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Las promesas de Sánchez se evaporan mientras la izquierda defiende el alquiler franquista
26/09/2026Daniel Lacalle-El Español
«So you think you’re back on the right line, turning water into wine, silver into gold» Nick Barrett.
Hay pocas cosas más llamativas que ver a toda la izquierda española defendiendo las leyes franquistas de controles de alquileres que hicieron que miles de inmuebles quedasen en la ruina y dejaron barrios enteros envejecidos y abandonados.
Ocho años después de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez ha acumulado anuncios de cientos de miles de viviendas, pero el problema real de acceso se agrava.
La solidaridad con la propiedad de los demás no es empatía, es postureo.
Sánchez lleva ocho años gobernando. Prometió un acumulado de 400.000 viviendas públicas en diferentes ocasiones y ha movilizado menos de un 12%, con cero construidas. 272.000 desahucios. Toda la política de vivienda de Sánchez es ahogar la oferta, atacar a los propietarios y penalizar la inversión.
La vivienda cara y escasa no es una fatalidad. Es una política. El objetivo es crear una sociedad dependiente que culpe a los propietarios del fracaso gubernamental.
La solución, por supuesto, no pasa por congelar precios ni demonizar la inversión, sino por construir, liberalizar suelo y proteger a los vulnerables con recursos públicos.
La política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez se resume en anunciar decenas de miles de viviendas mientras se defienden, de hecho, mecanismos que reducen la oferta, castigan la inversión y perpetúan privilegios arbitrarios.
El resultado era previsible, en España hay más demanda, escasez de vivienda asequible, alquileres más altos en los nuevos contratos y hogares jóvenes cada vez más expulsados de las zonas con oportunidades.
La izquierda se presenta como defensora del derecho a la vivienda. Sin embargo, cuando tiene que elegir entre construir más, movilizar inversión y facilitar que se edifique allí donde la gente quiere vivir, opta siempre por la intervención ineficaz, el titular y la confrontación con propietarios.
El debate en torno a las rentas antiguas ilustra bien esa incoherencia.
Esto no es una política de vivienda. Es un sistema de privilegios trasnochado y fracasado.
En julio de 2024, Sánchez anunció un plan de 43.000 viviendas para alquiler social y asequible, financiado con 6.000 millones de euros en préstamos y avales del ICO. Ese programa se integraba en una promesa mayor: construir o poner a disposición más de 180.000 viviendas. El propio gobierno reconoce que no se llegará a las 18.000.
El problema no es que el Gobierno anuncie vivienda pública. No es suficiente. España necesita mucha más. El problema es que el Gobierno presenta como resultados lo que son objetivos vagos, cifras movilizadas o promociones sin valor.
A abril de 2026, el Ejecutivo hablaba de 120.479 viviendas “movilizadas” dentro de su objetivo de 183.000. Sin embargo, esa etiqueta esconde un enorme fracaso, ya que no equivale a vivienda construida, entregada y disponible para una familia.
El Gobierno se niega a dar la información que detalle cuántas están construidas y entregadas. Obviamente, si oculta la cifra es porque es desastrosa.
La distancia entre promesa y ejecución es evidente en otras promesas. Un recuento publicado en abril cifraba en 276.000 las viviendas protegidas anunciadas por Sánchez en seis años, con más de 400.000 viviendas totales anunciadas, incluyendo promociones asequibles. La realidad muestra unas 49.000 entregadas desde 2021.
El Gobierno ha anunciado 43.000 viviendas, 183.000 viviendas, 276.000 viviendas, siempre en periodos electorales. Pero las familias no alquilan anuncios.
El Banco de España ha señalado que el alquiler residencial ha sufrido un crecimiento insuficiente de la oferta para absorber una demanda sostenida. También ha destacado que la combinación de una demanda fuerte y una oferta relativamente rígida se traduce en aumentos persistentes de precios.
El déficit acumulado ilustra la magnitud del problema. Entre 2021 y 2025, el Banco de España estima que España acumuló un desfase cercano a 750.000 viviendas. Entre 2022 y 2024 se concedieron aproximadamente 345.000 licencias de obra frente a una formación neta de 604.000 hogares.
La escasez no se crea porque exista inversión. Se crea cuando la oferta no puede responder a la demanda.
España necesita vivienda en las grandes áreas urbanas, en los municipios donde se concentra el empleo, en las zonas universitarias y en las áreas conectadas con infraestructuras. Hablar de vivienda pública es ineficaz porque no es suficiente. Se necesita mucho más.
