Los caballeros pretenden que no cometerían cualquier ilegalidad que les ordene el PSOE, como si no les conocieramos.

El juez que reta a la policía: ¿obedecerían órdenes ilegales del PSOE?​

"Si se fugan, la culpa será vuestra." La advertencia del juez Juan Carlos Peinado en su auto contra Begoña Gómez ha reabierto un debate que nunca se cerró del todo: ¿hasta dónde llega la lealtad de los cuerpos de seguridad al poder político? El magistrado señaló explícitamente que si la esposa del presidente desapareciera, los agentes encargados de su control se enfrentarían a penas de hasta 12 años de prisión por colaborar en la fuga. Pero lo que ha encendido los ánimos no es la amenaza a la policía, sino el reconocimiento implícito de que órdenes ilegales no son una ficción.

Antecedentes que pesan como losas​

Quienes defienden la tesis del juez no necesitan bucear demasiado en la hemeroteca. El recuerdo del 11M —con esa mochila de tornillos que "apareció" en una comisaría cuando los trenes estallaron con explosivos sin tornillos—, el caso Faisán o la ayuda de los Mossos a la fuga de Puigdemont son hitos que, según los análisis más críticos, demuestran que la cadena de mando político ha primado sobre la legalidad en más de una ocasión. Incluso se citan episodios más recientes, como la ejecución de las multas durante el estado de alarma, cuyos artículos 1, 3 y 5 fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. "¿Quién asumió responsabilidades?", se preguntan los sectores más escépticos.

El argumento de la obediencia debida​

La respuesta institucional suele ser la misma: "cumplimos órdenes". Pero en el plano jurídico, la obediencia debida no ampara delitos. Un abogado penalista consultado recordó que los agentes mienten en atestados y juicios sin que nunca se deduzca falso testimonio. Para muchos, el problema es sistémico: una corrupción que ha ido goteando desde los altos comisarios hacia abajo, alimentada por un sistema de enchufes y concursos a medida. "El sueldo y el miedo a perderlo convierten a cualquier persona en un autómata", resumía un veterano. El resultado es una pérdida de confianza ciudadana que, a ojos de los más críticos, solo se resuelve con una depuración profunda de los cuerpos.

Un aviso a navegantes​

El propio juez Peinado, según fuentes cercanas a la causa, quiso lanzar un mensaje preventivo. "Los funcionarios se enfrentan a cuatro delitos y hasta 12 años de inhabilitación si colaboran en una fuga", escribió el magistrado. Algunos analistas consideran que el auto es un "aviso a navegantes" para que nadie se acoja a la excusa de la obediencia debida. Otros, sin embargo, creen que la argumentación era innecesaria y que con la retirada del pasaporte bastaba.

El dato que descoloca: el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios artículos del estado de alarma. Millones de multas se impusieron bajo ese paraguas. Nadie ha respondido por ello.