La izquierda que venía a luchar contra las eléctricas.
Ni Red Eléctrica, ni el Gobierno. Serán finalmente los consumidores y las comercializadoras los que tendrán que pagar el coste del apagón, y lo harán durante un año con un porcentaje adicional en su factura mensual de la luz. Así lo ha determinado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha fijado en 38,7 millones de euros los costes de reposición por el cero eléctrico que sufrió toda la península ibérica el pasado 28 abril de 2025, tras la suspensión de las actividades de mercado por el «black out» del sistema eléctrico ocurrido a las 12.33 horas de ese día. Y lo ha hecho bajo los criterios de la liquidación del proceso de reposición de la red y la activación del plan de emergencia activado durante dos días.
El regulador, con el fin de evitar un "sobrecoste puntual e impactos desproporcionados sobre los consumidores en un único periodo", ha rechazado cargar la factura de la reposición sobre la demanda registrada exclusivamente durante las horas del apagón, por lo que se distribuirá el pago entre la demanda futura de comercializadores y consumidores directos de forma proporcional a su consumo a lo largo de un periodo de 12 meses. Así, el periodo de liquidación dará comienzo como máximo el primer día del mes siguiente transcurridos cuatro meses desde la publicación de la norma en el BOE. Previamente, Red Eléctrica (REE), en su condición de operador del sistema, deberá publicar el coste mensual de liquidación y el calendario detallado con al menos dos meses de antelación.
Con esta resolución, Competencia rechaza las alegaciones presentadas por 16 entidades -entre las que se incluyen patronales eléctricas, asociaciones de consumidores y comercializadoras-, que solicitaban que todo este coste de reposición de la red tendría que ser adscrito con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o mediante una modificación de los cargos regulados del sistema, argumentando que el origen de la interrupción fue ajeno al control y responsabilidad de los consumidores finales y, además, que por ser un coste de carácter extraordinario.
Sin embargo, la CNMC alega que carece de competencias legales para canalizar la financiación vía Presupuestos o modificar el real decreto de cargos, por lo que "la traslación a la demanda como componente del coste de la energía constituye la única alternativa viable en su marco competencial", asegura en su resolución. También rechaza las críticas recibidas por parte de las asociaciones de consumidores -que tachan la medida de "práctica abusiva-, porque "no se trata de trasladar indemnizaciones por daños, sino de pagar la energía efectivamente producida y consumida para devolver la electricidad al país durante una situación de emergencia legalmente prevista".
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En términos financieros, la Sala de Supervisión Regulatoria del regulador ha estimado el pago de esa cifra global de 38,7 millones, de los que 33,1 millones corresponden al coste directo de la generación que participó de forma activa en la reconstrucción del sistema -principalmente ciclos combinados de gas y centrales hidráulicas-, mientras que otros 5,6 millones de euros se destinan a financiar los intercambios internacionales de apoyo eléctrico prestados desde la frontera con Francia, "que no quedaron cubiertos mediante rentas de congestión", apostilla.
Pero esa no será la cifra total que deberá abonarse en la factura final, ya que deben descontarse los 9,1 millones de euros que ya fueron liquidados de manera preliminar a las instalaciones generadoras conforme al procedimiento de operación 3.9. Por ello, el regulador competente estima que el importe neto pendiente de liquidación asciende a 29,6 millones de euros, que se corresponden con la estimación de una demanda peninsular anual en el entorno de los 241.595 gigavatios hora (GWh), por lo que la repercusión unitaria que deberán asumir los consumidores en la factura eléctrica será de 0,12 euros por megavatio hora (euro/MWh), que serían 0,16 euros/MWh si se evalúa sobre el coste total bruto.
Esta metodología de cálculo aprobada para retribuir a las centrales que permitieron la reposición no ha tenido en cuenta las peticiones de algunas empresas generadoras y las propuestas iniciales del operador del sistema, que planteaban valorar la energía producida según las ofertas del mercado de restricciones técnicas, que alcanzaban valores de hasta 246 euros/MWh en ciclos combinados o 371 euros/MWh en hidráulica. La CNMC entiende que "dichas ofertas de partida, en un mercado 'pay as bid' y en un contexto de suspensión de mercados, habrían sobreestimado el coste real incurrido".
www.larazon.es
Ni Red Eléctrica, ni el Gobierno. Serán finalmente los consumidores y las comercializadoras los que tendrán que pagar el coste del apagón, y lo harán durante un año con un porcentaje adicional en su factura mensual de la luz. Así lo ha determinado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha fijado en 38,7 millones de euros los costes de reposición por el cero eléctrico que sufrió toda la península ibérica el pasado 28 abril de 2025, tras la suspensión de las actividades de mercado por el «black out» del sistema eléctrico ocurrido a las 12.33 horas de ese día. Y lo ha hecho bajo los criterios de la liquidación del proceso de reposición de la red y la activación del plan de emergencia activado durante dos días.
