Los ucranianos empezaron a ser deportados de España . Abuelo ucraniano al que hemos deportado de España con el casco en ya el frente

De Torrevieja al frente de Kupyansk: la deportación de un residente ucraniano​

Un hombre ucraniano que vivió 22 años en Torrevieja, trabajó para un proveedor de internet y tenía vivienda en propiedad ha sido deportado a Ucrania tras detectar las autoridades españolas irregularidades en su permiso de residencia, según un relato difundido en redes. Según esa versión, nunca solicitó la nacionalidad española: renovaba un permiso cada cinco años. Al llegar a Ucrania, fue acogido por oficiales de reclutamiento y ahora lucha cerca de Kupyansk. El caso, viralizado en redes, ha abierto un debate incómodo sobre los criterios de expulsión y la protección de los residentes de larga duración.

Qué se sabe del caso y qué no​

El material de partida es un tuit que asegura que Vasily, nombre con el que se identifica al afectado, residía en Torrevieja desde hacía 22 años, trabajaba para un proveedor de internet y tenía una propiedad en España. Su error, según esa versión, fue no obtener la nacionalidad: se limitaba a renovar un permiso de residencia cada cinco años. Las autoridades españolas habrían detectado «infracciones en las condiciones de su estancia» y procedido a la deportación. El relato no especifica qué infracción concreta, ni la fecha exacta de la expulsión, ni si existió resolución judicial. Tampoco hay confirmación oficial del Ministerio del Interior ni del Gobierno ucraniano. Se trata, por tanto, de una denuncia difundida en redes sociales cuya verificación completa no consta en el material disponible.

La contradicción administrativa que señalan los críticos​

Una parte del análisis sostiene que este caso choca con la Directiva europea de 2003 sobre residentes de larga duración, que contempla un permiso permanente tras cinco años de residencia continuada. Según este argumento, un residente que llegó en 2001 debería haber obtenido ese estatus permanente y su renovación sería automática, sin necesidad de presentar documentación adicional. Si hubo dudas administrativas, estas se habrían producido en 2011, cuando ya existía el marco legal para consolidar su situación. La conclusión de quienes defienden esta tesis es que la deportación no se sostiene jurídicamente o responde a una interpretación restrictiva de la normativa. Otra línea de análisis apunta a que el afectado podría haber tenido problemas derivados de acoger a familiares con permiso de turista caducado, lo que, sin nacionalidad, habría desembocado en la anulación del permiso y la expulsión. Ninguna de estas hipótesis está confirmada.

El doble rasero que denuncian muchos mensajes​

El contraste que más se repite es el siguiente: se deporta a un europeo con dos décadas de trabajo y cotización, mientras que personas llegadas en situación irregular desde el sur del Estrecho permanecen y, en algunos casos, obtienen regularización. Se argumenta que existe un trato desigual según el origen y el fenotipo. Estas afirmaciones son opiniones vertidas en el debate, no hechos probados, y no deben tomarse como descripción objetiva de la política migratoria. Lo que sí reflejan es un malestar extendido con la aplicación de las normas de extranjería, percibida como arbitraria o selectiva. La discusión deriva a menudo hacia la comparación con otros colectivos, con generalizaciones que este artículo no respalda.

El contexto de la guerra y la reclutación forzosa​

El trasfondo que agrava el caso es la guerra en Ucrania. Según los mensajes, la edad media del soldado ucraniano ronda los 43 años, lo que sitúa a un hombre que llevaba 22 años en España en el perfil de reclutamiento. Se menciona que en Ucrania existen mecanismos extraoficiales para eludir el servicio militar mediante pagos a oficiales de reclutamiento y certificados médicos, aunque su funcionamiento y alcance no están cuantificados. La deportación, en este contexto, equivale a una condena al frente. Es la dimensión que convierte un expediente administrativo en una tragedia personal y la que ha disparado la indignación.

Preguntas abiertas​

¿Hubo resolución judicial? ¿Se le notificó la expulsión con antelación? ¿Pudo recurrir? ¿Tenía derecho a la nacionalidad por residencia prolongada? El material no responde a ninguna de estas cuestiones. Lo que queda es un caso que ilustra los agujeros de un sistema que trata la residencia de larga duración con una rigidez que, en según qué circunstancias, puede costar la vida. La historia de Vasily, si se confirma, no es solo un error administrativo: es la prueba de que la burocracia, cuando se combina con una guerra, deja de ser un trámite.