Los funcivagos siguen con la infame CITA PREVIA

Cita previa: pedir cita para pedir cita​

La cita previa nació para ordenar la atención al público. En la práctica, según los casos que se acumulan en los servicios de empleo, la DGT, Hacienda o los registros, se ha convertido en un embudo donde el ciudadano espera semanas para que le atiendan quince minutos. El resultado más repetido: imposible obtener cita por teléfono ni por la web, y una gestoría que cobra cerca de 100 euros de honorarios por hacer el papeleo que uno mismo no puede tramitar. Hay quien lo resume con una frase que duele por lo que tiene de cierta: para reclamar, primero hay que pedir cita previa.

Qué es la cita previa y por qué se ha vuelto un laberinto​

El sistema debía servir para que el ciudadano eligiera día y hora y no perdiera la mañana entera en una cola. Ese era el diseño. El uso real que describen quienes lo sufren es otro: pocas citas al día, agendas que se abren a cuentagotas y derivaciones a sedes de otras provincias. En el SEPE, según un testimonio, la cita se concede entrando a medianoche y probando varios días seguidos, como si el sistema premiara la insistencia insomne. En la DGT, la queja es más rotunda: ni por teléfono ni por la página oficial.

La paradoja se agrava cuando el trámite es mínimo. Un usuario relata que acudió a un registro a sellar unos modelos, se encontró la oficina vacía y le negaron la atención por no llevar cita. Le ofrecieron pedirla por web o teléfono. Para hoy no quedan. El absurdo tiene su propia lógica: si no hay nadie esperando, ¿qué protege la cita?

Los números: quince minutos por persona y cuatro horas de ventanilla​

El cálculo más repetido en los testimonios es demoledor. Si cada cita ocupa quince minutos, salen cuatro personas por hora. Con una jornada de atención de cuatro horas, son 16 personas al día. Si además falla una parte de los convocados —entrevistas, enfermedad, olvidos, trabajo—, la cifra real se queda en torno a 10 atenciones diarias. Con quince empleados en plantilla, el resultado es que atiende uno y el resto se turna. El dato no es una estadística oficial, es la aritmética que hacen los afectados con lo que ven en la ventanilla.

En Andalucía, según otro relato, el sistema asigna quince minutos por persona. En Metrovalencia, dos personas cada cuarto de hora, con varios puestos abiertos y uno solo atendiendo. La conclusión que se repite: la cita previa no raciona la demanda, raciona la oferta.

El SEPE y la DGT: esperas de semanas y desplazamientos de 50 kilómetros​

El caso del servicio de empleo es el más documentado. Un demandante relata que tardó 18 días en ser demandante de empleo y 28 días en conseguir cita para saber cuánto paro le corresponde. En su ciudad no había hueco en 35 días; las alternativas estaban en ocho localidades de entre 20 y 50 kilómetros. Acabó desplazándose a la capital para informarse. Solo para informarse.

La escena que describe ese mismo testimonio añade sal a la herida: de catorce mesas, una persona atendiendo. Una empleada llegó a las doce de la mañana con el turno empezado, según su relato. A las 12:03 solo quedaba un ciudadano en la sala. Nadie hacía nada. Asco de país, resume. La cita previa, en ese contexto, no ordena: esconde.

La cita previa para pedir la cita previa​

Hay un nivel superior de absurdo, y está documentado. En Hacienda, un contribuyente pidió cita por web. Cinco días después le llamaron para darle cita cuatro días más tarde. Es decir: una cita previa para que le dieran la cita previa. En el certificado digital ocurre lo mismo: se necesita cita para obtenerlo, y después cita para que expliquen cómo usarlo, y otra para presentar la queja, y otra para leer la notificación de la queja. La cadena no tiene fin conocido.

El colmo administrativo lo resume una frase que circula: para reclamar hay que pedir cita previa. Y si la reclamación es contra el sistema de citas, el bucle es perfecto.

Quién defiende el sistema y con qué argumentos​

No todo son críticas. Una parte de los afectados reconoce que la cita previa les ahorra tiempo: quien vive fuera de una capital y antes perdía la mañana entera, ahora llega, hace el trámite y sale antes de la hora asignada. Para ese perfil, es lo poco bueno que dejó la pandemia. Otro usuario lo compara con Correos: funciona, y pasar por delante de la cola con cita tiene su punto de satisfacción.

El contrapunto lo pone quien trabaja en ventanilla: atender a quien llega sin cita retrasa a quien sí la pidió, y muchos de los que se presentan sin cita no vienen por un problema real. La tensión no es ciudadano contra funcionario, es un diseño que enfrenta a los dos.

La crítica desde dentro: «anticonsitucional» y complemento de atención al público​

Uno de los mensajes más incómodos para el relato oficial llega desde dentro de la administración. Un empleado público sostiene que la cita previa está pensada para la comodidad del funcionario, no del ciudadano, y la califica de restrictiva del derecho de petición. Añade un dato relevante: los puestos mejor pagados son los de atención al público, precisamente porque es lo que más desgasta. Si se cobra el complemento, se atiende.

La crítica interna no es unánime, pero rompe el marco. No es el ciudadano contra la casta: es un sistema de incentivos donde atender molesta y la cita previa convierte la molestia en agenda.

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La pregunta no es si la cita previa es cómoda para quien la consigue. Es qué pasa con quien no la consigue nunca. Con agendas que se abren a cuentagotas, ventanillas semivacías y trámites que exigen otra cita para leer la respuesta de la primera, el sistema ha dejado de ordenar la demanda y ha empezado a administrar la escasez. ¿Cuántas de esas citas que no se conceden son, en realidad, atención que nunca se quiso dar?