino de vida ha sido el mismo que el de sus bisabuelos –llegaron a Cuba en la década de 1930 huyendo de la guerra-, pero a la inversa. Estudió arquitectura en La Habana, una profesión que durante décadas ha sido prohibido ejercer de forma independiente en la isla, y que ahora él desarrolla en Galicia. “Desde que llegué me regularicé y estoy trabajando de lo que estudié. ¿Aporto económicamente a este país y no voy a tener derecho a participar de su democracia? Eso me hace pensar que tal vez mi futuro no está en España y sí en otro país donde sepan apreciar mejor mi calidad como ciudadano”.