Inmigración: Nacho Escolar: España se merece una huelga general de forasteros.

Un tuit plantea una huelga de migrantes y el debate se llena de cifras​

¿Qué pasaría si los 3,6 millones de extranjeros que trabajan en España cruzaran los brazos? La pregunta la lanzó el director de un medio digital en una red social, y la respuesta no fue un análisis sereno. El planteamiento: España se merece una huelga general de migrantes porque la «prioridad nacional» es xenófoba y absurda en un país donde los extranjeros superan el 50% de los ocupados en algunos oficios. La cifra es concreta: 3,6 millones de extranjeros trabajando. Y el detonante, una medida que se discute en el contexto de las políticas migratorias.

El eco fue inmediato. Unos respondieron con sarcasmo: «huelga de paguitas». Otros, con cuentas. Y ahí empezó lo interesante.

El pulso de las cifras: cuántos migrantes trabajan y cuántos no​

El primer dato que se puso sobre la mesa fue el del propio tuit: 3,6 millones de extranjeros trabajando. Sobre esa base, un participante lanzó su propia estimación: «De 10 millones de inmigrantes trabajan 3». La diferencia entre una cifra y otra —3,6 millones de ocupados frente a un total de población migrante que no se detalla— alimentó el resto del debate. La discusión derivó en si el problema es el migrante que trabaja o el que llega por reagrupación familiar y no trabaja.

Hay quien sostiene que el fenómeno relevante no es el trabajador individual, sino el volumen de personas que llegan por vías distintas a la laboral: niños, mujeres que no trabajan, ancianos. «Todos perceptores netos», se argumentó. En contra pesa el dato de partida: sin esos 3,6 millones de ocupados, sectores enteros se quedarían sin mano de obra.

Del «que se vayan» al «que no vuelvan»: las posturas del debate​

Una corriente del debate sostuvo que una huelga de migrantes perjudicaría sobre todo a los propios migrantes, porque son mayoría en los sectores afectados y se quedarían sin sueldo. Otra defendió que los negocios que no puedan seguir sin mano de obra inmigrante se cierren, y que quede abierto «lo que realmente hace falta a los españoles». Una tercera, más irónica, propuso llevar el experimento más lejos: que se vayan tres meses y, según el resultado, que no vuelvan.

El argumento económico también tuvo su versión liberal: defender la inmigración solo por su utilidad para el PIB reduce a la persona a herramienta de producción. Esa crítica, formulada desde la izquierda, chocó con quien respondió que si la izquierda defendiera de verdad a los trabajadores estaría en contra de la inmigración, porque beneficia a la patronal y perjudica a los más humildes.

Las cifras que se citan: delitos, ocupación y estadísticas​

En la parte más dura del intercambio aparecieron porcentajes sobre delitos. Un mensaje citó que los migrantes cometen «más del 40% de las agresiones sexuales» siendo «menos del 20% del total de la población». Otro tuit reproducido hablaba del «53% de estas violaciones y agresiones, cometidas por inmigrantes que representan un 14,1%». Son cifras que se lanzan sin verificación en el intercambio y que el artículo no puede dar por buenas: se citan como parte del debate, no como hecho probado.

El contrapunto llegó con el argumento de que generalizar es absurdo: «los inmigrantes no son todos delincuentes, como tampoco todos los hombres son agresores sexuales». La discusión, en ese punto, dejó de ser económica y se convirtió en un pulso sobre qué dicen las estadísticas y quién las interpreta.

El contexto: una medida que se discute y un país con 3,6 millones de ocupados extranjeros​

El detonante del mensaje inicial fue una medida que se enmarca en el debate sobre la «prioridad nacional» en la contratación. El tuit de partida la califica de xenófoba y absurda, y añade el dato de que en algunos oficios los extranjeros superan el 50% de los ocupados. Ese es el terreno real de la discusión: no si la inmigración es buena o mala en abstracto, sino qué pasa cuando una norma intenta priorizar a unos trabajadores sobre otros en sectores que dependen de los segundos.

La conversación derivó también hacia la reagrupación familiar y los requisitos que otros países exigen. Se mencionaron exámenes de idioma, años de residencia continuada y antecedentes penales como filtros habituales en otros sistemas. La comparación sirvió para sostener que España es más laxa, aunque no se aportó ninguna fuente que lo confirme.

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Al final, la huelga que nadie ha convocado sigue siendo una hipótesis. Lo que sí ocurrió es que un tuit obligó a poner cifras sobre la mesa: 3,6 millones de ocupados, más del 50% en algunos oficios, porcentajes de delitos que se citan sin verificar. Y una pregunta que nadie respondió del todo: si los migrantes paran, ¿quién sirve las mesas, recoge la fruta y cuida a los viejos? La respuesta, por lo visto, es que ya se verá.