Quién presiona a las empresas para girar al wokismo
El dinero de los fondos públicos de pensiones estadounidenses, gestionado por BlackRock, Vanguard y State Street, es el mecanismo que empuja a las grandes empresas a adoptar políticas de diversidad, equidad e inclusión (ESG). Así lo sostiene Anson Frericks, ex alto ejecutivo de Anheuser-Busch, que dejó la cervecera en parte por cómo las compañías estadounidenses desafiaban el sentir del público metiéndose en política. Su tesis, difundida en una entrevista en Fox News, apunta a una cadena de presión que empieza en los políticos que supervisan esos fondos y termina en el lineal del supermercado.
La cifra que maneja Frericks es contundente: BlackRock, Vanguard y State Street administran alrededor de
20 billones de dólares. Con ese volumen, según su tesis, su capacidad de influir en el gobierno corporativo de las cotizadas es notable. El fondo de pensiones de California, el mayor del país con
237.000 millones de dólares en activos, es el ejemplo que cita: políticos californianos ordenaron deshacerse de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, exigen a las gestoras compromisos ESG si quieren seguir administrando ese dinero.
Qué es la presión ESG y cómo llega a tu carrito de la compra
El argumento del exejecutivo es que la cadena funciona en dos direcciones. Los políticos que supervisan los fondos públicos imponen condiciones a las gestoras; las gestoras, a su vez, las trasladan a las empresas en las que invierten. Un participante del debate lo compara con pedir una hipoteca y que te la concedan con la condición de colgar una bandera en el balcón. La consecuencia, según Frericks, son decisiones como la fallida promoción de Bud Light con la influencer transgénero Dylan Mulvaney, que provocó boicots y caídas de ventas en Anheuser-Busch.
El caso de Georgia aparece en su relato como ejemplo de reacción corporativa: Coca-Cola y Delta Air Lines se pronunciaron contra la ley de integridad electoral aprobada por los legisladores estatales. No es la única marca señalada. Target y otras compañías han vivido episodios similares. La pregunta que sobrevuela es si esas decisiones responden a convicciones internas o a la presión de los grandes accionistas institucionales.
El contraargumento: los fondos siguen al dinero, no a la ideología
No todos compran la tesis de la imposición. Una corriente de análisis sostiene que los fondos se van de las empresas que no ganan dinero y que, si lo hicieran mal, los inversores abandonarían los fondos. Cualquiera puede entrar en BlackRock, recuerda este enfoque. La presión no sería ideológica sino de rentabilidad: las gestoras responden ante sus partícipes, no ante un comité político.
Frente a esto, otra línea argumental señala que el dinero del inversor individual ya no pesa tanto por la impresión monetaria desmedida y que las amenazas de provocar quiebras bursátiles forzarían la destitución de consejeros delegados poco afines. El resultado sería un management homogéneo, captado por modas sociológicas que las escuelas de negocio llevan años sembrando.
De BlackRock a la impresora: quién manda de verdad
En el trasfondo del asunto late una discusión más amplia sobre la arquitectura del poder económico. Hay quien sitúa a BlackRock y Vanguard como los verdaderos gobiernos occidentales, capaces de coordinar políticas simultáneas en medio mundo. Otros rebajan ese papel: los inversores ya no cuentan, manda la impresora. La Reserva Federal y los bancos centrales serían el actor decisivo, y las gestoras, simples comparsas de un sistema financiero que vive del enfrentamiento y no de un bando concreto.
La cuestión de por qué el giro woke se acelera en un momento determinado y no antes genera discrepancias. Una explicación apunta a la concentración de capital en unos pocos conglomerados de inversión a partir del año 2000. Otra subraya que el modelo industrial estadounidense está agotado y que el Imperio necesita mantener el control del sistema financiero para que no caiga en manos de rivales como China o India.
El boicot como respuesta y sus límites
La reacción del consumidor conservador ha sido desigual. Hay quien sostiene que el boicot a lo woke no va a remitir y que la solución pasa por evitar a las grandes empresas y consumir en las pequeñas. No se trataría de boicotear nombres concretos, sino de favorecer a los peces pequeños frente a los grandes. Otros dudan de la eficacia: si la mayoría de la población traga, el boicot es un gesto simbólico.
El escepticismo sobre el poder real del consumidor individual recorre buena parte del análisis. McDonald's, Coca-Cola o Gillette pueden ser percibidos como adversarios culturales, pero si no eres su cliente, su capacidad de influir sobre ti es limitada. La influencia indirecta, en cambio, es innegable: tienen poder sobre los gobiernos que regulan tu vida. Ahí está la trampa del razonamiento.
El punto donde el análisis se atasca
La discusión sobre el origen último de la agenda woke no encuentra cierre. Si son los políticos que supervisan los fondos públicos, como sostiene Frericks, la solución pasaría por cambiar a esos políticos. Si son las gestoras las que manejan a los gobiernos, el problema es de una escala que ninguna elección resuelve. Y si es la impresora monetaria la que dicta las reglas, el debate sobre BlackRock es una distracción.
Lo que queda claro es que la cadena de presión existe y que su eslabón más visible es el dinero de las pensiones. Cada vez que un fondo público exige compromisos ESG a una gestora, esa exigencia viaja hasta el consejo de administración de una cotizada. El consumidor solo ve el resultado final: un anuncio, un producto, un boicot. La pregunta de quién dio la primera orden sigue sin respuesta verificable.