Lucía Etxebarria: ¿Por qué el obrero vota a la derecha?

Por qué el obrero vota a la derecha: la tesis de Etxebarria​

La escritora Lucía Etxebarria ha puesto el dedo en una contradicción incómoda: por qué un trabajador manual acaba votando a la derecha. Su respuesta arranca con dos cifras que repite sin adornos —126.000 euros de sueldo público más 11.000 de complementos, según su versión— y desemboca en una tesis que no hace amigos: la izquierda institucional se ha convertido, sostiene, en una agencia de colocación para hijos de familias acomodadas.

El anzuelo que lanza es económico, no moral. A la peluquera de mi barrio, escribe, le importa poco que unos cuantos hayan soltado barbaridades en un chat privado; le importa que le bajen la cuota de autónomos y el precio de la luz. Con dos sueldos de 1.500 euros y dos niños, añade, pagar la cesta de la compra, la luz y la gasolina se ha vuelto prácticamente inasumible.

¿Cuánto gana un político y cuánto cuesta llenar la nevera?​

Los 126.000 euros de retribución más 11.000 de complementos, según su planteamiento, colocan el sueldo parlamentario muy por encima de lo que ingresa la mayoría de los asalariados. La comparación no es casual: sirve para señalar que la política se ha convertido en una salida profesional muy bien pagada para gente con poca experiencia fuera de ella. Hay quien va más lejos y asegura que más de un cargo electo no encontraría acomodo en una empresa privada; es una afirmación sin verificar, pero circula con insistencia.

El otro lado de la balanza es la cesta de la compra. Un entrecot a 22 euros, la factura de la luz y la gasolina dibujan un escenario donde el discurso identitario pierde fuelle frente al recibo mensual. De ahí la conclusión que se repite: quien vive en la precariedad quiere soluciones rápidas, no sermones.

¿A quién vota cada nivel de renta?​

Los cruces de voto que se manejan tras las últimas elecciones dibujan un mapa incómodo para el relato clásico. La clase trabajadora votaría mayoritariamente al PSOE y, en segundo lugar, a VOX, mientras que las rentas medias y altas se reparten entre PP, Más Madrid y Sumar. En las últimas generales, según esa lectura, VOX habría escalado posiciones en barrios obreros y Sumar rendiría mejor en zonas de renta alta.

La consecuencia lógica de esa fotografía es que el término «clase obrera» se ha quedado corto. La propia autora propone hablar de precariado o cognitariado, porque en España un albañil o un trabajador de astilleros puede ingresar más que una teleoperadora, una cajera o una camarera de hotel. La precariedad ya no viaja en mono de trabajo.

La política como ascensor social​

El repaso biográfico de la nueva izquierda es el corazón del mensaje. Errejón, hijo de dos funcionarios de clase A; Lucía Lois, sobrina de Méndez de Vigo, con un ático en Ópera valorado en unos 600.000 euros; hijos de empresarios con contratos públicos y de millonarios. La lista se corta porque, dice, no acabaríamos nunca. El patrón no es tanto el origen rico como no haber pasado por la penuria que dicen defender.

La acusación de fondo es que la política funciona como ascensor social para gente que aspira a mantener el nivel de vida de sus padres. Y hay un detalle que refuerza el tono: la autora recuerda que dejó la militancia cuando, según su versión, su propio partido le hizo «la 13-14» y le montó una campaña de cancelación. No habla desde dentro de ninguna sigla. Ese rencor, o esa lucidez, según se mire, es el que da fuerza al texto.

¿Defienden los sindicatos al trabajador de a pie?​

Aquí la conversación se parte en dos. Una corriente sostiene que las organizaciones sindicales viven de los impuestos, acumulan miles de liberados y se dedican a agendas ideológicas ajenas al interés de sus afiliados; se citan, como ejemplo, cheques de hasta 7.000 euros repartidos entre altos cargos de UGT, un extremo difundido por informaciones periodísticas. Los jóvenes de familias acomodadas que «juegan a los comunistas», se llega a decir, no han dado un palo al agua.

La réplica es histórica. La jornada de 40 horas, el descanso dominical, los convenios o las vacaciones pagadas no cayeron del cielo: se conquistaron con huelgas. Las vacaciones retribuidas de siete días las firmó Azaña en 1931, según recuerda otro participante, aunque dejaran fuera al campo por falta de contrato. Y el primero de mayo recuerda a los muertos de la huelga estadounidense que reclamaba esa semana de cuarenta horas.

En medio, un dato que se esgrime en el debate: Dinamarca no tiene SMI ni indemnización por despido. Sus defensores responderán que allí la negociación colectiva es otra cosa; sus críticos, que aquí un suelo salarial no garantiza nada sin tejido productivo ni tecnología que sostenga los sueldos.

Servicio público o privado: la cuenta que nunca cuadra​

El último tramo del intercambio se va a lo estructural. La fórmula que se lanza es sencilla: el servicio público cuesta lo que cuesta más las nóminas, y el privado añade el beneficio del empresario. La contrarréplica no tarda: en sanidad, el negocio expulsa a los pacientes que no son rentables, y privatizar, sostienen, nunca ha abaratado nada. Al otro lado se alega que el servicio público no atiende una demanda real, que su coste lo decide quien no pone el dinero y que se fiscaliza mucho menos.

Con estos mimbres, la pregunta de por qué un obrero vota a la derecha deja de tener una respuesta cómoda. Unos dirán que vota contra su bolsillo; otros, que vota contra quien le mira por encima del hombro. Y el dato que descoloca a los dos bandos sigue siendo el mismo: el recibo de la luz y la cuota de autónomos no distinguen entre clases sociales. Ahí es donde el análisis se atasca.