Para mitigar el problema de vivienda de España hacen falta suelo finalista, planes urbanísticos actualizados y series, redes eléctricas y conexiones, seguridad jurídica, financiación y permisos rápidos.
La OCDE ha pedido expresamente a España acelerar y digitalizar los procedimientos urbanísticos, liberar suelo edificable en las zonas de mayor demanda y reforzar la seguridad jurídica para atraer inversión.
También advierte de que el alquiler social en España representa solo el 3% del parque, por debajo de referencias europeas, y calcula que el país necesitaría unas 850.000 viviendas sociales adicionales para aproximarse a la media de la Unión Europea.
El problema de fondo es que España no tiene suficiente oferta. Lo que hoy es un problema, dentro de muy poco será una crisis.
Hay una paradoja que la izquierda evita debatir. Rechaza el rentismo cuando se trata de un pequeño propietario que alquila una vivienda, pero defiende con fervor un tipo de privilegio aún más evidente. El de las personas que mantienen, durante décadas, un derecho a ocupar una vivienda con una renta artificialmente congelada.
Las rentas antiguas fueron un producto de la regulación de alquileres del franquismo y de sus efectos prolongados. Durante décadas, muchos propietarios recibieron importes desvinculados de los costes reales de mantenimiento, de la inflación, de los gastos de comunidad, de los impuestos y del valor de mercado.
Defender sin matices la perpetuación de esas situaciones no equivale a defender el derecho a la vivienda. Equivale a exigir que un propietario concreto, la mayoría familias o una pequeña empresa, soporte una carga social que debería financiar el Estado, que ya recauda una cantidad desorbitada en impuestos.
La solidaridad es una responsabilidad pública. Si una persona necesita ayuda para no perder su vivienda habitual, el Estado puede actuar con alquiler social, ayudas directas, residencias o viviendas públicas, mediación profesional, programas de realojo y servicios sociales.
Lo que no puede hacer es convertir al propietario particular en un departamento público de vivienda sin presupuesto, sin compensación y sin límites temporales.
Es especialmente llamativo que quienes denuncian cualquier “privilegio” económico defiendan al mismo tiempo que el precio de un activo privado quede congelado de forma indefinida, independientemente de los costes y del contexto. Eso no es justicia social. Es arbitrariedad política.
La tentación política de controlar precios es pura demagogia. Los gobiernos no controlan los precios, los suben. Una medida así no resuelve el problema, lo empeora. No construye una vivienda adicional, no convierte suelo no urbanizable en suelo edificable y no acelera una licencia. Es más, elimina rápidamente la oferta.
La controvertida ley de congelación de alquileres de Berlín, conocida como Mietendeckel, implementada en febrero de 2020, provocó una caída de hasta el 60% en la oferta de viviendas disponibles para arrendar en el sector regulado, según el instituto IFO.
Si el propietario percibe que no podrá actualizar una renta en línea con costes, riesgo e inflación, tendrá más incentivos a no alquilar, vender, destinar el inmueble a otro uso o seleccionar de manera más restrictiva al arrendatario. El resultado no es una vivienda más barata para todos, sino un mercado con menos viviendas disponibles, más límites de acceso y un salto de precio mayor para quienes entran por primera vez.
La tragedia de esta política es que protege al inquilino ya instalado y penaliza al joven, al trabajador que cambia de ciudad, a la familia que se separa o al estudiante que busca su primer alquiler. Es una política que crea “insiders” y “outsiders”. Y eso es exactamente lo contrario de una política social.
La realidad de los desahucios judiciales merece mucho más rigor que el habitual uso partidista de cifras y casos personales. En 2025 se practicaron 25.540 lanzamientos en España. El 71,7% —18.317 casos— procedió de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que 4.346, el 17%, se vinculó a ejecuciones hipotecarias.
Las cifras muestran una realidad que exige políticas públicas serias. Claro que hay hogares con dificultades reales, y una gran parte de los lanzamientos está asociada al impago del alquiler.
La política social no se hace con el balance y la propiedad de los contribuyentes propietarios. Los propietarios y contribuyentes en general ya pagan una cantidad desproporcionada de impuestos para hacer políticas sociales y buscar alternativas a los vulnerables.
Convertir el vencimiento de un contrato de renta antigua en una acusación sarracena contra el propietario es una forma cómoda de evitar la responsabilidad del Estado.
