Lo de las ZBE de Madrid es demencial

Madrid activa 267 cámaras en la M-30 y las multas llegan por correo​

La Zona de Bajas Emisiones de Madrid funciona, en la práctica, como una máquina de sanciones automáticas. El objetivo declarado es reducir emisiones; el resultado que describe quien conduce a diario es otro: 267 cámaras que leen matrículas sobre la M-30 y su entorno, notificaciones que llegan a casa por correo y la impresión de que la ciudad ha cambiado aire limpio por un sistema de cobro. La rabia con la que se plantea el asunto no ayuda a ver los matices, pero debajo hay datos.

Qué pasó con Madrid Central y la promesa de eliminarlo​

El punto de partida era una promesa electoral: acabar con Madrid Central. El desenlace ha sido el contrario en extensión. Las restricciones no se han quedado en la almendra central: han saltado al cinturón de la M-30, donde antes solo multaban las cámaras instaladas sobre los semáforos. Ahí está la contradicción, y nadie la ha explicado con claridad.

El reproche que más se repite no es la existencia de la norma, sino la prioridad. 267 dispositivos para multar frente a un despliegue mucho menor destinado a seguridad ciudadana, según el cómputo que manejan los afectados. Ese contraste es el que enciende la conversación.

Sobre el calendario real de sanciones hay versiones. Los propietarios sostienen que, de momento, el sistema no está multando todo lo que podría y que las cartas siguen saliendo de los dispositivos antiguos. Si eso es cierto, la parte incómoda está por llegar: un conductor con etiqueta B se cree a salvo hoy y puede no estarlo mañana.

El truco del titular insolvente y su factura legal​

Ante el goteo de sanciones, una parte de los afectados ha sacado el coche de su propio nombre. La fórmula que se describe es sencilla: titularidad a nombre de un familiar mayor, sin carné, sin propiedades y sin más ingresos que una pensión mínima de viuda que se retira en efectivo el mismo día que entra. La multa llega, se ignora y muere en el limbo administrativo. El riesgo, y así se apunta, es que un día el embargo sorprenda a la titular antes de que pueda sacar el dinero.

Antes se barajaron vías peores. Cambiar la matrícula por la de otro vehículo del mismo modelo es delito de falsedad documental, y un conocido con placa advirtió de que el bastidor delata el truco en cualquier control. Duplicar placas entre dos coches de la familia, uno en cada ciudad, se descartó por el mismo motivo. Todo lo que implique falsificar papeles queda fuera, de momento.

Hay además un detalle jurídico que se suele olvidar: la obligación de llevar la matrícula legible y sin manipulaciones está tipificada, de modo que los trucos domésticos con fundas o pañuelos —populares en otros tiempos entre moteros— se sancionan igual.

¿Qué ha pasado en Londres con las cámaras de la ZBE?​

El espejo británico aparece con insistencia. En Londres se habla de más de mil cámaras dañadas, cortadas o robadas, con grupos que se identifican como «ULEZ Blade Runners» y que actúan coordinados pero de forma individual. Algunas versiones sostienen que la presión del sabotaje obligó a recular y que el sistema sale más caro que lo que recauda. Es una hipótesis, no un balance oficial.

La conclusión incomoda a los dos bandos. Si aquí el vandalismo organizado se considera impensable, el ajuste entre coste de vigilancia y recaudación acabará decidiendo qué dispositivos sobreviven.

El mapa desigual: de Roquetas de Mar a la M-50​

Las ZBE no son solo cosa de la capital. En localidades como Roquetas de Mar, con más de 100.000 habitantes repartidos en pedanías dispersas, la implantación se justifica por umbrales de población y no por problemas medidos de contaminación, según el relato de un vecino. En el País Vasco no existen y la amenaza es empezar a finales del año siguiente. La aplicación es tan desigual como el criterio.

Para buena parte de los conductores, la frontera es literal: la M-50. La lectura que se hace es que el centro se reserva a quien puede permitirse un coche nuevo y el resto se desplaza como puede. A ellos no les afecta, se repite, hasta que afecta.

¿Quién pide de verdad menos coches en el centro?​

No todo es resistencia. Hay quien defiende que los vecinos del centro y de barrios como Salamanca quieren cada vez menos coches, y que las protestas vienen sobre todo de quienes atraviesan Madrid desde el área metropolitana para trabajar. Ese argumento tiene sustancia y explica por qué el modelo sobrevive a los cambios de alcalde.

La masificación añade otra capa. En puentes y festivos el centro se llena de visitantes y la discusión sigue siendo la misma: si el problema son los coches que circulan, los que aparcan o los que no caben.

La escalada anunciada: de la etiqueta B a la ECO​

La sospecha más repetida es la de la escalera. Primero los coches sin etiqueta, después los B, luego los C y al final los ECO, porque —se argumenta— el objetivo no es la contaminación sino sacar el coche privado de la ciudad. En esa línea circulan teorías sobre la Agenda 2030 y las ciudades de quince minutos: marcos sin pruebas aportadas que conviene tratar como hipótesis de los afectados, no como hechos.

Lo que se denuncia es el criterio que deja fuera a gasolinas con etiqueta ECO y la sensación de que la norma premia la antigüedad del vehículo más que sus emisiones reales. El indicador, dicen, mide la matrícula, no el humo.

Si el patrón se mantiene, cabe esperar más cámaras, más cartas y más coches a nombre de terceros. La duda es cuánto aguanta el sistema antes de que vigilar salga más caro que cobrar. Esa cuenta no la ha publicado todavía nadie.