511 plazas de inspector en la AEAT con complementos de hasta 48.098 euros
Mientras el país miraba hacia Cataluña, el BOE del 7 de noviembre de 2023 publicaba 111 páginas de un concurso para
511 plazas de inspector de Hacienda en la AEAT. No era una oferta de empleo corriente. La parte visible de aquello —los complementos específicos— abarca de 32.521,72 a
48.098,96 euros anuales. Solo el complemento. El sueldo, los trienios, el complemento de destino y la productividad van aparte, y hay quien lo describe sin rodeos como una reclasificación encubierta de puestos.
La cifra descoloca cualquier comparación con el resto de la Administración General del Estado. Y el detalle que más incomoda, según el relato que abre el hilo, no es el importe, sino quién lo decide: buena parte de esos puestos serían de libre designación, de modo que el colectivo que cobra participaría también en fijar cuánto se cobra, porque maneja la caja del organismo.
¿Qué es el complemento específico y por qué dispara el sueldo?
Es la retribución que se paga por las condiciones particulares del puesto, no por la antigüedad ni por el nivel del cuerpo. En la AEAT esas cuantías se mueven en una horquilla que empieza en 32.521,72 euros y acaba en 48.098,96.
Solo el complemento.
Puestos en contexto, la escala se vuelve más llamativa. Los auxiliares administrativos, clasificados como C2, tienen un complemento específico de 17.134 euros en determinados destinos, muy por encima de lo que cobran en ese mismo concepto muchos funcionarios del grupo A1 en otros ministerios. Hay ejemplos citados: farmacéuticos del Estado con nivel 24 y un específico que ronda los siete mil euros, y sin productividad. La comparación interna dentro de la propia Administración es la que más ampollas levanta.
Dos años perdiendo poder adquisitivo mientras la caja no se reparte
Entre 2020 y 2022 la pérdida de salario bruto anual en la Agencia Tributaria superó el
5% para todos los trabajadores, en unos grupos más que en otros, pero sin excepciones. Con ese telón de fondo, el debate interno ya no es cuánto sube cada cuerpo, sino quién se queda el dinero cuando llega. La percepción que se atribuye al Ministerio de Hacienda es que cada incremento destinado a productividades acaba en manos de los inspectores, y ese convencimiento alimenta un pulso abierto con su sindicato. El clima político no ha ayudado: se ha señalado que la dirección de ese sindicato hizo campaña militante a favor del PP en las elecciones generales de 2023.
El congreso anual: dietas públicas y días computados como vacaciones
Cada año, más de 500 inspectores se reúnen en un congreso en alguna ciudad española. Según las versiones que circulan, el Ministerio de Hacienda ha puesto dinero —dietas incluidas— para financiar esos días, que además se conceden a los asistentes como si fueran de vacaciones, bajo la etiqueta
en formación. El mismo mecanismo se habría habilitado por primera vez para el congreso que el sindicato de técnicos celebró en Barcelona en octubre, como forma de evitar que nadie montara un escándalo. Según esa misma versión, la prensa informa del congreso pero omite quién lo paga.
Inspectores contra técnicos: la pelea dentro de la Agencia Tributaria
Antes del verano de 2023 empezó a circular el rumor de un concurso. Nadie sabía que acabaría siendo una reclasificación de inspectores. Desde CCOO se sostiene que esa partida estaba pensada para reclasificar a los administrativos, que se han quedado sin dinero y que en las ciudades grandes lo están pasando mal. A mediados de 2022 se nombró secretario de Estado de Hacienda a
Jesús Gascón Catalán, inspector de Hacienda, y desde entonces la cúpula del organismo se mueve con más margen. Muestra de ello: SIAT, sindicato fuerte en vigilancia aduanera, tumbó un panel de inspectores y la propia cúpula decidió incorporar esas plazas al concurso. La tensión entre cuerpos ha desembocado en una
huelga de técnicos de Hacienda convocada para el 26 de noviembre de 2025.
El contribuyente, la última pieza del sistema
Al final de la cadena está quien paga. Un contribuyente que recurre ante el TEAR tiene, según los cálculos que se manejan, alrededor de un 10% de posibilidades de haberlo intentado, y entre un 50% y un 60% de ganar el caso cuando lo hace. El incentivo, por tanto, es no moverse. Y hay un detalle señalado: la productividad que cobra un inspector no se devuelve cuando el juicio se pierde. Gane o pierda, el
bonus ya está en nómina.
¿Cuánto de este diseño retributivo responde a criterios técnicos y cuánto a la capacidad de un colectivo para fijarse su propio sobre?