Una agenda liberal de vivienda no equivale a abandonar a quienes tienen dificultades. Significa dejar de prometer milagros regulatorios y poner el foco donde se crean las viviendas, en la oferta, en la inversión y en la seguridad jurídica.
También aplicar la ventanilla única y plazos vinculantes para los ayuntamientos y las comunidades autónomas, reformar la Ley del Suelo con reglas más estables, menos litigiosidad y seguridad jurídica para promotores, propietarios y compradores, orientar las ayudas al hogar vulnerable, no congelar el mercado, dar seguridad a pequeños arrendadores y reducir impuestos que encarecen el acceso.
Menos gravámenes sobre transmisiones, construcción y rehabilitación ayudarían a movilizar vivienda. Hasta la OCDE ha recomendado revisar impuestos que pueden distorsionar el mercado.
España no necesita defender los privilegios heredados de un sistema de control de rentas franquistas ni repetir promesas sin ejecución. Necesita construir más, rehabilitar más, facilitar más suelo, reducir burocracia, movilizar capital privado y dedicar recursos públicos a quienes realmente los necesitan.
Después de ocho años, el balance de Pedro Sánchez en la “legislatura de la vivienda” es desastroso. Muchos anuncios y propaganda, una oferta insuficiente y una crisis que se agrava al aumentar la inseguridad jurídica. Política de vivienda de Powerpoint comunista.
La solución no es más demagogia intervencionista. Es una política de vivienda que respete la propiedad, proteja al vulnerable y, sobre todo, haga posible que se construyan las casas que España necesita.
«So you think you’re back on the right line, turning water into wine, silver into gold» Nick Barrett.
Hay pocas cosas más llamativas que ver a toda la izquierda española defendiendo las leyes franquistas de controles de alquileres que hicieron que miles de inmuebles quedasen en la ruina y dejaron barrios enteros envejecidos y abandonados.
Ocho años después de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez ha acumulado anuncios de cientos de miles de viviendas, pero el problema real de acceso se agrava.
La solidaridad con la propiedad de los demás no es empatía, es postureo.
Sánchez lleva ocho años gobernando. Prometió un acumulado de 400.000 viviendas públicas en diferentes ocasiones y ha movilizado menos de un 12%, con cero construidas. 272.000 desahucios. Toda la política de vivienda de Sánchez es ahogar la oferta, atacar a los propietarios y penalizar la inversión.
La vivienda cara y escasa no es una fatalidad. Es una política. El objetivo es crear una sociedad dependiente que culpe a los propietarios del fracaso gubernamental.
La solución, por supuesto, no pasa por congelar precios ni demonizar la inversión, sino por construir, liberalizar suelo y proteger a los vulnerables con recursos públicos.
La política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez se resume en anunciar decenas de miles de viviendas mientras se defienden, de hecho, mecanismos que reducen la oferta, castigan la inversión y perpetúan privilegios arbitrarios.
El resultado era previsible, en España hay más demanda, escasez de vivienda asequible, alquileres más altos en los nuevos contratos y hogares jóvenes cada vez más expulsados de las zonas con oportunidades.
La izquierda se presenta como defensora del derecho a la vivienda. Sin embargo, cuando tiene que elegir entre construir más, movilizar inversión y facilitar que se edifique allí donde la gente quiere vivir, opta siempre por la intervención ineficaz, el titular y la confrontación con propietarios.
El debate en torno a las rentas antiguas ilustra bien esa incoherencia.
El sanchismo condena cualquier desigualdad patrimonial, salvo aquella que nace de un contrato congelado durante décadas y que obliga a otro particular a financiar, de forma indefinida, una política social que correspondería al Estado.
Esto no es una política de vivienda. Es un sistema de privilegios trasnochado y fracasado.
En julio de 2024, Sánchez anunció un plan de 43.000 viviendas para alquiler social y asequible, financiado con 6.000 millones de euros en préstamos y avales del ICO. Ese programa se integraba en una promesa mayor: construir o poner a disposición más de 180.000 viviendas. El propio gobierno reconoce que no se llegará a las 18.000.
El problema no es que el Gobierno anuncie vivienda pública. No es suficiente. España necesita mucha más. El problema es que el Gobierno presenta como resultados lo que son objetivos vagos, cifras movilizadas o promociones sin valor.
