SI-ADS Los inspectores reconocen que hacienda investiga más a los asalariados

Los inspectores de Hacienda admiten que van a por el asalariado​

El colectivo que firma las liquidaciones lo dice sin rodeos: con la plantilla que hay y la presión por cumplir objetivos, las inspecciones van donde es más fácil cobrar. El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda (OIH), Ransés Pérez Boga, lo reconoció en un curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica: la escasez de recursos y los objetivos empujan a centrarse en los colectivos más controlables, los asalariados y los beneficiarios de la deducción por compra de vivienda. «Con el número de empleados que tenemos y la presión por llegar a los objetivos se trabaja así», vino a decir.

No es una filtración ni una sospecha. Es la explicación de quien manda en el cuerpo que practica las inspecciones. Y la conversación posterior, prolongada durante años, no ha hecho más que añadir capítulos a esa misma idea.

Qué significa que Hacienda mire más al asalariado que a la gran empresa​

La versión oficial es que ese fraude es menor pero rentable a corto plazo. Las grandes compañías tienen más fácil recurrir a esquemas de elusión fiscal; los particulares, no. A medio plazo, sostiene el presidente de los inspectores, el objetivo debe ser perseguir a todos los contribuyentes. La frase, leída en frío, es un reconocimiento: hoy no se persigue a todos.

La versión menos amable, sostenida por varios funcionarios en el debate, apunta a la mecánica del incentivo: los datos de un asalariado están en su nómina y los bancos los entregan sin resistencia, lo que elevaría el porcentaje de inspecciones exitosas y mejoraría las estadísticas de eficacia. Según ese mismo relato, los inspectores cobran un plus de productividad proporcional a la cuantía que regularizan, y ese plus sube si el contribuyente da su conformidad en lugar de recurrir. Ir a lo fácil tendría premio.

¿Por qué los inspectores dicen que la presión fiscal española es baja?​

Porque comparan. España ocupa el puesto 19 de los 28 países de la UE, mientras Francia está en el tercero con una presión fiscal del 45% y Alemania en el décimo con un 39%. De ahí el diagnóstico: hay un problema de ingresos porque «no llega el dinero» que debería llegar. El propio colectivo admite que cualquier subida iría a pagar deuda y no a políticas nuevas.

El matiz importa, porque la comparación se hace sin mirar el sueldo medio de cada país. Con salarios que en Francia o Alemania duplican a los españoles —al menos eso sostienen quienes rechazan el diagnóstico—, igualar porcentajes sobre una renta menor no sale gratis. Y el IVA, con su proliferación de tipos reducidos, tampoco ayuda a la caja.

El agujero del Impuesto de Sociedades: 436 millones frente a 3.000​

El Gobierno presupuestó un aumento del 10% en la recaudación del Impuesto de Sociedades para 2016. Se hundió un 85%. En los siete primeros meses del año se ingresaron 436 millones por ese tributo, frente a los casi 3.000 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. El resultado: el déficit del Estado se disparó un 20% hasta julio. Después llegó la admitida prórroga del tipo mínimo, que se aplicaría «varios años».

Los Técnicos de Hacienda (Gestha) pusieron cifra al trasfondo: según este colectivo, las grandes empresas pagaron 173.370 millones menos en impuestos entre 2007 y 2014, un 58,2% menos de recaudación, y achacan buena parte al fraude y a la evasión. La comparación que más duele, según el titular que circula, es otra: las rentas inferiores a 60.000 euros ya pagan el doble de impuestos que las empresas.

Hay quien replica que ese dato se lee mal, que se compara el porcentaje sobre beneficios con el porcentaje sobre el negocio y que media España empresarial estuvo en pérdidas durante la crisis, con bases imponibles que cayeron de 170.000 a 80.000 millones. Es un argumento técnico razonable. También es un argumento que no explica por qué la caja se llena siempre por el mismo lado.

Asalariados de 20.000 euros y millones durmiendo en Suiza​

Según la investigación del economista Gabriel Zucman, los españoles tienen 160.000 millones en territorios de baja tributación, de los que 80.000 millones están en Suiza. En paralelo, según la información citada, la reforma de Escrivá llevaría la carga sobre el trabajo al 50% de la renta a partir de 20.000 euros, y según OKDiario el foco apunta a los trabajadores que cobren menos de 35.200 euros al año.

Juntando las dos cosas, el retrato es incómodo: el dinero grande se mueve por jurisdicciones que no comparten información y el dinero pequeño se descuenta en la nómina antes de que el trabajador lo vea. Cuando se habla de economía sumergida, conviene recordar dónde está sumergida de verdad.

Los casos que no salen en una nómina​

En el otro lado de la balanza aparecen nombres que raramente acaban en una liquidación por deducción de vivienda: el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro, investigado por si usó su influencia en Hacienda en beneficio de clientes; el hermano del presidente del Gobierno, cuya inspección llegó tarde según las informaciones publicadas; un alto cargo del PSOE señalado por usar empresas instrumentales y testaferros para ocultar ingresos, siempre según las informaciones citadas; o el dueño de Banco Madrid, con la entidad señalada presuntamente como centro de blanqueo.

A esto se suma un sumario por pagos en especie —entre ellos viagra y langostinos, según el relato de la causa— a funcionarios de Hacienda a cambio de certificados falsos, con ocho trabajadores públicos imputados por un supuesto grupo organizado que cobraba de empresarios y gestorías. Y un goteo de denuncias internas en la propia Agencia Tributaria. Ninguna de esas piezas está cerrada.

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El objetivo declarado sigue siendo perseguir a todos los contribuyentes a medio plazo. Es la frase que se repite cada vez que se pregunta por qué el asalariado con nómina es el que más aparece en los expedientes. Nadie ha puesto todavía un calendario a ese «a medio plazo».