Le OKUPAN su casa y la POLICÍA lo acaba deteniendo

Ocupan su piso en Sevilla y la Policía acaba deteniendo al dueño​

El propietario de un piso de la calle Monsalves, en el centro de Sevilla, pasó de denunciar una ocupación a acabar esposado. Ricardo Román, de 55 años, vio cómo la Policía Nacional le retiraba las llaves de su propia vivienda para entregárselas al hombre que se había instalado dentro. Un auto judicial archivó después la detención y le dio la razón: a juicio de la juez, el contrato de alquiler que exhibía el ocupante es falso y el acceso se hizo con una llave falsa. Nadie ha procedido, por ahora, ni contra el ocupante ni contra los agentes.

Qué ocurrió el 1 de diciembre en la calle Monsalves​

Ricardo fue al piso, metió la llave y no pudo abrir. Pensó que su hermana o la limpiadora la habían dejado puesta por dentro y avisó a un cerrajero. En ese momento apareció un hombre con un contrato de alquiler que decía ser el inquilino y residir allí desde el 26 de noviembre. Le advirtió de que tuviera cuidado, porque él «sabía mucho de Derecho». El dueño sostiene que el documento es falso, y el auto de archivo lo respalda. Ricardo llamó a otra hermana y, juntos, avisaron a la Policía. Los agentes leyeron el contrato, dijeron que ellos «no podían hacer nada» y se marcharon del inmueble.

La llave que abría sin dificultad y los cuatro agentes​

Al día siguiente, 2 de diciembre, Ricardo volvió al edificio y accedió al patio interior, que seguía siendo zona común. Desde allí vio al ocupante salir solo, cargado con bolsas de plástico y una mochila. Probó su llave en la cerradura y abrió sin ninguna dificultad. Sus hermanas entraron y, ya dentro, oyeron que alguien metía una llave y daba una patada a la puerta. Al rato llegaron al bloque el ocupante, un menor y cuatro policías nacionales.

Una de las hermanas abrió y los agentes la invitaron a abandonar la vivienda, «porque le iban a hacer entrega de la misma al ocupante». Los cuatro registraron el piso de arriba abajo y no encontraron ni una sola pertenencia del ocupante. La familia mostró las escrituras, documentación médica y un certificado de discapacidad para acreditar por qué estaba allí. Después, tres agentes subieron al piso de los vecinos e invitaron a Ricardo a ir con ellos a su vivienda; una vez allí, comprobaron que sus llaves abrían el bombín antiguo y decidieron identificarlo y detenerlo.

El inquilino del piso de enfrente, Airbnb y un lanzamiento el 13 de diciembre​

Una de las propietarias reconoció al ocupante: era el inquilino del piso de enfrente. Facilitó a los agentes el teléfono de su casero, que confirmó que llevaba varios años viviendo allí, que conocía perfectamente a los vecinos y que sabía que estos eran los legítimos propietarios del inmueble ocupado. También les dijo que tenía señalada la fecha de lanzamiento para el 13 de diciembre.

El propio ocupante admite que tiene la vivienda ocupada y alega que tiene a su cargo a un menor y no puede quedar desamparado. Según el relato, alquila el piso por Airbnb para uso turístico y los días que está alquilado se va a dormir a la azotea, donde hay un colchón a la vista. En el edificio se han registrado destrozos en buzones y cerraduras, que podrían deberse a un intento de conseguir facturas para dar de alta nuevos contratos de luz y agua.

Detención, llaves entregadas y un consejo sobre el coche​

Según la denuncia, los agentes confiscaron las llaves a la familia, les sacaron de la vivienda y entregaron la posesión al ocupante, con todo su contenido, además de llevarse a Ricardo detenido: la primera vez en 55 años, sin un solo altercado previo. El relato añade un detalle llamativo. Aconsejaron a su hermana que se llevara el coche de la plaza de garaje de su propiedad para evitar que el ocupante pudiera tomar represalias contra el vehículo.

El auto posterior archivó la detención del propietario. No consta, en cambio, actuación alguna contra el ocupante ni contra los agentes que practicaron el arresto.

Cortar la luz, cambiar el bombín o no llamar a la Policía​

El caso alimenta una discusión que va más allá del suceso. Hay quien sostiene que no existe una ley específica de ocupación, que el fenómeno se ha convertido en un problema nacional y que urge una solución pública, con la dificultad añadida de distinguir entre grandes tenedores, propietarios particulares y familias con apuros reales. Este episodio añade una vuelta de tuerca: el ocupante era inquilino formal de otro piso del mismo edificio y alquila el suyo por temporadas, un dato que, para varios participantes, desmonta el relato de la necesidad sobrevenida.

Las recetas que circulan entre los participantes son de resistencia pasiva. Dar de baja la luz y el agua sin haber denunciado antes la ocupación, con el argumento de que el propietario no sabía que hubiera nadie instalado allí. Contratar previamente la potencia mínima para que un alta posterior exija un boletín que el ocupante no tiene. El aviso con el que otros acompañan esa vía: el reenganche es fácil y la baja puede acarrear sanción. De ahí otra precaución que se repite, poner los suministros a nombre del inquilino en cualquier alquiler.

También hay quien plantea recurrir a empresas de desokupación y una minoría defiende entrar por la fuerza y cambiar el bombín, con el riesgo de acabar denunciado. El propio caso demuestra que la vía policial tampoco sale gratis.

Con la detención archivada, el contrato declarado falso y el piso todavía en manos del ocupante, queda la pregunta incómoda: ¿cuántos propietarios se lo pensarán dos veces antes de volver a llamar a la Policía?