Llegan "los agentes de igualdad", agentes de ley con derecho a juzgar en base a la ideología feminista quién es o no delincuente, señoro, o machirulo.

Igualdad crea la profesión de agente de Igualdad​

¿Hacía falta una titulación universitaria específica para asesorar en igualdad dentro de las empresas? El Ministerio de Igualdad, con Ana Redondo al frente, aprobó el anteproyecto de ley que crea la profesión de agente de Igualdad, una figura que el PSOE presenta como «una reivindicación histórica del feminismo» y que llega con dos requisitos concretos: un grado en estudios de género, estudios feministas o políticas públicas de igualdad, más un máster oficial habilitante en Agente de Igualdad expedido por las universidades competentes. El anuncio, difundido por el propio ministerio y por las cuentas oficiales del partido, desató un vendaval de reacciones que va mucho más allá de la broma fácil.

La primera pregunta que se hace cualquiera que lea los requisitos es la de siempre: ¿esto crea empleo o crea chiringuito? La respuesta depende de a quién se le pregunte, y las dos versiones circulan con la misma seguridad.

Qué funciones tendrá el agente de Igualdad​

El texto que se ha difundido en el debate insiste en una idea: «El agente de igualdad no es policía ni tiene funciones policiales». Se trata, según esa descripción, de una profesión civil regulada por el Ministerio de Igualdad, enfocada exclusivamente a promover la igualdad de género. Sus tareas declaradas son asesorar en planes de igualdad, diagnosticar discriminaciones, diseñar políticas contra la desigualdad y ayudar en protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo.

Ese perímetro técnico es el que sostiene la versión más moderada del asunto. Hay quien lo resume así: es un puesto consultivo, sin capacidad sancionadora, integrado en la industria de la consultoría de género. La secuencia que se describe es la clásica: primero se crea la titulación, después las escuelas oficiales donde sacarse el título y, más adelante, la normativa que obligue a las empresas a partir de cierto tamaño a disponer de un agente de igualdad en plantilla para elaborar informes y estrategias.

La otra lectura es menos amable. Se argumenta que el anteproyecto no es más que el envoltorio legal de una red de colocación, con el título como filtro y el máster como peaje. La palabra «enchufar» aparece una y otra vez, casi siempre acompañada de la misma sospecha: que solo se lo sacarán los de la cuerda.

El máster como requisito y como negocio​

El detalle que más ampollas levanta no es la existencia de la figura, sino su puerta de entrada. Para ejercer hará falta un grado del ámbito de estudios de género y un máster oficial habilitante. Es decir, un itinerario académico completo y específico, sin atajos desde otras disciplinas.

Ahí es donde el debate se vuelve económico. Un título habilitante es, por definición, un cuello de botella: quien lo controle, controla el acceso. Y un cuello de botella universitario, con máster de por medio, tiene un precio. La consecuencia práctica es que la profesión nace cerrada sobre sí misma, con un filtro que no depende del desempeño ni de la experiencia, sino de haber pasado por el itinerario correcto.

La comparación que más se repite en el material es la del delegado de prevención o el delegado de protección de datos: figuras obligatorias en las empresas, con formación específica y con un mercado laboral propio. La diferencia, se apunta, es que aquí el criterio no es técnico, sino ideológico. De ahí el salto a la etiqueta que resume todo el malestar: comisarias políticas.

De la sospecha al marco mental: la comparación con 1984​

Buena parte del material no discute los detalles del anteproyecto, sino el marco en el que encaja. Las referencias a 1984 y a la neolengua aparecen repetidamente, junto a la comparación con la Stasi y con los comités de moralidad de la ficción distópica. La idea de fondo es que se está construyendo un aparato de vigilancia del lenguaje y de la conducta, aunque no tenga por escrito capacidad sancionadora.

Esa sospecha se concreta en un ejemplo que circula con sorna: la posibilidad de que ciertas expresiones coloquiales acaben teniendo consecuencias administrativas, con multas, cursillos de sensibilización y recargos por no presentarse. No hay en el material ninguna norma que recoja esas cifras; son escenarios hipotéticos que se usan para ilustrar hacia dónde se cree que va la cosa. Conviene decirlo claro: hasta la fecha de esta discusión, el anteproyecto aprobado no contempla ese régimen sancionador.

El argumento que sostiene esa desconfianza es más sencillo de lo que parece: si se crea un cuerpo de agentes con criterio propio sobre lo que es discriminación, y ese criterio se forma en un itinerario académico concreto, el resultado es un poder de facto aunque no sea un poder de iure. La distinción entre asesorar y juzgar se difumina en la práctica, sobre todo cuando el informe del agente condiciona un plan de igualdad o un protocolo de acoso.

Quién paga la fiesta y a quién beneficia​

El otro eje del debate es el dinero. La pregunta es directa: ¿esto crea empleo neto o redistribuye empleo existente? La respuesta que se da desde el escepticismo es que se trata de un sector subvencionado, financiado vía obligación empresarial, y que su expansión depende de que se amplíen las obligaciones. Es decir, de más normativa.

En paralelo, se apunta al efecto sobre las empresas pequeñas y medianas, que son las que tienen menos margen para absorber una figura obligatoria más. Si el umbral de plantilla baja, el coste se traslada al tejido productivo, no al presupuesto público. Es el mismo mecanismo que ya se aplica a la prevención de riesgos laborales o a la protección de datos, con la diferencia de que aquí el retorno medible es más discutible.

La versión oficial es que esto profesionaliza un ámbito que hasta ahora se cubría con voluntarismo y consultoras varias. La versión crítica es que se institucionaliza un sector que vive de la norma que lo crea. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, y ese es precisamente el problema.

El contexto que no se discute​

Mientras el foco está en el máster y en el chiringuito, hay un dato que pasa casi desapercibido: la creación de una titulación habilitante es una decisión que se toma una vez y condiciona el acceso durante décadas. Quien no tenga ese grado y ese máster, no ejerce. Punto. No hay examen de méritos alternativo, no hay reconocimiento de experiencia, no hay vía profesional desde otros campos.

Eso convierte el anteproyecto en algo más que una ley de igualdad: es una ley de ordenación profesional. Y las leyes de ordenación profesional, históricamente, han sido el mecanismo más eficaz para cerrar mercados y proteger a los ya instalados. Se llame como se llame.

Con estos mimbres, el resultado previsible es el de siempre: la figura existirá, las empresas la contratarán cuando la norma lo exija, y el debate sobre si servía para algo se resolverá dentro de unos años, cuando ya nadie se acuerde de que se podía haber discutido antes.