A abril de 2026, el Ejecutivo hablaba de 120.479 viviendas “movilizadas” dentro de su objetivo de 183.000. Sin embargo, esa etiqueta esconde un enorme fracaso, ya que no equivale a vivienda construida, entregada y disponible para una familia.
El Gobierno se niega a dar la información que detalle cuántas están construidas y entregadas. Obviamente, si oculta la cifra es porque es desastrosa.
La distancia entre promesa y ejecución es evidente en otras promesas. Un recuento publicado en abril cifraba en 276.000 las viviendas protegidas anunciadas por Sánchez en seis años, con más de 400.000 viviendas totales anunciadas, incluyendo promociones asequibles. La realidad muestra unas 49.000 entregadas desde 2021.
El Gobierno ha anunciado 43.000 viviendas, 183.000 viviendas, 276.000 viviendas, siempre en periodos electorales. Pero las familias no alquilan anuncios.
El Banco de España ha señalado que el alquiler residencial ha sufrido un crecimiento insuficiente de la oferta para absorber una demanda sostenida. También ha destacado que la combinación de una demanda fuerte y una oferta relativamente rígida se traduce en aumentos persistentes de precios.
El déficit acumulado ilustra la magnitud del problema. Entre 2021 y 2025, el Banco de España estima que España acumuló un desfase cercano a 750.000 viviendas. Entre 2022 y 2024 se concedieron aproximadamente 345.000 licencias de obra frente a una formación neta de 604.000 hogares.
No se puede solucionar esa brecha con una ley de topes, una campaña contra los propietarios o un nuevo organismo público.
La escasez no se crea porque exista inversión. Se crea cuando la oferta no puede responder a la demanda.
España necesita vivienda en las grandes áreas urbanas, en los municipios donde se concentra el empleo, en las zonas universitarias y en las áreas conectadas con infraestructuras. Hablar de vivienda pública es ineficaz porque no es suficiente. Se necesita mucho más.
Para mitigar el problema de vivienda de España hacen falta suelo finalista, planes urbanísticos actualizados y series, redes eléctricas y conexiones, seguridad jurídica, financiación y permisos rápidos.
La OCDE ha pedido expresamente a España acelerar y digitalizar los procedimientos urbanísticos, liberar suelo edificable en las zonas de mayor demanda y reforzar la seguridad jurídica para atraer inversión.
También advierte de que el alquiler social en España representa solo el 3% del parque, por debajo de referencias europeas, y calcula que el país necesitaría unas 850.000 viviendas sociales adicionales para aproximarse a la media de la Unión Europea.
El problema de fondo es que España no tiene suficiente oferta. Lo que hoy es un problema, dentro de muy poco será una crisis.
Hay una paradoja que la izquierda evita debatir. Rechaza el rentismo cuando se trata de un pequeño propietario que alquila una vivienda, pero defiende con fervor un tipo de privilegio aún más evidente. El de las personas que mantienen, durante décadas, un derecho a ocupar una vivienda con una renta artificialmente congelada.
Las rentas antiguas fueron un producto de la regulación de alquileres del franquismo y de sus efectos prolongados. Durante décadas, muchos propietarios recibieron importes desvinculados de los costes reales de mantenimiento, de la inflación, de los gastos de comunidad, de los impuestos y del valor de mercado.
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 estableció precisamente un régimen transitorio para terminar con ese modelo, al reconocer que convertir un contrato privado en una obligación casi perpetua era incompatible con un mercado de alquiler mínimamente funcional.
Defender sin matices la perpetuación de esas situaciones no equivale a defender el derecho a la vivienda. Equivale a exigir que un propietario concreto, la mayoría familias o una pequeña empresa, soporte una carga social que debería financiar el Estado, que ya recauda una cantidad desorbitada en impuestos.
La solidaridad es una responsabilidad pública. Si una persona necesita ayuda para no perder su vivienda habitual, el Estado puede actuar con alquiler social, ayudas directas, residencias o viviendas públicas, mediación profesional, programas de realojo y servicios sociales.
Lo que no puede hacer es convertir al propietario particular en un departamento público de vivienda sin presupuesto, sin compensación y sin límites temporales.
Es especialmente llamativo que quienes denuncian cualquier “privilegio” económico defiendan al mismo tiempo que el precio de un activo privado quede congelado de forma indefinida, independientemente de los costes y del contexto. Eso no es justicia social. Es arbitrariedad política.
