Salt: cuando el único techo posible es un piso okupado
¿Qué pasa cuando en un municipio hay más pisos vacíos en manos de grandes tenedores que familias buscando casa? En Salt, un municipio de 35.000 habitantes junto a Girona, la respuesta se escribió a pedradas. El
desahucio de Kalilou Diawara, imán de 70 años, su mujer y cuatro hijos menores, tras cinco años sin pagar la hipoteca, desató dos noches de altercados: medio centenar de personas atacaron la comisaría y un centenar, la mayoría encapuchadas, quemó contenedores junto al Ayuntamiento. La familia llevaba cinco años sin pagar la hipoteca de un piso propiedad de un banco. El detonante no fue solo el desalojo. Fue la constatación de que, en Salt, el 37% de los vecinos son extranjeros y el acceso a la vivienda se ha convertido en un laberinto sin salida.
El problema no es la okupación: es el alquiler que no existe
La ecuación es simple y brutal. Según el Sindicato de Vivienda de Salt, hay más de 1.800 pisos en manos de grandes tenedores a la espera de comprador. La Sareb, el banco malo estatal, tiene 135 activos inmobiliarios en el municipio. Muchas de esas viviendas están vacías, con alarmas para evitar ocupaciones, y no se alquilan. El teniente de alcalde de Territorio y Vivienda, Àlex Barceló, lo resume: el gran problema es «la vivienda vacía en manos de fondos buitres, que es el porcentaje más alto de desahucios que se producen».
Para los más vulnerables, esas viviendas vacías se convierten en la única salida. Aquí no se debate si ocupar está bien o mal. Aquí prima estar a cobijo. «Si una familia con niños entra de ocupa en un piso de un banco que el banco no alquila, hay que dejar que se queden. Lo siento, pero la gente no puede vivir así en la calle», resume Yassin, de 19 años, nacido en Nador y criado en Cataluña, que trabaja en una barbería y señala las persianas cerradas de la calle Àngel Guimerà. Su hermana, embarazada de gemelos, descartó alquilar un estudio sin habitaciones por 550 euros porque no sabría «dónde meter a los críos».
La tensión no es un fenómeno aislado. El desahucio de Diawara —conocido como Papa Diawara— prendió la mecha de un malestar creciente. Tras el desalojo, el hombre intentó entrar de nuevo a la vivienda, la alarma saltó, los Mossos acudieron y ejecutaron un desalojo exprés durante el cual, según la familia, recibió golpes y un empujón. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente. Lo que sí es un hecho es que, antes de la segunda noche de disturbios, Diawara envió un mensaje de audio a sus contactos pidiendo calma: «Que no hagan nada los jóvenes, si quieren concentrarse que sea de forma pacífica». No sirvió de nada. Una de sus nueve hijas, Henda, lo dijo con sorna: «Si hay gente que ha hecho el gilipollas ha sido porque ha querido. Que no metan a mi padre».
¿Por qué los altercados no fueron una muestra de solidaridad?
La mayoría de quienes salieron a la calle ni frecuentan la mezquita donde Diawara dirige el rezo ni apenas le conocen. Los altercados fueron una expresión de rabia, no de apoyo a un líder comunitario. La información que circula por las calles de Salt no es de buena calidad, y eso alimenta el ruido. Pero debajo del ruido hay un diagnóstico compartido: la vivienda es la diana de todos los males. «La gente viene a trabajar, a levantar España. Pero necesita un techo. La mayoría no tiene dinero para comprar, porque no tiene ahorros. Y alquilar no pueden porque no hay vivienda de alquiler», dice Yassin.
El regreso a casa no es un tema tabú. Salimata Frakone, de 60 años, lleva un tercio de su vida en la ciudad y ahora se plantea volver a Malí. «Los chicos jóvenes se están yendo a Francia, a Inglaterra... Solo quedaremos los viejos», cuenta en una tienda de moda africana. Madre de ocho hijos, compró un piso con su marido, pero dejaron de pagar las cuotas. El sueño europeo se ha quebrado en Salt, y no solo para los migrantes.
El relato oficial y el malestar que no cesa
El Ayuntamiento, en manos de Esquerra Republicana, comparte el diagnóstico sobre la vivienda vacía en manos de fondos. Pero la gestión no convence a todos. Hay quien sostiene que el consistorio es parte del problema, no de la solución. Y hay quien va más allá y habla de prevaricación. La discusión pública se ha llenado de acusaciones cruzadas, mientras los desahucios siguen y las listas de espera para una vivienda social no se acortan.
El malestar por la vivienda no es exclusivo de Salt. Es la punta del iceberg de un modelo que expulsa a los jóvenes y a los trabajadores de las ciudades. En Salt, el 37% de los vecinos son extranjeros, según el Instituto de Estadística de Cataluña. La convivencia se tensa cuando el mercado no funciona. Y cuando el mercado no funciona, la política de parches no basta. El problema no es quién okupa, sino por qué hay miles de pisos vacíos mientras las familias duermen en la calle. La respuesta, de momento, se escribe a pedradas. Y así nos va.