Libertad para los MÁRTIRES de la Manada, la Arandina y Alves

Presos por denuncias falsas: la inseguridad jurídica que nadie frena​

¿Puede acusarte cualquiera de un delito sexual sin prueba alguna y bastar su palabra para condenarte? Es la pregunta que recorre un asunto que lleva 953 días abierto y que, a la fecha de esta discusión, sigue sin respuesta tranquilizadora. El punto de partida es una tesis incómoda: existiría una cadena de condenas a inocentes en toda Europa occidental, con nombres propios como los de la Manada, la Arandina o Dani Alves, y con una conclusión amarga para quien firma el mensaje que abre el asunto: «no existe el Estado de Derecho».

A partir de ahí, el asunto se parte en dos corrientes que apenas se escuchan. Una sostiene que el problema es estructural: leyes redactadas de tal forma que la palabra de la acusación pesa más que cualquier prueba en contra, incluidos vídeos y testimonios. La otra rebaja el diagnóstico y lo atribuye a un mal uso concreto: el sexo sin compromiso. El que folla y desaparece, viene a decir esta segunda línea, se expone a que la otra parte se sienta ofendida y busque venganza por la vía penal.

Qué plantea el mensaje que abre el asunto​

El texto inicial no se anda con matices. Habla de «presos políticos INOCENTES» y de «miles de hombres condenados ilegal e injustamente», y sitúa el origen en lo que llama «la tiranía criminal feminista socialista comunista». La advertencia va dirigida a cualquier hombre, incluso al que se define como incel: mañana puede tocarle a él, aunque presente pruebas en vídeo y testimonios, porque, según esta versión, «su palabra basta» y «absolutamente nadie va a defenderte».

El marco que propone es internacional: «una mafia internacional que se cobra piezas de hombres inocentes en todo Occidente». No cita sentencias concretas ni estadísticas. Es una denuncia en bloque, sin expediente, y eso condiciona todo lo que viene después: el asunto se mueve entre la acusación genérica y el caso particular.

La teoría del sexo sin consecuencias como origen del problema​

La respuesta más desarrollada del asunto no niega las denuncias falsas, pero les cambia la causa. Sostiene que las mujeres que denuncian en falso lo hacen contra hombres a los que odian o de los que esperan sacar algo, y que ese odio nace, casi siempre, de una relación sexual previa sin compromiso. De ahí una conclusión que se repite con insistencia: «si eres virgen y pobre, estás completamente a salvo».

El consejo que se deriva es de manual: nunca tener relaciones con alguien con quien no se aspire a una relación estable o con quien no se querría tener hijos. Y una advertencia sobre la propaganda contemporánea: creerse que «a las mujeres les gusta el sexo igual que a los hombres» es el camino directo al problema. La promiscuidad, dice esta corriente, no es normal ni ha funcionado nunca en ninguna sociedad ni época.

Hay un cálculo implícito en esa tesis que conviene subrayar: si la denuncia falsa nace del despecho, el riesgo se reduce a cero cuando no hay encuentro sexual. La afirmación se lanza como certeza, no como hipótesis, y ahí está su punto débil: no aporta un solo caso que la respalde.

El contraargumento: también hay denuncias sin relación previa​

La objeción llega pronto y es directa: no es cierto que la abstinencia te blinde. Se sostiene que hay denuncias falsas en matrimonios, con convivencia estable y sin promiscuidad de por medio, y que basta con que a alguien «se le crucen los cables». La respuesta a eso es que se trata de otro tema, pero el golpe queda dado: la teoría del despecho no cubre todos los casos.

Aparece también la objeción más incómoda para cualquier teoría que dependa del comportamiento de la víctima: se puede denunciar en falso a un hombre impotente. Si el riesgo no depende de lo que uno haga, el consejo de conducta pierde sentido. Y una precisión que desmonta el marco temporal: el problema no es la promiscuidad, son «las leyes actuales», que convierten cualquier acusación en un riesgo real.

La inseguridad jurídica como cuestión de fondo​

Cuando el asunto lleva rodado, el foco se desplaza. Ya no se discute si el sexo ocasional genera rencor, sino si el sistema judicial protege o no al acusado. La formulación más repetida es la de «inseguridad jurídica que crean unas leyes injustas y discriminatorias, que llevan a inocentes encarcelados, por sentencias aberrantes». El caso de Dani Alves se cita como ejemplo de sentencia desproporcionada: tras ver el fallo, la conclusión de un participante es que habría que meter en la cárcel al juez y a la denunciante, e indemnizar al futbolista.

La crítica se extiende a la prensa, descrita como «una furcia que sirve a quien le paga», y al uso político del asunto. Se menciona a Conde-Pumpido y a Juan Fernando López Aguilar para ironizar sobre la existencia de dos varas de medir: si fueras hijo de según quién, la causa se archivaría de inmediato. La sospecha de fondo no es nueva: la justicia no trata igual a todos.

La salida que propone una parte: pagar y no arriesgar​

Entre los consejos prácticos aparece uno que se repite con retranca: «el que folla pagando termina ahorrando». La idea es que la prostitución elimina el riesgo de denuncia falsa porque no hay expectativa de relación. La recomendación se completa con una propuesta de castigo social: a la denunciante falsa habría que señalarla, para que ningún hombre con dos dedos de frente se le acerque, «por mera precaución, por supervivencia».

El problema de ese razonamiento es que traslada la carga al acusado y no al sistema. Si la única defensa es no relacionarse, la presunción de inocencia queda en papel mojado. Y eso, precisamente, es lo que se denuncia en el mensaje inicial.

El choque entre tradición religiosa y libertad individual​

La discusión deriva hacia el terreno moral. Una parte defiende que las normas sexuales judeocristianas no son un capricho clerical, sino «el acervo cultural milenario de un pueblo», y que seguirlas evita el 100% de los problemas. La respuesta es tajante: cada cual puede seguir la doctrina que quiera, pero lo que se reclama aquí es recuperar «mi libertad individual, mi presunción de inocencia y mi seguridad jurídica».

El intercambio deja una paradoja sin resolver. Si el problema son las leyes, la solución no puede ser portarse bien. Y si la solución es portarse bien, entonces las leyes no son el problema. Nadie cierra el círculo.

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Al final, la pregunta que abría el asunto sigue sin respuesta: ¿basta la palabra de una persona para arruinar la vida de otra? Con las leyes actuales, y a la vista de lo discutido, la respuesta que se desprende no invita al optimismo. Lo único claro es que, mientras unos discuten sobre la conducta sexual y otros sobre la presunción de inocencia, los inocentes siguen en la cárcel.