Ley Animal; 10.000 euros de multa por dejar el pero fuera de la panadería mientras compras. Y puede que 200.000 euros por tener loris y periquitos

Hasta 200.000 euros por los loros y 10.000 por dejar el perro fuera​

Un perro atado al poste de la panadería mientras su dueño compra el pan ya tiene precio. La ley de bienestar animal contempla sanciones de 10.000 euros por dejar al animal fuera de un establecimiento y de hasta 200.000 euros por tener loros, periquitos o una tortuga de tierra sin haber pasado por el veterinario. A la fecha de esta discusión seguía sin publicarse la lista completa de qué animales se pueden tener legalmente en casa, así que muchos propietarios no saben si su mascota heredada es un compañero o un expediente. Hay quien sostiene que la mayoría de esas multas ni se tramitarán. El texto, entretanto, sigue vigente.

Qué castiga la ley: del perro atado a la puerta a los periquitos sin registrar​

El catálogo de sanciones es amplio y con importes que se leen como un sueldo anual. Dejar al perro fuera de un comercio mientras se compra: 10.000 euros. Permitir que la gata se quede preñada sin control: también entra en el radar de la norma. Poseer fauna exótica o silvestre sin la documentación veterinaria en regla: hasta 200.000 euros, la cifra que más circula y la que nadie termina de creerse. Tampoco se libra el sacrificio del animal, que en el material aparece tasado en 50.000 euros de sanción.

A eso se suma una obligación doméstica que sorprende a más de uno: no se puede dejar al perro solo más de 24 horas. Y una pregunta que sigue abierta: la lista definitiva de especies permitidas. Mientras no llegue, el dueño de un periquito heredado no sabe qué está incumpliendo exactamente, pero sabe que puede.

¿Por qué la ley pone el foco en quien deja que su gata se quede preñada?​

Porque el goteo de camadas domésticas alimenta el mismo sistema que después desborda las perreras. Con miles de gatos y perros esperando en protectoras, criar en casa deja de ser una decisión estrictamente privada: cada camada no adoptada que acaba en la calle la sostienen donaciones y voluntariado. Es el argumento que más peso tiene entre quienes defienden la norma.

La objeción llega desde el otro lado y es igual de tajante: considerar infracción que un animal se quede preñado supone meter la ley en el salón de casa. Se trata, dicen, de controlar lo que ocurre dentro de un hogar por una sospecha. Las dos posturas no se pueden reconciliar porque no hablan de lo mismo: una discute la responsabilidad colectiva y la otra, la propiedad.

¿Se puede entrar con el perro al supermercado?​

Sí, salvo que el comercio lo prohíba en lugar visible. Es la contrapartida que menos se ha discutido y la que puede cambiar hábitos de compra. Aparece el cruce de carteles: el de «prohibido perros» y el de «no se admiten pagos con tarjeta». Un negocio con los dos pierde por partida doble, según el razonamiento que se repite.

El rechazo no viene solo de quien no tiene mascota. Hay propietarios que no quieren meter al perro en una tienda: lo ven más tranquilo en la calle o dentro del coche que rodeado de piernas y carritos. Otros avisan del problema sanitario cuando un animal olfatea la sección de alimentación. Y una certeza: si los clientes con perro son mayoría suficiente, poner el cartel de prohibido dejará de salir rentable.

Esterilizar colonias felinas y el efecto que nadie calculó​

Las colonias de gatos callejeros atendidas por voluntarios se han ido esterilizando, con casetas, comida y veterinario incluidos. El resultado a medio plazo que se observa en algunas ciudades es incómodo: sin reemplazo generacional, los gatos envejecen y mueren, y donde cazaban ahora campean las ratas. La conclusión que se extrae es que el control de una población animal tiene consecuencias a varios años vista y en cadena.

¿Multa disuasoria o impuesto encubierto?​

Mantener animales cuesta dinero antes de que llegue ninguna sanción. En el material aparece el cálculo de un hogar con cuatro perros: 90 euros de veterinario en una sola visita y unos 100 euros al mes en comida. Sumar a eso una amenaza de 10.000 euros por improvisar cambia la conversación: ya no se discute el bienestar del animal, sino si la norma funciona como una tasa encubierta.

La duda razonable es de aplicación. Los importes se comparan con el salario medio y con el coste de otras sanciones administrativas, y la conclusión que se repite es que nadie va a perseguir un periquito en un pueblo. Lo que no evita que quien tiene un expediente abierto se enfrente a una cifra que no puede pagar.

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El caso que cierra el círculo es el de una gata de 16 años que nunca ha salido de casa y que lleva ocho sin vacunas ni microchip. Con el texto en la mano, su dueño pasa a ser infractor con multas que en el material se cifran hasta 50.000 euros. El animal no ha pisado la calle en su vida. La ley tampoco distingue eso.