Muface: el Gobierno ofrece un 14% y las aseguradoras exigen un 40%
Los directores generales de Adeslas, Asisa y DKV salieron de una reunión en el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública sin nada firmado. El Gobierno les había citado para detallarles las condiciones del nuevo concierto de Muface y sobre la mesa quedó una cifra:
un 14% de subida de primas. Las aseguradoras pedían un
40%. Ninguna de las tres se presenta, por ahora, a la licitación.
Con ese pulso abierto, el concurso que debe garantizar la asistencia sanitaria de
un millón y medio de funcionarios y sus familias puede quedar desierto. El Ejecutivo dispone de tres meses para volver a sacarlo con mejores condiciones o para asumir que el modelo se le cae encima.
Por qué un 14% no le sale a cuenta a las aseguradoras
Las compañías sostienen que el concierto actual les cuesta
200 millones de euros al año en pérdidas. Alegan envejecimiento del colectivo, más siniestralidad y retrasos de la Administración a la hora de pagar. Con la inflación donde está, dicen, aplicar la subida propuesta agravaría el desequilibrio en lugar de corregirlo. La consecuencia es la que ya conocemos: las tres se han plantado.
El departamento que dirige la negociación es consciente de la encerrona. De ahí la convocatoria del viernes, que sirvió para constatar el desencuentro más que para acercar posturas.
Quién está realmente en Muface: dos de cada tres son docentes
El estereotipo apunta al funcionario de ventanilla. La estadística dice otra cosa:
más de 400.000 mutualistas titulares son personal docente de enseñanza no universitaria, lo que supone el
60% de los que están profesionalmente en activo. Los profesores se llevan el 65% del padrón y los administrativos, un 17%. La policía nacional completa el cuadro; la Guardia Civil va por ISFAS y no computa aquí.
Para 2024 está prevista la incorporación de aproximadamente
36.300 docentes funcionarios a la mutualidad. Es decir: cualquier movilización educativa y cualquier bloqueo del concierto golpea de lleno a las aulas.
¿Sale más caro mantener Muface o cargárselo?
Aquí está el nudo de todo. La prima media de Muface es de
984 euros; el coste por ciudadano en el sistema público,
1.608 euros. La patronal de la sanidad privada ASPE calcula que el concierto ahorra al Estado
más de 890 millones de euros al año y cifra en más de 1.000 millones el impacto de absorber a los mutualistas en la sanidad pública si el sistema desaparece.
Quien defiende el modelo se agarra a esa resta. Enfrente pesa un argumento simple: si al Estado no le saliera a cuenta, Muface no existiría.
La cuota, los descuentos y la cola que no se hace
Privilegio es la palabra que más se repite fuera del colectivo. Dentro hay quien recuerda que no sale gratis: los mutualistas aportan
alrededor del 1,7% de su salario bruto, elijan mutua o no. Un A1 paga unos 50 euros al mes por un seguro que en el mercado cuesta 60 o 70; un C1, treinta y pocos.
A eso se suman ventajas menos citadas: descuentos en ópticas, clínicas dentales, spas o hoteles concertados. Unas gafas de 250 o 300 euros pueden quedarse por poco más de 100. La crítica no va tanto por el precio como por el acceso: los mutualistas no hacen la cola de la pública, y a partir de ahora puede que sí.
¿Se está vaciando Muface por sí solo?
Los datos apuntan a una tendencia sostenida. Hace quince años el
90% de los mutualistas elegía mutua; hoy son el
70%, y bajando. El trasvase hacia la sanidad pública avanza a un ritmo cercano al
1% anual, empujado por las jubilaciones y por los nuevos que entran directamente al sistema público. La percepción de calidad entre los cuadros médicos de las concertadas no ayuda.
La paradoja es que el propio colectivo está dividido. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha reclamado financiación suficiente para el próximo concierto y no descarta movilizaciones si el Ejecutivo no responde. Pero hay funcionarios a los que un trasvase a la pública les parecería perfecto, e incluso algunos que verían con buenos ojos que el concierto cayera.
Muface existe, argumentan sus defensores, porque le sale más barato al Estado. Sobre esa resta —984 euros de prima media frente a 1.608 de coste público por ciudadano— se sostiene todo el edificio. Y es justo la resta que las aseguradoras dicen que ya no les cuadra.