El regulador, con el fin de evitar un "sobrecoste puntual e impactos desproporcionados sobre los consumidores en un único periodo", ha rechazado cargar la factura de la reposición sobre la demanda registrada exclusivamente durante las horas del apagón, por lo que se distribuirá el pago entre la demanda futura de comercializadores y consumidores directos de forma proporcional a su consumo a lo largo de un periodo de 12 meses. Así, el periodo de liquidación dará comienzo como máximo el primer día del mes siguiente transcurridos cuatro meses desde la publicación de la norma en el BOE. Previamente, Red Eléctrica (REE), en su condición de operador del sistema, deberá publicar el coste mensual de liquidación y el calendario detallado con al menos dos meses de antelación.
Con esta resolución, Competencia rechaza las alegaciones presentadas por 16 entidades -entre las que se incluyen patronales eléctricas, asociaciones de consumidores y comercializadoras-, que solicitaban que todo este coste de reposición de la red tendría que ser adscrito con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o mediante una modificación de los cargos regulados del sistema, argumentando que el origen de la interrupción fue ajeno al control y responsabilidad de los consumidores finales y, además, que por ser un coste de carácter extraordinario.
Sin embargo, la CNMC alega que carece de competencias legales para canalizar la financiación vía Presupuestos o modificar el real decreto de cargos, por lo que "la traslación a la demanda como componente del coste de la energía constituye la única alternativa viable en su marco competencial", asegura en su resolución. También rechaza las críticas recibidas por parte de las asociaciones de consumidores -que tachan la medida de "práctica abusiva-, porque "no se trata de trasladar indemnizaciones por daños, sino de pagar la energía efectivamente producida y consumida para devolver la electricidad al país durante una situación de emergencia legalmente prevista".
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En términos financieros, la Sala de Supervisión Regulatoria del regulador ha estimado el pago de esa cifra global de 38,7 millones, de los que 33,1 millones corresponden al coste directo de la generación que participó de forma activa en la reconstrucción del sistema -principalmente ciclos combinados de gas y centrales hidráulicas-, mientras que otros 5,6 millones de euros se destinan a financiar los intercambios internacionales de apoyo eléctrico prestados desde la frontera con Francia, "que no quedaron cubiertos mediante rentas de congestión", apostilla.
Pero esa no será la cifra total que deberá abonarse en la factura final, ya que deben descontarse los 9,1 millones de euros que ya fueron liquidados de manera preliminar a las instalaciones generadoras conforme al procedimiento de operación 3.9. Por ello, el regulador competente estima que el importe neto pendiente de liquidación asciende a 29,6 millones de euros, que se corresponden con la estimación de una demanda peninsular anual en el entorno de los 241.595 gigavatios hora (GWh), por lo que la repercusión unitaria que deberán asumir los consumidores en la factura eléctrica será de 0,12 euros por megavatio hora (euro/MWh), que serían 0,16 euros/MWh si se evalúa sobre el coste total bruto.
Esta metodología de cálculo aprobada para retribuir a las centrales que permitieron la reposición no ha tenido en cuenta las peticiones de algunas empresas generadoras y las propuestas iniciales del operador del sistema, que planteaban valorar la energía producida según las ofertas del mercado de restricciones técnicas, que alcanzaban valores de hasta 246 euros/MWh en ciclos combinados o 371 euros/MWh en hidráulica. La CNMC entiende que "dichas ofertas de partida, en un mercado 'pay as bid' y en un contexto de suspensión de mercados, habrían sobreestimado el coste real incurrido".
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Los consumidores pagarán al final la factura del gran apagón: 29,6 millones en el recibo durante un año
El periodo de liquidación dará comienzo como máximo el primer día del mes siguiente transcurridos cuatro meses desde la publicación de la norma en el BOE
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