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Mapfre indemniza con un millon de euros a directivo despedido por denunciar nepotismo

jeiper · 2026-04-28T18:22:31+00:00

Lo de los enchufes es una fruta lacra en este país. Mapfre indemniza con un millón de euros a un trabajador despedido tras denunciar nepotismo en una de sus filiales “Sí, he sido chivato, con estas consecuencias”: “perdí 15 kilos” y “estoy en tratamiento farmacológico”, contó el denunciante desde el anonimato en un acto contra la corrupción en Madrid. La filial de la aseguradora es una empresa público-privada 28/04/2026 - Braulio García Jaén “Yo soy biznieto de Carlos Arniches, y tiene un sainete que acaba de cumplir 105 años, que se llama Los caciques, que alude exactamente al trato de favor familiar, sobre todo en corporaciones locales. Y estoy aquí como víctima. Yo he denunciado ante el canal interno de una sociedad que cotiza en el Ibex”, se oye decir a una voz del público durante el acto que el pasado 9 de diciembre, aprovechando el Día Internacional contra la Corrupción, organizó y grabó en vídeo la Fundación Ortega Marañón en Madrid con el título “Integridad y protección de las personas denunciantes”. El biznieto de Arniches era una de ellas. Había denunciado un presunto caso de nepotismo en una sociedad público-privada, propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y una filial de Mapfre, la multinacional en la que trabajaba desde hacía más de 30 años como abogado. Fue suspendido fulminantemente y despedido un mes después, en febrero de 2025, pero ha acabado ganando. El juicio en el que alegaba que su despido era una represalia por la denuncia iba a celebrarse el pasado 10 de abril, pero minutos antes de que se abriera la audiencia pública, Mapfre aceptó indemnizarlo con 1.150.000 euros, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso este diario. “Te intimidan hasta el final”, había dicho el denunciante en el acto de diciembre grabado y publicado por los organizadores. Asumida la indemnización por despido improcedente, aquella mañana en el juzgado trascendió que la aseguradora quiso sellar el asunto con un acuerdo de confidencialidad para que no saliera a la luz. Más allá de que la ley de informantes deja “sin efecto” cualesquiera “cláusulas de confidencialidad” que “impidan o pretendan limitar el derecho o la capacidad de informar”, el asunto ya había sido aireado en la Fundación Ortega. Según contó entonces, el denunciante se había acogido al paraguas de la llamada ley de informantes, que prohíbe las represalias contra quienes denuncien la corrupción en los sectores público y privado. Y aunque no dio nombres, EL PAÍS ha identificado y contactado a todas las partes implicadas. Y ha contrastado documentalmente su relato. La sociedad mixta del cementerio de Alcalá, participada al 51% por el ayuntamiento y al 49% por una filial de Mapfre, contrató el 1 de octubre de 2020 —“justo el día que se cerró todo el perímetro de la Comunidad de Madrid por el el bichito”— al descendiente de un consejero de la multinacional, Francisco José Marco Orenes, como adjunto a la gerencia de la sociedad Cementerio Jardín de Alcalá de Henares. El descendiente, Luis Marco Sepúlveda, tenía 25 años y empezó a cobrar 32.000 euros brutos al año. “Este contrato podrá ser cofinanciado por el Fondo Social Europeo”, recoge su cláusula novena. Un año después y tras “un concurso a medida”, según el denunciante, Marco Sepúlveda —el único candidato— se convirtió en director gerente y dobló su sueldo. Esta vez se informó al Consejo de Administración, por lo que el denunciante, que entonces era secretario del consejo de Cementerio Jardín, pidió la documentación. “En el primer [contrato] no hubo ni publicidad, ni convocatoria, ni bases ni nada”, según el relato del denunciante, que a continuación resumió la reacción de la empresa. “El 18 de diciembre [de 2024] aprueban la política anticorrupción que obliga a empleados, directivos y secretarios de órganos de administración a denunciar. El 9 de enero formulo denuncia y el 17 de febrero estoy despedido”. “No he vuelto a pisar la oficina. De hecho, sí volví y me echó el jefe de seguridad del edificio después de 34 años trabajando en la misma empresa y como directivo.” El informante expuso que presentó la misma denuncia ante la actual alcaldesa de Alcalá, Judith Piqueras (PP). Los años de los hechos, el alcalde era socialista. Mapfre y el Ayuntamiento de Alcalá no han querido aclarar los términos y condiciones del concurso —todos los miembros del comité de evaluación dependían del consejero Marco Orenes— y si se respetaron los requisitos de mérito, capacidad y publicidad que, según el entonces secretario de Cementerio Jardín, deberían regir en una contratación de una empresa con mayoría pública. De hecho, no han querido responder a ninguna pregunta concreta, como si nadie fuera responsable. La multinacional y la corporación local han remitido cada una un comunicado. “El despido disciplinario no guarda relación con ninguna denuncia que hubiera formulado. Mapfre investiga siempre cualquier supuesta irregularidad que se comunique mediante los canales establecidos, y de conformidad con lo previsto en las normas que regulan esos canales”, dice el de la multinacional aseguradora, presente en 37 países con más de 30.000 trabajadores. Si el despido no tenía nada que ver con la denuncia, ¿por qué Mapfre ha aceptado indemnizarlo con un millón de euros en una demanda que alegaba precisamente que se debía a una represalia? Mapfre ha declinado responder. “Aunque el Ayuntamiento ostenta la mayoría accionarial”, alega el del consistorio, “la gestión diaria está en manos de la gerencia de la empresa. Por eso, no podemos conocer con exactitud todos los extremos de decisiones adoptadas en el periodo que indicas (años 2020 y 2021), que había otro presidente”, dice refiriéndose al exalcalde. “Cualquier otra información más detallada de la gestión bajo el anterior Gobierno municipal socialista en Cementerio Jardín deberías ponerte en contacto con el exalcalde y expresidente Javier Rodríguez Palacios o, quizás, con el gerente Luis Marco Sepúlveda”. El consejero de Mapfre, Marco Orenes, padre del actual gerente de Cementerio Jardín, no ha aceptado atender a este diario. Su descendiente sí descolgó el teléfono: “Yo no tengo que responder a ninguna pregunta”, dijo el actual gerente de la sociedad municipal, Marco Sepúlveda. El anterior alcalde, actual difrutado del PSOE en el Congreso, descarga toda la responsabilidad en la filial de Mapfre. “Ellos contratan y despiden, y cada tanto rinden cuentas en el Consejo de Administración. Toda la gestión del día a día y el nombramiento de este señor se hacen a propuesta de la parte privada. Todo lo que supiera la parte privada y nos lo ocultó es un problema de la parte privada”, responde Rodríguez Palacios. La actual alcaldesa, Judith Piqueras, no ha querido responder a la pregunta de si hizo algo tras recibir la denuncia. A lo largo de este último año, el informante ha sufrido las consecuencias de su decisión. Algunas las relató ante varios de los responsables de las agencias antifraude autonómicas; de la nacional, no hay noticias de que esté funcionando tres años después de aprobarse la ley 2/2023, que traspuso la directiva europea. “Estoy, un año después, en tratamiento farmacológico. Perdí 15 kilos en dos meses. Esa es la situación de los..., yo prefiero llamarlos chivatos, que el castellano es muy rico. Sí, soy un chivato, pero estas son las consecuencias”, contó el biznieto del autor de Los caciques. Quizá el millón de euros de indemnización indica que algo se ha avanzado. https://elpais.com/espana/2026-04-28/mapfre-indemniza-con-un-millon-de-euros-a-un-trabajador-despedido-tras-denunciar-nepotismo-en-una-de-sus-filiales.html