Mañana Pedro Sánchez aprueba el decreto y disuelve las Cortes.

Un plan que circula: disolver las Cortes y llevar el decreto a la Diputación Permanente​

Según un plan que circula en el debate, mañana Pedro Sánchez disolvería las Cortes, convocaría elecciones y volvería a llevar el decreto de vivienda a la Diputación Permanente para que lo aprobara sin pasar por el pleno. Ese es el plan que circula y que resume la aritmética del momento: izquierdas 35, derechas 34. Con ese margen, el Gobierno se jugaría el decreto en un órgano que nunca ha convalidado un decreto-ley en la historia de la democracia. Cero precedentes. La operación, si sale, tendría una vida útil de cuatro meses: el Congreso nuevo lo revoca en su primera sesión.

Qué es la Diputación Permanente y por qué nadie la ha usado para esto​

La Diputación Permanente está para asuntos de urgencia cuando las Cortes no están reunidas. Convalidar un decreto-ley ha sido siempre competencia del pleno, y el artículo 86 de la Constitución dice «el Congreso», no su Diputación. El artículo 78 no le da esa competencia. Cuando Rajoy disolvió en 2016 o cuando se disolvió en 2019, quedaron asuntos en el aire, pero no hay un solo caso de decreto convalidado en el interregno. Es terreno virgen, y por eso mismo es un melón que el Gobierno intentaría abrir: nadie se ha atrevido antes.

Hay quien sostiene que la jugada es un clásico de manual; el manual no existe. La doctrina no lo tiene resuelto y el intento acabaría en el Constitucional y en tres recursos. Aun así, el cálculo político es otro: el decreto de vivienda se convierte en cartel electoral durante cuatro meses, y el relato de «yo planto a Puigdemont» reactiva a una izquierda desmotivada. La vivienda es el envoltorio; el producto es la campaña.

El voto útil y la aritmética de las circunscripciones​

En el bloque de la derecha, la fragmentación tiene coste. En circunscripciones pequeñas, con D'Hondt y umbral del 3%, un puñado de votos a Vox no llega al escaño y el último escaño se lo lleva el PSOE por la mínima. Donde Vox va sobrado (Madrid, Valencia, Sevilla) suma; donde va justo (Soria, Teruel, Zamora) quema votos en el limbo. Lo mismo le pasa a Sumar con IU, y nadie se echa las manos a la cabeza. La recomendación de concentrar el voto en el PP para echar a Sánchez es matemática, no militancia.

La otra cara: si el decreto toca los bolsillos de los propietarios, la respuesta en las urnas puede ser una mayoría absoluta del bloque de derechas. El propietario al que le tocan los bolsillos no vota al que se los toca. Es la hipótesis que sobrevuela cualquier adelanto electoral con la vivienda como eje.

El calendario y el interés real del adelanto​

El adelanto no es un arrebato. Es la forma de que el decreto de vivienda siga vivo mientras se vota, de que la izquierda tenga un motivo para ir a las urnas y de que el Gobierno marque el ritmo de la campaña. El decreto aprobado en la Diputación Permanente sería propaganda durante cuatro meses; después, el Congreso nuevo lo revoca en la primera sesión. Rendimiento decreciente, pero suficiente para una campaña.

La pregunta que queda en el aire es si el Constitucional avala la maniobra. No hay precedente, no hay doctrina y el artículo 86 no lo contempla. Si el decreto cae en el Tribunal, el relato de «yo planto a Puigdemont» se queda sin el decreto y con la foto. Y si no cae, el Congreso nuevo lo tumba igual. En cualquiera de los dos escenarios, el decreto de vivienda tiene fecha de caducidad. Lo que no tiene fecha de caducidad es la campaña.