La tentación política de controlar precios es pura demagogia. Los gobiernos no controlan los precios, los suben. Una medida así no resuelve el problema, lo empeora. No construye una vivienda adicional, no convierte suelo no urbanizable en suelo edificable y no acelera una licencia. Es más, elimina rápidamente la oferta.
La controvertida ley de congelación de alquileres de Berlín, conocida como Mietendeckel, implementada en febrero de 2020, provocó una caída de hasta el 60% en la oferta de viviendas disponibles para arrendar en el sector regulado, según el instituto IFO.
Advertencia del BdE
El Banco de España ha advertido de que los límites a las subidas de los alquileres elevan de forma apreciable el precio de los nuevos contratos. También ha alertado de que los controles de precios y ciertos incentivos fiscales pueden reducir la oferta en alquiler y distorsionar el mercado.Si el propietario percibe que no podrá actualizar una renta en línea con costes, riesgo e inflación, tendrá más incentivos a no alquilar, vender, destinar el inmueble a otro uso o seleccionar de manera más restrictiva al arrendatario. El resultado no es una vivienda más barata para todos, sino un mercado con menos viviendas disponibles, más límites de acceso y un salto de precio mayor para quienes entran por primera vez.
La tragedia de esta política es que protege al inquilino ya instalado y penaliza al joven, al trabajador que cambia de ciudad, a la familia que se separa o al estudiante que busca su primer alquiler. Es una política que crea “insiders” y “outsiders”. Y eso es exactamente lo contrario de una política social.
La realidad de los desahucios judiciales merece mucho más rigor que el habitual uso partidista de cifras y casos personales. En 2025 se practicaron 25.540 lanzamientos en España. El 71,7% —18.317 casos— procedió de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que 4.346, el 17%, se vinculó a ejecuciones hipotecarias.
Las cifras muestran una realidad que exige políticas públicas serias. Claro que hay hogares con dificultades reales, y una gran parte de los lanzamientos está asociada al impago del alquiler.
Pero la respuesta no puede ser erosionar la seguridad jurídica de todos los contratos, incivil al arrendador o alargar indefinidamente procesos judiciales. Eso solo encarece el alquiler y reduce el número de propietarios dispuestos a poner vivienda en el mercado.
La política social no se hace con el balance y la propiedad de los contribuyentes propietarios. Los propietarios y contribuyentes en general ya pagan una cantidad desproporcionada de impuestos para hacer políticas sociales y buscar alternativas a los vulnerables.
Convertir el vencimiento de un contrato de renta antigua en una acusación sarracena contra el propietario es una forma cómoda de evitar la responsabilidad del Estado.
Una agenda liberal de vivienda no equivale a abandonar a quienes tienen dificultades. Significa dejar de prometer milagros regulatorios y poner el foco donde se crean las viviendas, en la oferta, en la inversión y en la seguridad jurídica.
Qué hacer
Las prioridades deben ser claras. Liberar suelo donde existe demanda. Aumentar densidad y edificación en áreas bien conectadas, con infraestructuras y oportunidades de empleo, acortar plazos de licencias, silencio administrativo positivo con garantías.También aplicar la ventanilla única y plazos vinculantes para los ayuntamientos y las comunidades autónomas, reformar la Ley del Suelo con reglas más estables, menos litigiosidad y seguridad jurídica para promotores, propietarios y compradores, orientar las ayudas al hogar vulnerable, no congelar el mercado, dar seguridad a pequeños arrendadores y reducir impuestos que encarecen el acceso.
Menos gravámenes sobre transmisiones, construcción y rehabilitación ayudarían a movilizar vivienda. Hasta la OCDE ha recomendado revisar impuestos que pueden distorsionar el mercado.
Propuestas
La vivienda no se abarata por decreto. Se abarata cuando hay más viviendas compitiendo por atraer a inquilinos y compradores.España no necesita defender los privilegios heredados de un sistema de control de rentas franquistas ni repetir promesas sin ejecución. Necesita construir más, rehabilitar más, facilitar más suelo, reducir burocracia, movilizar capital privado y dedicar recursos públicos a quienes realmente los necesitan.
Después de ocho años, el balance de Pedro Sánchez en la “legislatura de la vivienda” es desastroso. Muchos anuncios y propaganda, una oferta insuficiente y una crisis que se agrava al aumentar la inseguridad jurídica. Política de vivienda de Powerpoint comunista.
La solución no es más demagogia intervencionista. Es una política de vivienda que respete la propiedad, proteja al vulnerable y, sobre todo, haga posible que se construyan las casas que España necesita.
