50 agentes, dos detenidos y un coste de 20.000 euros: la ecuación que no cuadra
La Guardia Civil desplegó un operativo con medio centenar de agentes en las provincias de Cuenca y Toledo para detener a dos personas acusadas de robos con fuerza. El resultado, según estimaciones independientes, deja un coste para el contribuyente de entre 15.000 y 20.000 euros.
Los números del despliegue incluyen tres turnos de agentes, vehículos, gasoil y horas extra. La pregunta que surge es si la relación coste-beneficio justifica semejante movilización. El argumento de que la burocracia se perpetúa a sí misma, explorado por autores como Robert Higgs y James C. Scott, encuentra aquí un caso de libro: más inseguridad (o apariencia de ella) justifica más presupuesto y más plazas. El fiscal de turno, con 400 asuntos pendientes, archiva el caso en un juicio rápido, y los detenidos vuelven a la calle en cuestión de días.
Con la reincidencia previsible, el operativo parece un gasto cíclico que alimenta el sistema sin resolver el problema de fondo. Mientras, el contribuyente paga la factura, y los sindicatos policiales piden más medios para luchar contra la inseguridad.