Se acabó muface. el gobierno socialista y sumar deciden finiquitar el sistema privado.

Muface se apaga: los funcionarios descubren que ya pagaban su seguro​

El sistema sanitario de Muface no era gratis. Los mutualistas llevan años pagando su cuota a una aseguradora privada, y ese detalle desaparece de la conversación cada vez que alguien celebra que los funcionarios pasen a la sanidad pública. El concierto que cubre a 1,5 millones de funcionarios y sus familias se extingue por decisión del Gobierno con Sumar empujando, y el primer efecto no es un ahorro para las arcas públicas: es un trasvase de pacientes desde la póliza privada hasta las listas de espera del sistema general. Ningún ejecutivo anterior se había atrevido a tocar el modelo.

¿Qué es Muface y a quién deja fuera el nuevo reparto?​

Muface no cubre a todo el empleado público, solo a funcionarios del Estado y a los transferidos a las comunidades, y ahí los profesores son más del 60% del colectivo. Dentro están también la Policía Nacional, Hacienda o el SEPE. Fuera se quedan el personal laboral, los interinos —un millón largo—, los cuerpos propios de las autonomías, los funcionarios locales y los adscritos a la Seguridad Social y a los organismos autónomos. El mapa explica por qué la protesta no es la de un cuerpo uniforme.

Los militares y los guardias civiles siguen en ISFAS; el personal de Justicia, en MUGEJU. Ninguna de las dos está en la picota, pero ahí apunta el siguiente movimiento. Y con las tres mutualidades, la cifra de afectados potenciales crece muy por encima del millón y medio que suena en los titulares.

El envejecimiento que las aseguradoras ya no quieren financiar​

La edad media de los titulares pasó de 54,2 años en 2013 a 57,8 una década después. Un colectivo que envejece es un colectivo que consume: más patologías, más gasto, menos margen. El cálculo que circula añade otra capa: la retirada de la exención fiscal a las pólizas privadas encarece el producto justo cuando el perfil del asegurado se deteriora.

Ahí está la trampa del negocio. Adeslas y Asisa suenan como las únicas compañías dispuestas a pujar por el concierto; DKV se habría descolgado. El escenario que manejan los afectados es una prima mensual que salta de unos 40 euros a 200, y un grupo que directamente se queda fuera del mercado: enfermos crónicos, mayores y, en general, todo el que un actuario considera inasegurable.

Los jubilados de Clases Pasivas, el usuario invisible​

Casi nadie ha echado la cuenta. Los jubilados cobran su pensión de Clases Pasivas, pero su asistencia sanitaria, sus medicamentos y sus especialistas siguen saliendo de Muface. Todos ellos entran de golpe en la Seguridad Social. No es una ristra de mutualistas en activo: son dos frentes sumados al mismo embudo.

Con ellos viaja una letra pequeña que en lo privado se notaba. El jubilado con seguro privado no tiene las medicinas gratis; en la pública, sí. La factura farmacéutica no desaparece, cambia de pagador. Y la demora, si llega, se reparte entre los recién llegados y los que ya estaban en la cola.

Quién paga la factura autonómica​

La mayoría de las comunidades está gobernada por el PP, y son ellas las que reciben de golpe a los nuevos usuarios. De ahí sale la lectura política más repetida: trocear el sistema privado de los funcionarios y dejar la patata caliente en tejados ajenos. La versión de la otra orilla es más prosaica —las aseguradoras no querían el contrato— y recuerda que nadie había movido un dedo antes.

Hay quien va más lejos y sostiene que los tiempos de espera para un especialista o una intervención quirúrgica crecerán de forma notable, con demoras de meses en algunas autonomías. Y hay quien replica lo contrario: con los funcionarios dentro del sistema, exigirán sanidad pública de calidad, y eso acabará beneficiando a todos. La predicción se apoya en una intuición razonable, no en un dato.

Lo que costará pagarse lo que ya se pagaba​

La consulta de un especialista en la privada ronda los 100 euros, según los precios que se manejan para calcular el golpe. Para un funcionario del grupo más bajo, la alternativa pública no es una elección ideológica: es la única que le queda si el concierto muere.

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Con las primas donde están, el padrón envejecido y las aseguradoras mirando hacia otro lado, la discusión deja de ser quién gana la batalla política. La pregunta es otra: ¿cuántos de los 1,5 millones de afectados podrán pagarse por su cuenta lo que hasta ahora les cubría el concierto?